Argentina. Un ómnibus que viene con marcha atrás

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Tras la revelación de Página/12 y las fuertes críticas de opositores, académicos y organizaciones periodísticas, el Presidente se vio obligado a revertir su intento de imponer penas de hasta dos años de prisión para los que revelen datos sobre el blanqueo.

Tras la nota publicada el último domingo en Página/12, que desencadenó la ola de cuestionamientos de distintos espacios políticos, académicos y gremiales, el Presidente anticipó que analizan cambios en el artículo 85 del proyecto de blanqueo de capitales, que amenaza con sanciones penales y económicas para cualquiera que difunda información relacionada con los adherentes al denominado “sinceramiento”. En un brindis en Casa Rosada al que fueron invitados algunos periodistas, Macri deslizó que darán marcha atrás con la redacción original. “Es un instrumento para debatir, el Congreso lo tiene que aprobar en forma definitiva”, señaló el mandatario, sin dar demasiadas precisiones. En paralelo, fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron que ya están trabajando en una nueva formulación, que mantendría sanciones para los funcionarios públicos que filtren información pero excluiría a los periodistas que eventualmente la difundan.

En el proyecto ómnibus enviado la semana pasada al Congreso, el Poder Ejecutivo incluyó el blanqueo de capitales, el pago a jubilados, la moratoria fiscal y el acuerdo con los gobernadores por la coparticipación, entre otras cuestiones. En su artículo 85 dice: “Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP, los declarantes del Título I de Libro II de la presente (ley) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”. Esa redacción tan general, según alertaron referentes de distintas fuerzas políticas, especialistas en derecho a la información y organizaciones periodísticas, implica una amenaza a la libertad de expresión y afecta la tarea de los trabajadores de prensa, que podrían sufrir condenas de hasta 2 años de prisión. En otro párrafo de ese mismo artículo se establece, además, una fuerte sanción pecuniaria: “Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”, sostiene el texto.

La reacción del legisladores del FpV-PJ, el Frente Renovador, el GEN, el socialismo y –puertas adentro– de los propios integrantes de Cambiemos, obligó a revisar la iniciativa enviada por el Ejecutivo. El propio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña lo reconocieron hoy durante un contacto con un sector de la prensa con motivo del día del periodista. “Es todo un equilibrio que en la Argentina también tenemos que recorrer, porque hay actos que son públicos y otros que no lo son”, afirmó Macri y pidió “que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas”. Un poco más preciso, Peña sostuvo que la norma “no tiene el espíritu de sancionar la libertad de expresión” sino que “es exactamente el mismo espíritu que está en el Código Penal” en la materia. “No es contra los periodistas, y tiene que ver con el secreto fiscal”, completó el jefe de Gabinete.

Según fuentes del PRO, legisladores de Cambiemos advirtieron al Ejecutivo sobre la inconveniencia de mantener tal como estaba el artículo 85 y ante diferentes posiciones en Ejecutivo, Macri saldó la discusión habilitando que se introduzcan cambios. “Nosotros veníamos viéndolo y hicimos la consulta al Ejecutivo. Era una locura, además con una sanción pecuniaria enorme. Le correspondía de multa pagar la misma guita que el tipo blanqueó. En todo caso se hubieran remitido a la normativa vigente”, expresó en reserva un legislador oficialista, quien recordó que el secreto fiscal ya está establecido en el artículo 101 de la ley de procedimientos fiscales.

Hasta los propios radicales, en la voz de su presidente, José Corral, criticaron ayer el texto: “No me parece feliz, va a haber una modificación, no es feliz esa disposición y ya hay reglas planteadas”, afirmó Corral. Para la líder del GEN, Margarita Stolbizer, “Macri debe tener una mano negra que le escribe y le hace firmar cualquier cosa. Penalizar la divulgación de información es un pésimo indicador. Debe ser eliminado del proyecto”.

Desde el kirchnerismo ya habían advertido en el mismo sentido. “El proyecto tiene una mirada absolutamente perversa porque busca sancionar con el mismo valor del blanqueador a aquel que difundiera la información”, señaló el titular de la comisión de Libertad de Expresión, Remo Carlotto, quien relacionó esa redacción con un intento de proteger a los funcionarios de Cambiemos involucrados en casos de cuentas offshore.

La defensora del Público, Cynthia Ottaviano, les envió ayer una nota a los legisladores nacionales expresándo su “profunda preocupación y rechazo” y pidiendo la exclusión del artículo, que según consideró “restringe el derecho a informar y a informarse sobre asuntos de interés público y relevancia institucional”.

Después de ensayar una defensa, el macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, reconoció ayer que “el artículo tiene un problema”. “Una cosa es la prohibición para los funcionarios y otra para los terceros. Hay que revisarlo y corregirlo”, sostuvo. Su compañero de bloque Daniel Lipovetsky adelantó que apuntarán a “conjugar la necesidad de que haya secreto fiscal, y por otro lado a la necesidad garantizar la libertad de expresión, que es un principio intocable”. “Nosotros veníamos viéndolo y hicimos la consulta al Ejecutivo. Era una locura, además con una sanción pecuniaria enorme. Le correspondía de multa pagar la misma guita que el tipo blanqueó. En todo caso se hubieran remitido a la normativa vigente”, expresó en reserva otro legislador oficialista, quien recordó que el secreto fiscal está establecido en el artículo 101 de la ley de procedimientos fiscales.

La redacción final de ese artículo todavía no está terminada, y se espera que mañana haya precisiones. La idea del oficialismo es emitir dictamen sobre todos los temas este jueves, luego del trabajo en el plenario de comisiones que comenzó a finales de la semana pasada. De esta forma, el proyecto ómnibus podría obtener media sanción de Diputados la semana próxima y comenzar rápidamente su tratamiento en la Cámara alta.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301263-2016-06-08.html

 

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