Argentina. Manipulación informativa para disputar consenso

Por Julio C. Gambina

La estrategia se estimula desde las redes sociales, los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, que como cultura mayoritaria encuentra legitimidad en los poderes del Estado, los que impulsan un proceso creciente de legitimación de un plan reaccionario de reformas estructurales.

Más allá de los problemas económicos, la inflación y la recesión con sus consecuencias regresivas en materia de pobreza, caída del salario y suba del desempleo, el discurso oficial macrista manipula la información para disputar consenso social de cara a las elecciones del 2019. Siente el gobierno que para sus objetivos “cierra bien” el año 2018, con la aprobación del Presupuesto 2019, de ajuste reaccionario, y un balance propio de éxito de la Cumbre del G20 que lo vincula al poder mundial. Con ello, se anima a sustentar una nueva vuelta de tuerca a la política represiva, de acción policial con derecho a matar, que por ahora encuentra rechazo en buena parte del movimiento social y aun en las propias filas e instituciones afines. La convicción gubernamental es que la demanda por seguridad se asocia a la defensa de la propiedad privada y no a la seguridad social medida en satisfacción de derechos sociales, algo que pretende reformar reaccionariamente. El objetivo es el control social, por eso pretenden disciplinar a la población.

En rigor, la inflación anual se acerca al 50% con un efecto regresivo sobre la mayoría de la población de bajos ingresos, pero como la tendencia es a la reducción luego del pico de los últimos meses, el oficialismo hace propaganda con augurios de mejores tiempos para el año entrante. Claro que la reducción pronosticada para el 2019, un 25% aproximadamente, será mayor al 15% que se anunciaba para todo el 2018 hace apenas un año. Es curioso el caso de la suba de los precios, que actúa como mecanismo de distribución regresiva del ingreso y la riqueza y que sin embargo es utilizado como mecanismo de propaganda sobre el combate a la inflación. Crece la inflación y se sostiene que se la combate y se lo hace con medidas regresivas, de mayor ajuste vía política monetaria restrictiva que agudiza los efectos de la recesión e impacta en la merma del consumo popular.

Ocurre lo mismo con las tasas de interés. La noticia es ahora que se elimina el piso del 60% como tasa de referencia del BCRA y por ende, la propaganda trasmite la baja de la tasa desde el máximo del 73% de hace pocas semanas, a menos del 60% en estos días. Claro que se omite que hace pocos meses la tasa de referencia era del 40% y ya era un guarismo elevado para pensar en políticas activas de crédito para el desarrollo productivo. Todo es propaganda, sin importar las consecuencias sociales. El horizonte ofrecido por el discurso es que todo irá mejor, que se combate la pobreza aunque esta aumente.

Se trata de un discurso donde siempre se corre el límite del campo de juego. Si el máximo admisible era un 15% de inflación para 2018 y se alcanzará el 50%, entonces hay que mostrar, en el discurso oficial, lo positivo de una reducción al 25% probable para 2019, dejando en el olvido el propósito del 15% de hace apenas un año. No se argumenta sobre las pérdidas de ingresos en el periodo de años de ascenso y tendencia actual a la reducción de los precios; un fenómeno que arrastra el presente y el futuro.

En el medio, son cifras millonarias que se transfieren desde la mayoría de la población de menores ingresos a los pocos sectores concentrados de altos ingresos. Lo que unos pierden, otros lo ganan y por eso, en economía nada se pierde, solo cambia de bolsillo el dinero. Unos pocos acumulan lo que la mayoría pierde. Por eso hemos dicho hasta el cansancio que la inflación es un mecanismo de lucha de clases, que afecta a quienes viven de ingresos fijos, pero también a sectores empresarios que transfieren parte de su rentabilidad al capital más concentrado. Los capitales hegemónicos dominantes se apropian de la riqueza socialmente producida. Lo que se juega con el discurso oficial es el consenso electoral de la sociedad. No importa que ese consenso se logre como producto de la manipulación de la conciencia social, lo que interesa es ganar el sentido común. Un sentido que instalan las clases dominantes en su provecho. Así, resulta normal lo cotidiano, aun cuando sea desfavorable para la mayoría social.

