Argentina. Piden que los genocidas de la ESMA con prisión domiciliaria estén bajo vigilancia

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Son alrededor de 50. Aquello que parece obvio, sólo podría llegar a cumplirse a partir de un pedido de la querella encabezada por Patricia Walsh, hija del periodista desaparecido en la ESMA, y Carlos Lordkipanidse, que sobrevivió al terror de ese centro de torturas y exterminio, que fue aceptado por el TOF N° 5. Los querellantes le habían expresado al tribunal la preocupación por la ausencia de controles a los genocidas que cumplen prisión domiciliaria. Como consecuencia, el TOF consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si cuenta con dispositivos, por lo que se supone que, de estar disponibles, ordenaría que sean utilizados para los imputados de la megacausa.

Desde que comenzó la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que dirige María Ángeles Ramos, 180 genocidas condenados o imputados por crímenes de lesa humanidad han solicitado acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en todo el país. Fueron concedidas 35, de las cuales 26 ya fueron efectivizadas y 9 están pendientes. 131 fueron rechazadas.

En la megacausa ESMA, la querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, a través del doctor Ariel Noli, solicitó al TOF que se controlen las prisiones domiciliarias de los genocidas. Las que fueron otorgadas en 2019 y 2020, en muchos casos se concedieron sin el uso de los dispositivos electrónicos de control, que suelen ser tobilleras o pulseras. La excusa suele ser “la falta de disponibilidad de dispositivos”. Sólo en esta causa, la más voluminosa de las vinculadas a crímenes de lesa humanidad, son cerca de 50 quienes cuentan con ese beneficio.

En el escrito presentado esta semana en Comodoro Py, una de las querellas de la megacausa ESMA señaló que, además de volver a destacar su postura en contra de que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad, “resulta imprescindible se efectúe un estricto control de dichas prisiones domiciliarias”. Por lo tanto, mandó a consultar al Programa de Asistencia a personas bajo vigilancia electrónica, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si hay disponibilidad de tobilleras o pulseras «antes de resolver». Pero cabe suponer que si el tribunal que preside Daniel Obligado, hace la consulta, es porque tiene la intención de responder al pedido de la querella y que se les coloquen a los genocidas los dispositivos de monitoreo electrónico correspondientes. El escrito de la querella fundamentó este pedido considerando el riesgo que existe para la seguridad de los testigos si los represores no son debidamente controlados . Como ejemplo, citaron los casos de la segunda desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, ambos testigos y querellantes además de “decenas de otros hechos intimidatorios y amenazas recibidas a testigos y querellantes”.

Uno de los antecedentes que figura en este escrito es cuando se le quitó el beneficio de prisión domiciliaria a Etchecolatz en 2006 por comprobar que el genocida, condenado en varios juicios a cadena perpetua, contaba con armas de fuego en su propiedad en Mar del Plata, donde llevaba a cabo su arresto domiciliario. También menciona otros antecedentes sobre la falta de control durante las prisiones domiciliarias: como el del médico de la Brigada de San Justo “Juan Antonio Vidal, que estuvo más de 8 años prófugo, la fuga del Jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk o los paseos prohibidos en bicicleta del represor del Destacamento 101, Carlos Hidalgo Garzón”.

La querella “entiende que el beneficio otorgado, además de no corresponder a derecho, genera un peligro inminente que recae sobre la seguridad y la integridad física de las víctimas del Terrorismo de Estado”, por lo que las prisiones domiciliarias deben ser estrictamente controladas.

Además solicitaron que hasta que no haya una eficaz colocación de los dispositivos electrónicos, “se efectúe un control diario del cumplimiento de dicha prisión domiciliaria a través de visitas diarias en diferentes horarios”.

Este jueves, se dio a conocer la respuesta del TOF. Resolvió la “Del mismo modo, comuníquese con la coordinadora de esa repartición pública, a fin de recabar el estado actual de los trámites de colocación pendientes y, en su caso; informe lo relativo a la factibilidad de implementar su colocación con la mayor premura posible”.

Algunos de los genocidas de la Megacausa ESMA que actualmente gozan con el beneficio de la prisión domiciliaria son: Rodolfo Agusti Scacchi, Juan Antonio Azic, Raúl Armando Cabral, Carlos Antonio Capdevila, Carlos Mario Castelvi, Miguel Conde, Daniel Cuomo, Alejandro Domingo D’agostino, Francisco Armando Di Paola, Ruben Óscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Orlando González, José Ángel Iturri, Luis Ambrosio Navarro, Jorge Luis María Ocaranza, Edgardo Aroldo Otero, Guillermo Horacio Pazos, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Sabio, Hugo Héctor Siffredi, Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, Claudio Orlando Vallejos, Eugenio Bautista Vilardo y Ernesto Frimón Weber, entre otros.

✏ Redacción: Diego Adur/Fernando Tebele
💻 Edición: Fernando Tebele

laretaguardia.com.ar/2020/05/ESMA-domiciliarias.html

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