Argentina. Una Ley que favorece la extranjerización de la tierra

Publicidad

 

En marzo anticipamos que el Gobierno estaba trabajando en un borrador para realizar cambios en la Ley de tierras, sancionada en 2011, que introdujo restricciones para la venta de campos a extranjeros. Finalmente, mediante el decreto 820/2016 el gobierno de Mauricio Macri modificó las restricciones para la venta de campos a extranjeros.

La idea de atraer inversiones extranjeras, esta vez, no eximió de impuestos o quitó retenciones, sino que modificó la Ley 26.737 de Tierras Rurales aprobada durante el 2011 que establecía que los extranjeros, «no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales» y limitaba a 15% de toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal para los foráneos.

La mayoría de los votos en contra que había tenido la resolución kirchnerista provinieron de la UCR, mientras que el PRO estuvo ausente. En ese entonces al actual Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en justificación de su voto negativo dijo: “Entiendo que se trata de un proyecto de ley absolutamente xenófobo. Lo es porque a priori supone que cualquier argentino es mejor que cualquier extranjero. Cada uno de nosotros provenimos de algún lugar del mundo, porque la Argentina es un crisol de razas. Lo que yo no quiero es juzgar o crear categorías sospechosas”.

El gobierno inauguró el “segundo semestre” con las modificaciones que ahora conciben como titular extranjero a quien posea «más del 51% del capital social de una persona jurídica» (anteriormente era a partir del 25%) y desde ahora ya no estará el límite de las 1.000 hectáreas por titular o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe, modificando la norma anterior que definía como extranjero a quien era titular de «un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)».»La nueva reglamentación busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país”, declaró Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia.

El decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas «equivalencias», en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. En caso contrario, la resolución del Gobierno advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales «fijará las equivalencias».

Este Consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.

Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en «Zona Industrial», «Área Industrial» o «Parque Industrial». El decreto indica que «dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados» en la Ley de Tierras Rurales.

Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que «en ningún caso» personas físicas o jurídicas «de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales».
Además la nueva reglamentación supone que todos los “hombres de negocios” que actúen en una transacción comercial que implique compra venta de tierras, no son plausibles de ser sancionados.

Por otro lado, los dueños de los campos deberán sólo comunicar cualquier modificación de la titularidad al Registro Nacional de Tierras.

Eliminan los controles de la AFIP y la UIF

De todos modos, hay un punto que es aún más complejo respecto a las modificaciones en la parte en que la norma prohibía que se venda a extranjeros tierras que comprendieran dentro de su extensión recursos naturales vitales para el país, como lagos, ríos, lagunas, etc.

En este sentido el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) debe confeccionar un mapa identificando los cuerpos de agua, ubicados en cada provincia. Si ese mapa no está realizado, la solicitud de los certificados ante el Registro de Tierras será acompañada de una Certificación emitida por un profesional idóneo.

Sin embargo, el Registro girará a la autoridad provincial del agua correspondiente que integra el COHIFE, una nota formal con copia de la carátula del expediente, la certificación referida y un mapa con la georeferenciación”.

Por su parte, la autoridad provincial tiene 10 días hábiles para resolver la habilitación, si pasó ese período sin ninguna respuesta la certificación es válida. Entonces, “en vez de establecer una denegación tácita transcurrido dicho plazo, una funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Bruneti, tendrá la potestad de autorizar una compraventa que incluya un río, por ejemplo, si pasan nada más que diez días sin que el registro provincial se expida”.

Principales puntos

1) Se considera titular extranjero a quien sea titular de “más del 51 % del capital social de una persona jurídica”. Esto cambia la norma kirchnerista ya que establecía como extranjero a quien sea titular de “un porcentaje superior al 25 %”.

2) Presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan los límites de las hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito, mientras que la anterior ley establecía reparos respecto a que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.

3) No habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”.

4) Las zonas industriales no tendrán límite del 15 % del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que “en ningún caso” personas físicas o jurídicas “de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el 30 %.

Cuestionamientos

La medida es cuestionada por diferentes sectores que ven la amenaza de un período de extranjerización de la tierra. Los ejemplos concretos son los casos de los empresarios como Benetton que posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia y que mantiene una abierta disputa con las comunidades agrícolas Mapuche que también padecen la concentración de tierras de empresarios nacionales.

Otro de los más notables ejemplos, es el empresario estadounidense Joseph Lewis, uno de los hombres más ricos del mundo que tiene entre su fortuna al club Tottenham y a Edenor y que también se ha adueñado del Lago Escondido en el sur. Mauricio Macri se alojó en casa de Lewis cuando Obama estuvo en Bariloche.

Actualmente, 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó múltiples conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.

La sanción del Decreto 820/2016 también agitó a funcionarios de otras provincias. El Ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, manifestó: «No es una buena señal, definitivamente», y continuó, “la tierra es un recurso estratégico para el país, y debería regularse la extranjerización de su propiedad”.

Para la abogada Florencia Gómez, ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales y directora del Grupo de Apoyo de Acceso Jurídico por el Derecho a la Tierra (GAJAT), el decreto se presenta como «una excusa» para atraer inversiones. Gómez expresó que lo «grave» de este nuevo decreto es que permite la «extranjerización a través de la compra de acciones societarias sin un control claro». Los extranjeros “podrían comprar acciones de empresas y de pronto adueñarse de una provincia, están levantando la vara y quitando limitaciones. El decreto avanza sobre el artículo 124 de la Constitución Nacional que dice que los recursos naturales son de las provincias”.