La estrategia se estimula desde las redes sociales, los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, que como cultura mayoritaria encuentra legitimidad en los poderes del Estado, los que impulsan un proceso creciente de legitimación de un plan reaccionario de reformas estructurales. El camino se transita desde la disputa de la conciencia y el sentido común hacia la legalización que lo institucionaliza. Hay que remitir a la historia para verificar que la propiedad privada se consolidó en la Constitución previa siembra de la conciencia social demandante de su defensa. La propiedad privada fue primero demanda y luego institución, lo que habilitó su carácter de permanencia en el tiempo como derecho inviolable, inalienable e imprescriptible.

Es el mecanismo que verifica la estrategia del presente. La estrategia asumida apunta a instalar un diagnóstico y un rumbo en la sociedad para luego legitimarlo institucionalmente. Si se leen los argumentos en la fundamentación del presupuesto del ajuste se encontrará la falacia para la manipulación social. En el documento presentado al Parlamento se aducen problemas climáticos, sean inundaciones o sequías, como si el modelo productivo nada tuviera que ver con el fenómeno del cambio del clima. El modelo productivo no se discute y no solo se avanza con el complejo sojero, sino que ahora se agrega la explotación de los hidrocarburos no convencionales. También se señalan causas externas, como la guerra comercial entre EEUU y China u otras variables del contexto internacional como la suba de la tasa de interés en EEUU. Se sostiene que son fenómenos de la economía mundial que afectan a la Argentina, que “…hasta entonces venía bien…”, según el relato oficial. Es verdad, pero se elude el impacto de la propia política de desfinanciamiento del Estado con el deliberado aumento del endeudamiento público para cancelar deuda y facilitar la fuga de capitales. Así, se sostiene que el país “venía bien”, con abundante financiamiento externo, y en la coyuntura, se cruzó una tormenta por los fenómenos enunciados que derivaron en la búsqueda del auxilio del FMI.

Se confirma el rumbo al señalar que: menos mal que acudimos al FMI, sino la situación hubiese sido peor. Imposible de demostrar contra los hechos de la intervención del Fondo. La propia política oficial lleva directo al FMI y se explica que no había más remedio, que no había otra y el resultado es una hipoteca por varios años para sustentar el rumbo que solo beneficia a muy pocos sectores altamente concentrados de la economía. El consenso político construido hacia el 2015 se sostuvo en la elección de medio turno en 2017 y se pretende sostener con la repetición de un segundo periodo presidencial entre 2019 y 2023, con Macri o alguien que otorgue continuidad al proyecto de restructuración regresiva del PRO-Cambiemos.

¿Qué busca el proyecto en el gobierno en un mundo complejo?

Consolidar un bloque dominante en el orden capitalista local, restaurando la lógica de dominación que asoció a la burguesía terrateniente y al capital externo en el modelo de inserción subordinada de la Argentina entre fines del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX. No se trata de repetir la situación ni el bloque en el poder, sino una lógica de dominación que otorgue estabilidad al orden local del capitalismo, afectado por inestabilidades y disputas por décadas de lucha en el poder. Por eso la alusión a 70 años de decadencia de la Argentina en el argumento del oficialismo.

Insistamos que no se trata de repetir aquellas condiciones de fines del siglo XIX y comienzos del XX, sino de intentar resolver la disputa gestada desde la industrialización de la década del 20 del siglo pasado, la que desordenó la lógica de la dominación con nuevos actores que disputan la hegemonía del orden local y que en este trayecto casi centenario hacia el presente han generado disputas en el poder a costa de la mayoría de las clases subalternas, especialmente el pueblo trabajador. No es un dato menor la alternancia radical y peronista entre 1916 y 2015, bajo gobiernos constitucionales. La burguesía fabril emergente en el proceso industrializador buscó su asociación al capital externo en un ciclo de fusiones e internacionalización de su actividad económica para disputar un lugar en el bloque de poder, donde la banca local y extranjera jugó un papel de financista, inducido con rumbos específicos en diferentes gobiernos del periodo que mencionamos, sean constitucionales o producto de dictaduras militares.

