Argentina: «Sistema corrupto y perverso que se alimenta de pobres»

Un salón colmado de gente superó las expectativas de la conferencia de prensa y exposición de casos vinculados a la «Violencia institucional, abusos, corrupción e impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro» que se realizó el viernes pasado en el Hotel Bauen, a iniciativa de César Antillanca, padre de una víctima de «gatillo fácil».

Expusieron Roberto Uriarte, María Angela Cabrera, Julieta Vinaya y César Antillanca. Susana Díaz habló en nombre de la Asociación Civil Proderechos del Niño de Comodoro Rivadavia y la doctora María del Carmen Verdú coordinó en representación de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Un numeroso grupo de familiares de víctimas de «gatillo fácil» de la región patagónica, del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires estuvo presente para dar su apoyo y solidaridad. En el mismo sentido también lo hizo el periodista Herman Schiller y representantes de diversos organismos defensores de derechos humanos.

Se recibieron las adhesiones del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) que coordina Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza.

«La tortura es una política de Estado»

La abogada Verdú abrió la conferencia señalando que «la Patagonia es un espejo de lo que ocurre a lo ancho y a lo largo del país». Agregó la existencia de una «línea histórica y sistemática de la justicia» en la Argentina, «capaz de meter los dedos en el enchufe antes de admitir que la tortura es una política de Estado». Dijo que «muere un chico por día torturado en una cárcel, o en una comisaría, en un instituto de menores o fusilado por el gatillo fácil».

La siguiente es una síntesis de la exposición de los oradores, quienes, entre otros, también mencionaron los casos de los jóvenes Guillermo «Coco» Garrido, asesinado en la Comisaría 12 de El Bolsón, el 13 de enero de 2011; de Iván Torres, detenido, torturado y desaparecido por policías de la comisaría 1° de Comodoro Rivadavia, el 2 de octubre del 2003; del asesinato del testigo «protegido» Bruno Rodríguez Monsalve, en marzo de este año, en Trelew, y de los hermanos Sergio y Denis Aballay, víctimas de vejaciones y apremios ilegales sufridos la misma madrugada de 2010, en la que asesinaron a Julián Antillanca.

«La justicia no existe»

Roberto Uriarte relató la desaparición seguida de muerte de su hija Otoño de 16 años de edad. El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2006 cuando la joven regresaba a su casa luego de una actividad deportiva. A los seis meses fue encontrada muerta en un canal de riego cercano a Cipolletti, provincia de Río Negro.

Uriarte dijo que la investigación se llevó adelante con «una desidia total por parte de la Asesoría de Menores, de la Fiscalía, del Juzgado de turno y de la Policía». Se minimizó la situación, «decían que Otoño se fue por sus propios medios, que tenía problemas con su familia y la investigación se enfocó en nosotros». Luego el argumento oficial fue que se trataba de «un ajuste de cuentas».

El abogado de la familia de Otoño, José Gérez, a mediados de 2010 aseguró al medio 8300web de Neuquén que la joven fue «secuestrada» y «abusada sexualmente por al menos cuatro personas». Dijo que en la causa hubo «numerosas irregularidades» y que pidió un examen integral de los bellos púbicos hallados en el cadáver de la joven.

El padre de Otoño dijo que aún no se realizó la ampliación de peritajes de ADN que solicitó el abogado y que «hay 200 mil pesos para quien aporte datos pero no 100 mil para hacer las pericias que faltan». Concluyó que «la justicia no existe» y que «es necesario un cambio de sistema» para que haya «una política social que dé respuestas donde debe darlas».

Con otras familias del Valle de Río Negro, el primer miércoles de cada mes Uriarte realiza jornadas de concientización en la comunidad y pedido de búsqueda de justicia.

«La rueda de reconocimiento se hizo con los policías de espalda»

La causa de Jorge Pilquimán es otra muestra grosera de corrupción institucional en la región. María Angela Cabrera habló de su hermano de 21 años, a quien mataron el 6 de febrero de 2005 en Bariloche y luego lo tiraron en el Lago Nahuel Huapi.

«Según las pericias mi hermano se suicidó y tenía escoriaciones leves pero él estaba todo golpeado -relató María-. Cuando en el cajón tomé su cabeza, mi mano se hundió y a él no se la habían abierto durante la autopsia».

Luego aparecieron testigos que involucraban a policías. Por increíble que parezca, «la rueda de reconocimiento se hizo con los policías de espalda». Nadie reconoció a nadie y la investigación se estancó.

