Argentina. ¿Quién le teme a Patricia Wolf?
Pocos guionistas son capaces de superar la trama del caso de los arquitectos chilenos, invitados por la Universidad de Córdoba para participar de las actividades que rodearon al Congreso de la Lengua, que terminaron presos en Buenos Aires por no vulnerar la reglamentación aeronáutica, que impide transportar baterías en los aviones. En palabras simples, dejaron en su hotel cordobés una maleta con baterías que habían utilizado en su presentación porque las compañías aéreas prohíben embarcarlas.
Como cualquier asiduo consumidor de Netflix sabe, y Patricia Bullrich es una compulsiva, las maletas olvidadas ocultan explosivos, los que las dejan olvidadas son terroristas y los que los descubren (la ministra, claro) son los héroes que todos aclaman al final. Algo falló en el camino y, tras varios días de detención de las desconcertadas víctimas, el juez Hugo Vaca Narvaja las dejó en libertad por falta de mérito con la esperanza de que el bochorno pase pronto al olvido.
En el medio, se los llegó a imputar por el artículo 189 bis del Código Penal, cuya lectura estremece: “Será recluido a prisión de cinco a quince años quien… tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares o sus desechos…” Un guión excelente, pero que palidece frente a la superproducción que llevó a detener a dos jóvenes musulmanes poco antes de la realización del G-20.
El punto de partida es casi igual al de la mayoría de las extraordinarias investigaciones que llevan adelante la justicia, los servicios y las fuerzas de seguridad en Argentina para responder a los intereses de sus ocasionales mandantes: Una denuncia anónima supuestamente recibida por la DAIA, que la presentó a la justicia, basada en una conversación que alguien no identificado escuchó en un gimnasio en la que se acusaba a los hermanos
Abraham Salomón de haber recibido entrenamiento militar en Medio Oriente, además de tener un arsenal de armas de guerra en su casa.
El segundo paso llegó el 13 de noviembre de 2018. Esa tarde, cuando Axel Abraham Salomón se disponía a abrir su negocio de venta de productos de limpieza, ubicado en el frente de la casa familiar, vio como un grupo de oficiales del Grupo antiterrorista GEOF se le iban encima apuntándole con armas largas y lo tiraban sin miramientos al piso mientras él solo atinaba a pedir que no lastimaran a su hija de dos años.
Sin escucharlo, rompieron las puertas y destruyeron buena parte de la casa en busca de los fusiles AK 47 que figuraban en la denuncia. Como no aparecieron, tras humillar a la madre y aterrorizar a la nena, que meses después ve un uniforme y llora, armaron la foto que publicarían los medios al día siguiente. Mostraba un viejo fusil Mauser que dejó su abuelo al morir, palos de escoba, cuchillos de asado, una tonfa y un bate de béisbol. Prueba incontrovertible de la peligrosidad de la célula de Hezbollah descubierta justo a tiempo para evitar el ataque fundamentalista a los 20 jefes de estado más poderosos de la tierra que se aprestaban a llegar a Buenos Aires.
Patricia Bullrich salió al escenario a recibir los aplausos pero, de nuevo, algo falló en el camino. Los dos hermanos sufrieron 22 días de cárcel, varios de ellos incomunicados, durante los cuales recibieron todo tipo de vejaciones. Sin ninguna prueba en su contra tuvieron que ser liberados y, el lunes pasado, fueron finalmente sobreseídos por el juez Sebastián Ramos. En el medio perdieron sus trabajos, sus cuentas bancarias, su modesto pero honorable lugar en la sociedad.
El segundo paso llegó el 13 de noviembre de 2018. Esa tarde, cuando Axel Abraham Salomón se disponía a abrir su negocio de venta de productos de limpieza, ubicado en el frente de la casa familiar, vio como un grupo de oficiales del Grupo antiterrorista GEOF se le iban encima apuntándole con armas largas y lo tiraban sin miramientos al piso mientras él solo atinaba a pedir que no lastimaran a su hija de dos años.
Sin escucharlo, rompieron las puertas y destruyeron buena parte de la casa en busca de los fusiles AK 47 que figuraban en la denuncia. Como no aparecieron, tras humillar a la madre y aterrorizar a la nena, que meses después ve un uniforme y llora, armaron la foto que publicarían los medios al día siguiente. Mostraba un viejo fusil Mauser que dejó su abuelo al morir, palos de escoba, cuchillos de asado, una tonfa y un bate de béisbol. Prueba incontrovertible de la peligrosidad de la célula de Hezbollah descubierta justo a tiempo para evitar el ataque fundamentalista a los 20 jefes de estado más poderosos de la tierra que se aprestaban a llegar a Buenos Aires.
Patricia Bullrich salió al escenario a recibir los aplausos pero, de nuevo, algo falló en el camino. Los dos hermanos sufrieron 22 días de cárcel, varios de ellos incomunicados, durante los cuales recibieron todo tipo de vejaciones. Sin ninguna prueba en su contra tuvieron que ser liberados y, el lunes pasado, fueron finalmente sobreseídos por el juez Sebastián Ramos. En el medio perdieron sus trabajos, sus cuentas bancarias, su modesto pero honorable lugar en la sociedad.
