Argentina. “Nos preocupan las cientos de Lucías que van a venir después de esto”

Por Laura Litvinoff

Cecilia Ousset, la médica encargada junto a Jorge Gigena de realizar la cesárea a la nena de once años embarazada producto de una violación, se defiende de las acusaciones que impulsan los sectores más conservadores de la sociedad tucumana.

 

Hace un poco más de quince días, la doctora Cecilia Ousset y su pareja, el doctor José Gigena, fueron llamados por el Ministerio de Salud para operar a Lucía, la niña tucumana que quedó embarazada luego de una violación. Cualquier médico profesional está al tanto de que en estos casos, tal como lo indica el Código Penal, se debe practicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero las autoridades provinciales de Tucumán, una provincia que atrasa cien años en materia de derechos humanos, se opusieron y lograron demorar la intervención quirúrgica por siete semanas más. Finalmente, Ousset y Gigena tuvieron que practicarle una cesárea a Lucía. Cítrica contó los detalles de aquel día tormentoso en que la niña fue obligada a gestar y corrió riesgo de muerte. Unos días atrás, la noticia de que la recién nacida, con un peso de apenas 600 gramos, murió por causa de prematura extrema volvió a sacudir tanto a los sectores más conservadores del país como a las agrupaciones que luchan por la legalización del aborto. Los mismos Ousset y Gigena fueron denunciados legalmente por un grupo de médicos anti-derechos y abogados fanáticos religiosos por haber sido los supuestos responsables de esa muerte. En esta entrevista, la doctora Ousset nos cuenta el momento que ella y su marido están pasando luego de todo lo sucedido, y qué es lo que hay detrás de esta cruel y tortuosa trama organizada por políticos, jueces y fiscales que conforman los sectores más reaccionarios del país, y que tienen como principales víctimas a niñas y adolescentes embarazadas que han sido violadas y que ahora están siendo obligadas a gestar.

–¿Cómo están vos y tu marido después de la denuncia que recibieron?

–La verdad es que estamos muy tranquilos, porque sabemos que hicimos lo correcto, lo que decía el Código Penal. Y además sabemos que lo que hicimos lo hicimos porque fuimos llamados por el Ministro de Salud, que a su vez estaba obligado por una jueza a practicar la interrupción del embarazo en un plazo de 72 horas, así que todo lo que hicimos nosotros siempre fue bajo la ley.

–¿Cómo se explica que ustedes hayan querido salvarle la vida a la niña y que ahora estén siendo acusados del homicidio del recién nacido?

 –Y bueno, si bien a nosotros no nos sorprende, igual nos resulta bastante ridículo, porque la muerte del recién nacido se da por un tema de prematura extrema, porque tenía veintitrés semanas y pesaba 600 gramos, lo cual nos lleva a pensar que lo que hicimos es prácticamente un aborto, pero bueno; de todas maneras tampoco nos llama la atención recibir esta denuncia, porque sabemos que este caso volvió a caer en el juzgado de la misma fiscal que había impedido que se practicara la ILE con esta niña, y que además había prolongado el embarazo hasta la semana veintitrés porque había mandado oficios judiciales al hospital que decían que cualquiera que atente contra la vida de cualquiera de los dos infantes iba a ser juzgado penalmente. Fijate ya también qué disparate que en esos oficios hayan puesto como “dos infantes” a la nena de once años y al feto, como si ambos fueran dos personas iguales.

–De repente ahora, con todo esto que está pasando, ustedes están teniendo un grado de visibilidad y de exposición muy fuerte en los medios ¿cómo están manejando eso?

–Sí, es cierto que ahora estamos bastante más expuestos, pero a la vez estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de personas y de medios de comunicación posibles, porque no solo son los medios y las personas quienes hasta ahora nos han mantenido en pie, sino que también son los que hacen que este soporte sea del pueblo, de la comunidad; por eso hoy nuestro sostén no es la persona que nos pidió hacer la interrupción legal del embarazo después de que todo el hospital se declare objetor y que ahora ya nos ha soltado la mano, sino que ahora nuestro soporte son ustedes, la comunidad que está detrás de este tema, y que tiene un especial interés y preocupación en saber qué es lo que está pasando hoy en nuestra provincia.

–¿Quienes están armando todo esto?

–Y, los que están detrás de todo esto en realidad son cinco trasnochados: dos médicos y cuatro o cinco abogados fanáticos religiosos que realmente han tomado este caso como una bandera, y algunos de ellos también trabajan para Silvia Elías de Pérez, la senadora por Tucumán, aquella señora que el año pasado parecía prácticamente alguien de la inquisición cuando fue el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado.

–¿Por qué pensás que estos sectores conservadores están haciendo esto? ¿Qué es lo que quieren lograr?  

–Yo creo que todo esto lo hacen para amedrentar a la gente, pero la verdad es que a nosotros lo que más nos preocupa ahora no es si vamos a ir a la cárcel, o lo que nos vaya a pasar, sino las cientos de Lucías que van a venir después de esto, y que van a ser arrojadas a la clandestinidad, que van a terminar abortando con cualquier cosa, o que las madres las van a hacer abortar con cualquier cosa por miedo a ir al hospital. O lo que es también igual de horroroso: que terminen sus gestaciones y mueran. Y que aquellos médicos que ya tenían miedo de practicar las interrupciones, con esto que está pasando ahora digan: “no, yo mejor con esto no me meto más”. Es como si nuestra sociedad norteña viviera todavía en una especie de feudalismo, de Edad Media.

–¿Y ustedes no se sienten perseguidos? ¿No tienen miedo?

–No, nosotros la verdad que no tenemos miedo. En realidad lo que queremos transmitir es que acá no importan los doctores Gigena y Ousset, no importa este matrimonio que en última instancia tendremos que enfrentar una causa penal como parte de este circo político de “salvemos las dos vidas”. Porque sabemos que todo esto es un disparate jurídico, que primero está la vida de las niñas, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que por eso los médicos tienen que hacer lo que manda la ley. Acá lo importante es que antes de Lucía hubo cientos de Lucías que fueron obligadas a gestar y que estuvieron y siguen estando en peligro…

–¿Tenés alguna esperanza de que la situación pueda llegar a revertirse?

–Sí, yo creo que entre todos tenemos que cambiar la realidad de esta provincia que tenemos, y que la vida de estas nenas que son violadas, embarazadas y obligadas a gestar tienen que ser nuestra prioridad, y no lo que piense el clero, o lo que suceda con una fiscal fanática-religiosa. Nuestra idea es que no haya más Lucías, que no haya más personas obligadas a gestar, y que el sistema público se haga cargo de lo que le corresponde: de las personas más vulnerables que no tienen acceso al médico o a la información, de las personas que son pobres de toda pobreza, no solamente de la económica sino también de la intelectual, de la educación, porque acá vivimos en una provincia que está al margen de la ley, porque en otro lugar no vas a encontrar nunca que una fiscal de oficio le ponga un abogado a un feto, sino que todo el mundo priorizaría la salud de una nena de once años que fue violada y que además está solicitando con sus propias palabras, cómo puede, la interrupción legal del embarazo. Nosotros lo que queremos y por lo que luchamos es para que estas operaciones se sigan haciendo, porque la provincia tiene que avanzar de una vez, porque las niñas tienen el derecho de ser protegidas, y porque el Estado, el Sistema Provincial de Salud y el Ministerio Público Fiscal tienen la obligación y el deber de hacerlo cumplir.

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