El juez de la causa tenía pruebas y testigos que desechó. En la ciudad tiene fama de dejar transcurrir el tiempo sin mover el expediente y cumplido el plazo lo archiva. María le pidió una entrevista: «Me dijo que si lo había matado la policía, yo contra ella no iba a poder hacer nada y cuando pasaran diez años me iba a tirar la causa a la basura. Así me dijo». También «le pedí una segunda autopsia y un análisis de sangre y me respondió que no se podía».

María Cabrera dijo sentirse «muy apenada» por su hermano. Su testimonio finalizó con un pedido: «Necesito que me digan qué tengo que hacer para reabrir la causa y no se tire a la basura como me dijo el juez. Necesito que me ayuden».

«El asesinato de mi hijo tiene vinculaciones con la noche, con la policía y el poder político»

Julieta Vinaya relató las circunstancias de la desaparición y posterior asesinato de su hijo Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido el 15 de junio de 2008, en Viedma. El joven de 19 años estaba en un bar con un amigo, éste va al baño y cuando regresa Atahualpa no estaba.

Nadie vio nada ni quería hablar a pesar que el gobernador ofreció una recompensa de 100 mil pesos. «Nos dimos cuenta que la gente le tenía miedo a la policía», dijo Julieta. Esa sospecha se confirmó cuando se enteró que una persona aseguró que a su hijo se lo llevó la policía y cuando fue a verla se desdijo: «Se rectificó porque tenía miedo».

La causa estaba paralizada hasta hace unas semanas que encuentran rastros de ADN en la prenda de un vecino. «A nosotros nos llama la atención porqué recién ahora», máxime cuando esa persona en un primer momento fue demorada junto con otras tres que viven juntas y enseguida los liberaron. Su desconfianza aumenta cuando el juez considera que el caso podría estar resuelto. «No. No está resuelto -resaltó Julieta- porque hay una persona con identidad reservada que dice que ellos trabajan para los punteros y que le dieron dinero a una persona para que fueran a ‘quebrarle las patas a alguien que estaba jodiendo’. Ese alguien era Atahualpa».

Julieta planteó sus conjeturas pero afirma que se desconoce el móvil del asesinato. «Nosotros seguimos en la lucha, golpeando puertas y diciendo que el asesinato de mi hijo tiene vinculaciones con la noche, con la policía y el poder político», finalizó.

«Estamos en un sistema corrupto y perverso que se alimenta de pobres»

César Antillanca dice que las circunstancias del asesinato de su hijo Gonzalo Julián no difieren demasiado de lo relatado por quienes lo precedieron en la palabra. En la madrugada del 5 de septiembre de 2010, la policía de la comisaría cuarta de Trelew asesinó a golpes a Julián. En marzo de este año, pese a pruebas contundentes y un testimonio clave, el crimen quedó impune porque los acusados fueron absueltos por la justicia.

Como en todos los casos, el punto de partida de la información fue inexacto. «La noticia en el diario fue ‘Muere joven por coma alcohólico’. (…) Al mes de haber empezado la investigación aparece una testigo que dice haber visto cuando arrojaron a Julián del patrullero y que podía reconocer al policía», expuso Antillanca.

También se peritaron los móviles policiales y en uno de ellos se encontraron rastros de sangre de Julián. No obstante, el tribunal absuelve a los policías acusados y a una testigo por encubrimiento.

«El fallo no sólo está corrompido, sino que es un fallo de clase porque Julián completa el perfil de personas vulnerables: joven, pobre y morocho. Estamos en un sistema corrupto y perverso que se alimenta de pobres, de desposeídos. (…) El Poder Ejecutivo avala este tipo de prácticas y el Poder Judicial lo retroalimenta», denunció Antillanca, a la vez que reclamó «la devolución inmediata de todos nuestros derechos y garantías constitucionales, que cada vez son menos».

«En el Cerro Chenque se hacían simulacros de fusilamiento»

Susana Díaz de la Organización Civil ProDerechos de los Niños de Comodoro Rivadavia contó que a la preocupación de los más pequeños, la institución sumó la defensa de los jóvenes que «denunciaban torturas y el ‘juego del gatillo’ por parte de la policía en el Cerro Chenque, donde se hacían simulacros de fusilamiento».

En coincidencia con Antillanca, consideró que «los chicos más vulnerables son los de barrios humildes, blanco fácil de este tipo de prácticas represivas», que «recrudecieron» con el correr de los años.

Consideró necesario «visibilizar» esta situación sistemática de violencia institucional, continuar «reclamando justicia por todos» y «pedir la abolición de los métodos» que a lo largo de la conferencia se denunciaron.


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