Argentina. Presa por travesti y por pobre

Por Estefanía Santoro

Luz pasó ocho meses presa y aún está acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada”. No hay ninguna prueba en su contra, solo la acusan por haber estado en un lugar donde se había cometido un crimen. Otra historia más de ataques y persecución a personas trans.

Luz es una joven travesti de 22 años. Está acusada de un delito que no cometió y estuvo 8 meses privada de su libertad en el Penal de Ezeiza. Recién la semana pasada le otorgaron prisión domiciliaria. Perdió casi toda la visión, pero la justicia se negaba a aceptar su discapacidad y a otorgarle el beneficio de esperar el juicio en libertad, tal como le corresponde por el inciso C del artículo 32 de la ley ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660) que ordena otorgar el beneficio en caso de que la permanencia en la cárcel de la persona discapacitada sea inadecuada por su condición y/o reciba un trato indigno, inhumano o cruel. Y eso le pasó a Luz: durante el tiempo que pasó en la cárcel su estado de salud empeoró, y además padeció la violencia del Sistema Penitenciario Bonaerense que es especialmente cruel con las travestis y trans.

A sus 20 años, Luz se despidió de su Salta natal en 2017 y viajó a Buenos Aires donde comenzó a estudiar en el Bachillerato Popular Trans Mocha CelisSe prostituyó desde los 13 años, condición que la llevó a vivir situaciones de extrema violencia: fue atacada en tres oportunidades distintas mientras estaba en la calle y en cada uno de esos momentos estuvo en riesgo su vida. Perdió la visión de un ojo en su totalidad, solo ve parcialmente del derecho y sufre de cataratas. Todos esos ataques transfóbicos quedaron impunes.

Apenas llegó a Buenos Aires, se instaló en el Hotel Gondolin, una cooperativa gestionada y administrada por travestis y trans donde se alojan chicas de todas partes del país. Allí la apodaron “La Cieguita”. Ella quería estudiar para salir de la situación de prostitución en la que se encontraba y le fue muy bien en el curso de séptimo grado, lo terminó en muy corto tiempo e ingresó al bachillerato al año siguiente y en pocos meses llegó a hacer grandes amistades con sus compañeras del Gondolin y del Mocha.

Les compañeres del Mocha Celis piden que dejen de perseguir a Luz.

Les compañeres del Mocha Celis piden que dejen de perseguir a Luz.
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Desde julio del año pasado, Luz estuvo con prisión preventiva a disposición del Juzgado Criminal Número 40 a cargo de la jueza Paula González, por una acusación de “robo agravado y privación de la libertad agravada”. Lucía Fuster Pravato es docente del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis e integra la Comisión Justicia para Luz, cuenta a Revista Cítrica cómo se enteraron de la detención de su compañera: “Cuando la detuvieron, a todes nos costó mucho entender qué había pasado, incluso a Luz. Pensamos primero que era por prostitución, algo contravencional. Días después nos informaron que la acusación era intento de homicidio, por atacar a un señor en su casa, en Palermo. Charlando con ella por teléfono, porque no la podíamos visitar y ya estaba detenida en Ezeiza, nos contó que unos meses atrás había hecho un servicio sexual en un departamento en la zona donde ella está en situación de prostitución, a dos hombres. Resultó ser que minutos antes, en ese departamento, esos dos hombres habían atacado brutalmente al señor que vivía allí, dejándolo maniatado e inconsciente en una habitación. Cinco días después, una hermana encontró el departamento revuelto y a su hermano tirado en el piso en una habitación, aún atado de manos amordazado e inconsciente. Luz se enteró de esta situación cuando ya estaba en prisión, y quedó en un shock profundo, nosotres también”.
Desde la Comisión denuncian que la fiscalía intenta responsabilizar a Luz, pero no investigó ni buscó a los dos hombres involucrados en el hecho. Los delitos por los que se la acusa tienen una pena mínima de 10 años. Pravato explica: “Estamos sumamente preocupadas, porque el fiscal pidió que la causa pase a juicio por homicidio triplemente agravado, una acusación muy injusta por un crimen que no cometió. Mientras tanto, seguimos peleando por su absolución y que se reconozca la inocencia de Luz, le dieron la prisión domiciliaria porque las condiciones en las que estaba en el penal no son aptas para alguien que tiene una disminución visual como ella y por la cantidad de veces que se le incumplieron los turnos médicos. Las abogadas lograron poner en valor la importancia de la salud de Luz y gracias a ello, ahora está con prisión domiciliaria. Se encuentra bien, asistiendo a controles médicos y preocupándose por estar saludable.” La expectativa de vida de las travestis y trans como Luz, que han sufrido todo tipo de violencias  y  han estado expuestas a situaciones de vulnerabilidad extrema y exclusión social, no supera los 40 años. De tener que cumplir una condena de ese tipo se agravaría más aún su salud. “Recién a los 21 años Luz pudo recuperar un poco la visión en uno de sus ojos, pero está en riesgo porque tiene un glaucoma y otras condiciones que no podían ser adecuadamente tratadas en el penal de Ezeiza”  agrega la docente del Mocha Celis.