Para la abogada, el decreto va más allá de la mera adquisición de tierras: “Hay más de un millón de hectáreas en manos de sociedades en paraísos fiscales, el objetivo es seguir extranjerizando. Es el caso típico para poder esconder el capital a través de la compra de acciones en distintos inmuebles”. Actualmente, el 6% de las tierras de nuestro país están extranjerizadas y la idea del gobierno nacional es la de llegar hasta 15% para recién observar si la ley puede modificarse o no en forma más detallada. Para Gómez será difícil, “si abandonan los controles nunca se va a saber si se llega o no al 15%. Ese famoso 6% que parece poco, significan 16 millones de hectáreas, más que la superficie de Santiago del Estero”.
Llegar al 15% de tierras extranjerizadas implica otorgar 41 millones de hectáreas al capital financiero externo, lo que equivale a tres provincias. Gómez remarca lo irregular del decreto y afirma “estamos analizando iniciar acciones por recursos de inconstitucionalidad, con recursos de amparo para suspender esta medida porque entendemos que hay afectación colectiva que afecta a todos los argentinos”.

Otra de las voces disidentes sobre la medida fue la Federación Agraria que expresó a través de un comunicado de prensa: “Una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración”.

Continúa la expulsión de familias campesinas

Cumpliendo con la orden del Juez Penal de Esquel Ricardo Rolón y del Fiscal General Oscar Oro, la Guardia de Infantería de la policía de Chubut y de la Unidad de Abigeato reprimió el martes 29 de junio a la comunidad del Lof Mapuche en resistencia del Departamento de Cushamen, territorio ubicado en Vuelta del Río, entre las ciudades de Esquel y El Maitén de la provincia de Chubut. Las tierras mencionadas fueron recuperadas de las garras del magnate Luciano Benetton.

La represión se inició al amanecer, cuando la claridad empezaba a mostrarse en la estepa patagónica. No hubo distinción alguna, disparaban tanto a hombres, mujeres y niños. La excusa para ejecutar los disparos fue un supuesto robo de ganado en terreno de la familia Benetton. Las fuerzas de seguridad provinciales emprendieron con balas de goma y gases lacrimógenos contra las familias mapuches, hubo varios heridos producto del alcance de los proyectiles en las piernas, el pecho y los brazos. Integrantes de la comunidad llegaron a encontrar 242 cartuchos de color verde calibre 12/70 con la inscripción anti-tumulto.

Julio Saquero Lois, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H. – Chubut), relató lo sucedido en la madrugada del 29 de junio: “Grande fue la sorpresa y el miedo de los pequeños al despertar con la gritería policial y grande fue la reacción de la comunidad que eludiendo balas de plomo, perdigones de goma y gases lacrimógenos, logró con sus armas ancestrales, hondas y piedras, resistir y luego perseguir entre matas y lomadas a los oscuros hasta hacerlos abandonar el predio”. La feroz represión continuó durante dos horas.

El 27 de mayo pasado la policía de la provincia de Chubut junto a la gendarmería y el grupo GEOP desalojaron los territorios ancestrales que el Lof en Resistencia del departamento de Cushamen se propuso recuperar. Hubo siete detenidos, entre ellos, Facundo Jones Huala, sobre quien pesaba una orden de captura internacional. En declaraciones a la Agencia de Noticias La Vaca, Martiniano Jones Huala, vocero de la Red de Apoyo, describió el momento: “Era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”.

Esta cronología de sucesos represivos desembocó en la amenaza por parte del Defensor Oficial de Esquel, Fernando Radziwilowski, de realizar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como última instancia para frenar la escalada de violencia financiada por la familia Benetton y ejecutada por las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut.

En Neuquén, dos integrantes de la comunidad mapuche Felipin serán enjuiciados por usurpación, por ingresar en un campo privado que la comunidad reclama como propiedad ancestral. La causa, impulsada por la fiscalía de Zapala, se originó a partir de la ocupación de parte de una estancia privada en la zona del paraje Espinazo del Zorro, aproximadamente a mitad de camino entre Zapala y Aluminé.

Silavayn Boez Louis George compró mil hectáreas de tierra desde París. Nunca pisó, ni conoce las tierras que compró. Sólo sabe que debe desterrar a las personas que allí habitan hace, por lo menos, 100 años. El poder estatal, judicial y las fuerzas de seguridad operan sincronizados para acompañar la voluntad de los intereses extranjeros.

Hasta 2015, en Neuquén había 80 causas contra mapuches por usurpación y en Río Negro 60. Ambos distritos suman 347 acusados por este delito, según el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Patagonia.

También en el norte

El pasado sábado 2 de julio, después del mediodía, 6 camionetas con gente armada y encapuchada, comandadas por Orlando Canido ( Dueño de Gaseosa Manaos) y sus matones Lachi Letonay y Adrián Corico, ingresaron a la Comunidad del Bajo Hondo, que resiste desde hace más de 3 años a los intentos de desalojo.

Después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía apuntando a los niños y mujeres de la comunidad, otro grupo prendió fuego a dos viviendas, a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros al único pozo de agua potable de la comunidad.

Los hechos muestran la actitud violenta, paramilitar y propia de otras épocas del empresario Orlando Canido, en sus intentos por apoderarse de las tierras campesinas indígenas de toda la zona, con la complicidad del poder judicial de Santiago del Estero.

Una nueva ola de violencia por parte de los empresarios, con la complicidad de jueces como Tarchini, Moreno, LLanos, Mansilla y Torrellio, se está extendiendo por la provincia. Hace menos de un mes fue apuñalado un campesino por defender sus tierras.

Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo

Fuentes: APU, Anred, El Cronista, Red Eco Alternativo, Argentina Indymedia, Marcha.org.ar, www.rionegro.com.ar , Periferia, Mocase Vía Campesina.

http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=19217:una-ley-que-favorece-la-extranjerizacion-de-la-tierra&catid=20:campesinxs&Itemid=506

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More