Argentina: No a impuestazos y tarifazos, el 20 de diciembre todos a Plaza de Mayo

 

Los subsidios a las privatizadas han beneficiado en primer término a los grupos económicos que sin invertir ni arriesgar nada tuvieron por parte del Estado garantizada la tasa de ganancias durante años. La malversación de esos subsidios salidos de la Anses, de créditos internacionales y deuda externa, fue a parar en parte importante a las cuentas de los altos funcionarios que descaradamente presentan en sus declaraciones juradas la acumulación de fortunas personales valuadas en millones de dólares, por el solo hecho de intermediar entre los empresarios y la banca internacional en los últimos 10 años. Este es todo el secreto del llamado “modelo” del que se jacta el Gobierno Nacional y Popular.

El abismo abierto entre los reclamos populares y esta política de saqueo a los dineros públicos se da en medio de una crisis capitalista pavorosa. Esta contradicción estará descarnadamente expuesta en los próximos meses como resultado de décadas de incompetencia de una clase social entregada que, además de no resolver la dependencia, ha ofrendado la República a los organismos internacionales de usura.

La resolución de la contradicción explosiva entre los intereses populares y los de camarilla inclinará, para uno u otro lado, todo el período histórico que se avecina.

Un dato no menor es el lenguaje derechista empleado por la Jefa de Estado, cuando señala que con Perón en 1949 no había derecho a huelga; la experiencia lleva directo a las huelgas ferroviarias de 1950 y 1951, una lucha de 150.000 trabajadores que pararon los ferrocarriles. Frente a la imponente movilización huelguística la represión del gobierno de Juan Perón fue tremenda: se exoneró a los obreros luchadores, se los encarceló, se puso en vigencia la Ley de Seguridad del Estado y para garantizarla se militarizó la actividad laboral ferroviaria, para acabar con un movimiento que reclamaba aumento de salarios y la carrera ferroviaria, como un escalafón al que se accediera por concurso y no por el dedo de la patronal. (“Ferroviarios, un capítulo de sus luchas: las huelgas ferroviarias de fines de 1950 y principios de 1951”. Gustavo N. Contreras -Conicet).

 

Reafirmando su modalidad, Perón en 1973/1974 firmó con los ministros y todos los gobernadores provinciales el “Acta de compromiso de la seguridad nacional” que creaba el Consejo de Seguridad Nacional que coordinaba la acción represiva y de las fuerzas de seguridad nacional y provinciales para la intervención inmediata en caso de actos “delictivos” o que atentaran contra “el orden público” y con el objetivo de la “erradicación en forma definitiva de la República Argentina de todo tipo de acción delictual organizada”. Todo este palabrerío escondía que la represión estaba destinada contra el movimiento obrero, que Perón coronaría con el golpe de Estado en Córdoba, llamado Navarrazo, y en Villa Constitución aplastando la huelga de 10.000 metalúrgicos mediante patotas, grupos parapoliciales y fuerzas de seguridad.

Las amenazantes palabras de la reelegida Presidenta de la Nación no están dirigidas a su compañero de fortuna Hugo Moyano sino a los que luchan o intenten defenderse de la exacción. «Cuando estaba Perón no había derecho a huelga… Ahora si hay derecho a huelga pero no al chantaje y a la extorsión».

En este estado de cosas la campaña por la renuncia voluntaria a los subsidios es un cuento del tío, ya lo señalamos en 2009: el tarifazo incrementa la carga tributaria, es un impuestazo para salvarle las papas al gobierno y darle canilla libre a los privatizadores.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala «Hay un efecto adicional y es que aumentará el monto sobre el cual se calcula la carga tributaria”. «El gobierno nacional dejará de girar fondos para subsidios y, al mismo tiempo, recaudará más por el impuesto al valor agregado (IVA)». Cristina debuta aplastando al pueblo con más impuestos al consumo; esto de por sí destaca un régimen regresivo, conservador que vive socorriendo a los poderosos y aumentando las cargas populares.

Los requisitos para mantener el subsidio confirman que sólo podría acceder una ínfima minoría. Sólo quedarían exceptuados los indigentes. Un jubilado que cobrara una suma superior a la mínima, debería pagar la tarifa plena. Mientras el gobierno bate el parche sobre las «renuncias voluntarias» publicitadas por los cortesanos K, lo cierto es que imponen la renuncia compulsiva a la gran mayoría de los hogares argentinos de trabajadores, de clase media y de los pequeños comerciantes. Si el usuario cree que «sus ingresos son insuficientes para afrontar el pago de tarifas plenas» (una de las alternativas que incluye el formulario), será sometido «a un cruce de datos entre Afip y Anses y su caso quedará en manos de los funcionarios encargados de aprobar la quita o extensión de los subsidios» dicen los K.

En lugar de una «renuncia voluntaria» estamos ante una imposición o, para ser más claros y parafraseando a la Excelentísima, ante una verdadera extorsión.

¿Adónde va la quita de subsidios?

De Vido lo aclaró: «en esta nueva etapa, orientaremos los subsidios a los sectores que lo necesiten, por ejemplo a la industria de la construcción». La duplicidad y el cinismo no tienen parangón cuando viene de la mano de progresistas de pacotilla. La Patria Contratista: los Roggio, Skanska y Schoklender tendrán su parte del león y seguirán prendidos como larvas a la teta del tesoro público.

Diez años atrás hubo una rebelión popular en la que la clase obrera piquetera y la clase media se levantaron contra el despojo salarial, de ahorros y puestos de trabajo.

Los que en esos días apaleaban a los asambleístas de Río Gallegos hoy gobiernan.

Mientras, la especulación inmobiliaria agrava la crisis habitacional, los salarios «nacionales y populares» son hoy de $3.300 promedio (50% de la canasta familiar) y las jubilaciones son de $1.343.

El décimo aniversario del Argentinazo se celebrará en medio de otra gran confiscación social: el tarifazo.

Después de haber vaciado a la Anses, al Banco Central y rescatado a banqueros y privatizadores, los K nos devuelven al 2001: Estamos a las puertas de otra bancarrota nacional.

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