Estigmatizada por su identidad travesti

Ser travesti, trans dentro del sistema penitenciario, significa enfrentar un trato especialmente cruel por parte de las autoridades que ejercen funciones. La Comisión por la Memoria (CPM) a través del programa Comité contra la Tortura, realiza controles y registros para denunciar y revertir situaciones de violación a los Derechos Humanos que suceden en los lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires y en su último informe de 2017 reveló que la ausencia de atención médica provocó la muerte de 3 personas trans, y también manifestó condiciones inhumanas de alojamiento. Además de la imposibilidad de continuar o comenzar tratamientos hormonales, no hay profesionales con formación de género, a las personas que padecen VIH rara vez les realizan los controles necesarios y no se les respetan adecuadamente el suministro de medicación ni una dieta especial indicada.

El personal penitenciario no respeta la identidad de género de estas personas y son objeto de discriminación, burla y humillación constante, también utilizan el acceso a sanidad como una forma de poder para extorsionarlas a veces sexualmente. Por otra parte, son recluidas en pabellones junto a detenidos varones con causas por delitos contra la integridad sexual, equiparando la transexualidad con un delito sexual. Ser migrante es otro agravante: el personal penitenciario utiliza la condición de extranjeras de muchas de ellas para violentarlas y negarles una correcta atención de su salud.

Durante los 8 meses que Luz estuvo privada de su libertad fue constantemente estigmatizada por su identidad travesti. Pravato cuenta: “La detuvieron por un crimen que no cometió, en la zona donde estaba trabajando dos meses después del hecho que se le pretende imputar en lugar de buscar a los verdaderos responsables. No querían reconocer su discapacidad visual, la cual fue certificada por especialistas del cuerpo médico forense. No respetaron los turnos médicos asignados. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, las amigas, compañeras y docentes estuvimos en comunicación constante con ella porque fue víctima de reiteradas agresiones. Traslados que duraban una eternidad, desconocimiento de su estado de salud y maltrato psicológico”.

En relación con el Poder Judicial, las personas travestis y trans sufren todo tipo de exclusión que va desde el rechazo total para el acceso a la Justicia, pasando por las dificultades que atraviesan al momento de realizar denuncias de violencia o abuso, llegando a no poder acreditar su condición de víctima. “A Luz le fue negada la prisión domiciliaria, cuando existe una ley que ampara este derecho para personas con alguna discapacidad, como es su caso. La justicia históricamente ha criminalizado y perseguido a las travestis y trans como forma de disciplinamiento social, de hostigamiento a sus identidades de género. Los derechos de Luz por su discapacidad visual fueron vulnerados por una justicia ciega. Luz estuvo presa por travesti” asegura Pravato.

A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, el Sistema Penitenciario Bonaerense diseñó protocolos de actuación para el alojamiento, control, registro y traslado de personas trans. Sin embargo, no se aplican ni se implementan políticas que promuevan entre el personal penitenciario, judicial y médico el respeto a la identidad de género y a la orientación sexual de estas personas.

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