Menos dramática fue la suerte del equipo de fútbol de salón de Paquistán que viajó a la Argentina para jugar el Mundial de la especialidad representando a Asia. Fueron deportados el mismo día de su llegada porque para la ministra representaban una amenaza a “la seguridad nacional”. Por lo menos no quedaron detenidos. Enseguida se supo que todo era un simple problema de visados que la embajada argentina no había subido al sistema. Pero el Mundial ya estaba en juego sin ellos.
Y casi una comedia fue la vivida por la ciclista colombiana bicampeona olímpica, retenida en el aeropuerto de Mendoza junto a todo el equipo de su país por portación de pasaporte y sobreactuación de los seguidores de la ministra.
Mucho más dramática fue la historia de los mapuches perseguidos por Patricia Bullrich. Tanto, que exhibe dos muertos emblemáticos: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La trama que aniquiló a Santiago comenzó
con la denuncia por “usurpación” que le hizo la multinacional Benetton a la Pu lof en Resistencia Cushamen. Esa fue la causa judicial utilizada por el ministerio de Seguridad para acusar de terroristas de la RAM a sus integrantes y la excusa para desatar la represión ilegal que terminó con el cuerpo de Maldonado amortajado por las heladas aguas del río. Hace pocos días, la jueza Karina Estefanía, de la ciudad de Esquel, dejó al desnudo las mentiras de la ministra y absolvió a todos los acusados.
La justicia también dio por caídas las mentiras oficiales sobre un enfrentamiento armado que justificase el asesinato de Rafael Nahuel a manos de los prefectos del Grupo Albatros, enviados al sur para reprimir a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi. El principal testigo de la ejecución, Fausto Jones Huala, fue sobreseído del delito de “usurpación” y para la jueza Silvina Domínguez quedó establecido que no utilizó armas de fuego durante el choque. Como él mismo reconoció haber tirado piedras a los uniformados, se le impuso una pena de seis meses en suspenso por “atentado a la autoridad”.
Los reiterados traspiés judiciales de Patricia Bullrich, a los que habría que sumar el tiroteo entre policías federales y bonaerenses que terminó con el mito de la lucha antimafia de la gobernadora Vidal, pueden llevar a la falsa conclusión de que la sociedad en su conjunto ríe o llora (según sea el caso) con las disparatadas historias de la Ministra, pero semejante posibilidad casi queda restringida a los lectores de Página/12 o algún otro medio alternativo que se encargan de dejar registradas sus andanzas, en medio de los aplausos cómplices que le dedica la abrumadora cobertura de casi todos los medios que respaldan e impulsan las políticas represivas del Gobierno.
Algo parecido ocurre con la cada vez más sorprendente red de espionaje que dejó sus huellas en buena parte de los escándalos político—judiciales de los últimos años. La investigación del juez Alejo Ramos Padilla a partir de la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio, seguida de cerca en este diario por la notable cobertura de Raúl Kollmann e Irina Hauser, llegó esta semana a los más altos poderes del Estado. Las pruebas recolectadas ya confirmaron el monitoreo a miembros de la Corte Suprema, que aún mantienen un expectante silencio sobre el tema, además de comprometer directamente a ministros (por ahora la misma Patricia Bullrich y Germán Garavano), importantes miembros de la Coalición gobernante (Elisa Carrió y sus adláteres) y los servicios de inteligencia en su conjunto.
Y el tema amenaza con escalar espectacularmente con los pedidos para declarar como arrepentidos del ex espía Rolando Barreiro, del fiscal Juan Ignacio Bidone y del propio multiacusado Marcelo D’Alessio. Una posibilidad que el Gobierno de Cambiemos y su comité de Comodoro Py resisten con el cuchillo entre los dientes.
Mientras tanto, el fiscal Carlos Stornelli ya acumula once días en rebeldía, sin siquiera aparecer en los medios, y se siguen acumulando casos y pruebas que muestran hasta dónde llegan los tentáculos de la combinación de dirigentes políticos, servicios de inteligencia, periodistas y operadores judiciales que contaminan la frágil democracia de los últimos años.
Entre La enemiga pública Nº1 y la red de D’Alessio y compañía se llevaron todo el contacto de esta semana, pero ningún lector de Página/12 puede terminarla sin haber disfrutado de la mirada de Vicente Battista sobre la participación estelar de Mauricio Macri, el rey Felipe VI y Mario Vargas Llosa en el Congreso de la Lengua, con el bonus del video completo de la recordada participación de Roberto Fontanarrosa en la edición rosarina del evento.
Tampoco se pueden perder la estremecedora crónica del viaje de Sebastián Premici a Comodoro Rivadavia, donde los vecinos de Fracción 14 lincharon al padre de un acusado por la violación de un niño de ese barrio. La historia se completó cuando se conoció que el verdadero responsable, otro menor, había participado del linchamiento.
Como posdata, sería bueno repasar la multitudinaria marcha sindical en repudio al modelo económico oficial y una primicia que pasó casi desapercibida: la caída de los decretos del republicano Macri para cambiar unilateralmente a su favor las reglas electorales.
Ernesto Tiffenberg para Página/12