Argentina. Todos los cañones de Milei para bajar el índice de inflación

por Julio C Gambina

En un año de elecciones de medio término y con el objetivo de mejorar la cantidad de parlamentarios, el gobierno de Milei privilegia un índice de inflación por debajo del 2% mensual. Le dio resultados esa política en el 2024 y espera lo mismo en este 2025 de elecciones de medio término. Remito al índice, porque la inflación real, la del bolsillo de cada uno se verá afectada por la suba de los servicios, especialmente de las tarifas. Por su lado, las premisas de la baja del índice se aceleran. Son las ANCLAS de la intervención estatal para cumplir, aunque parezca contradictorio, con el plan liberal libertario.

Milei hace intervenir al Estado, como siempre ocurre con el capitalismo. La crítica al Estado, a su intervención es pura ideología de mercado, mercadotecnia para el logro del consenso, para conseguir los votos y obtener legitimidad institucional para el ajuste y la regresiva reestructuración del capitalismo local.

Lo primero es el ancla cambiaria. Contener la devaluación es una estrategia deliberada, a cualquier costo, mientras devuelva la imagen de control de la evolución del dólar y un resultado en la baja del índice inflacionario. En efecto, la inflación del 2024 fue de 117,8% contra un alza de la divisa del 27%. Por eso, ahora la devaluación mensual, el “crawling peg”, será de 1% en contra del 2% desde el inicio de la gestión Milei-Caputo. Con la apreciación del PESO, el gobierno intentó disciplinar a quienes imaginaron un dólar a 2.500 pesos y subieron el índice en los primeros meses del gobierno Milei.

Peor la pasaron los que perciben ingresos populares y el complejo empresarial cuyo destino se juega en el consumo de la población. Evitar el traslado a precios de la devaluación es y será un objetivo político de la gestión Milei-Caputo. No importa la recesión por baja de consumo popular, cierre de pequeñas y medianas empresas, incluso algunas grandes que son noticias en estos días de crecientes suspensiones y despidos. Por eso también se profundizará el ancla salarial y previsional, que explica la gran pérdida de capacidad de consumo de quienes viven de ingresos fijos, salarios y jubilaciones. Asociado a ello, el ancla fiscal, el ajuste de la licuadora y la motosierra, que permitió superávit fiscal. Más aún ante la pérdida de ingresos por eliminación y baja de retenciones a las exportaciones, estimadas en 2.000 millones de dólares, los que deberán reemplazarse por mayor reducción del gasto, o sea, más motosierra y más licuación del gasto social, no en vano el presupuesto 2025 es el mismo del año anterior, prorrogado del 2023.

Manda la política

En el gobierno tienen claridad que la baja del índice de inflación otorga réditos en el consenso social y electoral. La inflación se constituyó en el principal problema percibido por gran parte de la sociedad, y los gobiernos anteriores solo la incrementaron sucesivamente desde el 2006, en donde reapareció el fenómeno de la suba de los precios. Una suba que expresaba la presión del poder económico para mejorar su rentabilidad, a costa del ingreso popular y una menor participación de la sociedad empobrecida en la distribución del ingreso y de la riqueza.

El programa ortodoxo y regresivo de Milei-Caputo se asienta en bajar el índice de precios a cualquier costo, mientras “la política” permita el ajuste, la recesión, el cierre de empresas, la caída del empleo, de los salarios y de las jubilaciones. Para disputar ese consenso político, levemente mayoritario en el ámbito institucional, sean los poderes ejecutivos provinciales, las cámaras legislativas nacionales, provinciales y municipales, se requiere de nuevos horizontes de lo que se pretende. No se trata de devaluar ante la apreciación de la moneda local, ya que los perjudicados serán los mismos, la mayoría de ingresos fijos, empobrecidos por décadas de políticas que consolidaron el modelo productivo y de desarrollo que empezó a diagramar la reacción desde mediados de 1975 y más aun con la genocida dictadura.

Se requiere otra política que dispute consenso social para hacer posible el rechazo a la lógica del endeudamiento que se constituyó en el principal condicionante de política económica desde 1975/76. Primero, salir del FMI y rechazar el odioso e ilegitimo préstamo del 2018, renegociado en 2022 y en vísperas de un nuevo acuerdo bajo esta gestión para afianzar la hipoteca que nos ata al FMI y al sistema financiero mundial.

Eso traerá problemas, es cierto, especialmente con el rumbo que asume EEUU con la gestión Trump y las disputas globales que se responden con represalias unilaterales. No solo contra países críticos de la política estadounidense, casos de China, Rusia, Irán, Cuba o Venezuela, sino en la política arancelaria contra socios históricos como Canadá o México.

La política manda y por eso Milei confronta. En ese plano, lo alternativo es también confrontar, y el FMI se lleva todas las fichas y no alcanza, ya que la confrontación será con el poder económico local, beneficiado por la lógica imperante desde diciembre del 2023, con Decretos o ley Bases, entre otros aspectos de la reaccionaria política oficial. Todo eso debe desandarse, lo que demanda una gran construcción de consenso político popular.

Esta es la cuestión a resolver, en un camino que involucra a la gran movilización contra las amenazas de Milei en Davos y lo previo en defensa de la Universidad y la educación pública, los paros nacionales del 2024 y toda la resistencia sindical, territorial, cultural que hoy no tiene conducción unificada ni proyecto político en disputa a ser asumido por una nueva mayoría.

La izquierda, dividida, tiene la posibilidad de articular la diversa resistencia, solo si se asume como proyecto de poder y deja de lado debates secundarios de un sectarismo que la aleja de las búsquedas sociales, pero también de una tendencia en fracciones al seguidismo del mal menor, reiterando un anti Menem o un anti Macri, que ahora asumiría un anti Milei. Esta propuesta está lanzada y reitera experiencias que no resolvieron el problema, ni en 1999, ni en 2015 ni en 2023, tampoco en 2025 o 2027, por lo que hace falta una discusión a fondo del programa a sustentar y las formas de ejercicio de la política para un gran consenso para otro tipo y modelo productivo y de desarrollo.

Ante quienes dicen que no hay programa, este lo desmiente el proceso organizado de resistencia, en variadas movilizaciones, más grandes o más chicas, en el conflicto instalado por mejoras de ingresos salariales o previsionales, por reivindicaciones territoriales de tierra, vivienda o hábitat, por la autogestión y la defensa de los derechos democráticos, contra la discriminación y el racismo, en defensa del medio ambiente y de los bienes comunes demandados por el gran capital transnacional. Programa hay, tanto como colectivos organizados para la lucha y la confrontación con el poder. Lo que resta es el consenso masivo en un proyecto político que haga realidad la aspiración de millones que se organizan y movilizan por otro país posible.

Blog de Julio Gambina