Para la industrialización subordinada se contó con nueva institucionalidad y aporte profesional, científico e intelectual, junto a la inspiración y actividad militar, en gobiernos constitucionales o dictatoriales. No se trata de identificar a los gobiernos dictatoriales con los constitucionales, pero sí de mostrar que los cambios estructurales hacia la industrialización desde comienzos del Siglo XX constituyó un fenómeno que trasciende los diferentes gobiernos desde los 20 y más aún el golpe del 1930 hasta 1975/76, donde la disputa por construir un nuevo bloque de poder se hace evidente y se sostiene hasta el presente. La des-industrialización relativa desde 1975/76 lo hace evidente. Digo relativa porque el proceso tiene un doble sendero, el de la modernización empujada por las transnacionales actuantes en el país y la transnacionalización de los capitales locales, donde Techint resulta emblemática, o si se quiere, ARCOR, recuperando aquello de aceros o caramelos. Es una modernización asociada al cambio de las relaciones sociales de producción, lo que supuso: a) la reaccionaria reforma laboral y previsional, aún en proceso y objetivo central del proyecto PRO-Cambiemos; b) la reestructuración del Estado vía privatizaciones, desregulaciones y mercantilización de los derechos y la vida cotidiana, aún en proceso con las reformas educativas, sanitarias o judiciales, entre muchas; c) la reinserción subordinada del país en el sistema mundial hegemonizado por EEUU y convalidando con la suscripción de tratados bilaterales en defensa de las inversiones externas.

Pero esos proyectos que apuntan a resolver la disputa en el poder se cruzan con las nuevas realidades y complejidades del sistema mundial, evidenciado con la aparición de China y el debate falaz sobre la globalización o el proteccionismo, que esconde la disputa hegemónica del sistema capitalista mundial. Falaz digo porque es una contradicción que acompaña al orden capitalista desde su origen, incluso en las formulaciones teóricas que sustentan el orden del capital. El capitalismo dominante inglés, europeo o estadounidense convivió con el proteccionismo y un discurso aperturista, sustentado de manera ambivalente por sendas teorizaciones afines a esos objetivos.

La disputa por el poder en la Argentina explica décadas de inflación, mecanismo de la lucha de las clases por el poder y la dominación. Es la especificidad nacional que cuesta entender, lo que aparece como difícil para explicar. Muchos se interrogan porque hay inflación elevada en Argentina o incluso en Venezuela, mientras la mayoría de los países ofrecen escenarios de estabilización. Macri creía en campaña electoral que él con sus adhesiones ideológicas y políticas podía resolver esa ecuación, precisamente por su origen y alineamiento con la burguesía más concentrada. La realidad de la disputa por la apropiación del plusvalor generado en el país es lo que sostiene el ciclo inflacionario que acumula décadas en la Argentina, y no muy distinto es lo que ocurre en la tierra de Bolívar. La inflación solo fue contenida transitoriamente en momentos de estabilización de una franja dominante en el poder, como se pudo apreciar en el proyecto inicial de Videla y Martínez de Hoz, o luego con Menem y Cavallo.

El gobierno Macri pretende, desde el consenso electoral ponerle hegemonía al capitalismo local y pasar a liderar una reestructuración política más allá de la tradición radical-peronista. Esa hegemonía piensan es la que podrá inducir el cambio económico necesario para estabilizar la economía capitalista local. Cuenta como socio principal a Trump y al gobierno de EEUU, aun cuando su apuesta originaria era el espíritu aperturista y globalizador que surgía del discurso demócrata de Hilary Clinton. En ese camino puede incluirse incluso la desaparición de sectores de la cúpula empresarial hoy afectados por procesos judiciales. Macri llegó al gobierno en 2015 con un diagnóstico errado sobre el momento del sistema mundial, pero con un firme propósito de poner fin a la disputa por el poder en el orden local y por ello su adaptación y acercamiento explícito al gobierno Trump, incluso el oportunismo por aprovechar el empuje chino, si es que puede, incluso si se lo permite el vínculo con Washington. Queda por verse si logra el objetivo.

Si en el 2001 disputaban los acreedores externos, las privatizadas de servicios públicos y la banca, contra sectores productivos y exportadores del campo y la industria; en el presente los alineamientos colocan de un lado a los grandes productores y exportadores del campo y la industria junto a empresas privatizadas que bregan por la liberación de las tarifas y una economía especulativa asociada a la banca, la deuda y el libre movimiento internacional de capitales; y del otro a los sectores vinculados al mercado interno y de menor desarrollo tecnológico, que no necesariamente constituyen el campo de la pequeña y mediana empresa, por eso las quejas en la Unión Industrial o sectores asociado al comercio. Esa disputa por el poder económico encuentra límites ideológicos en la burguesía, que aun dificultada su renta en el mercado local, adhieren a un discurso de apertura e inserción subordinada en un marco de tendencias globales con las contradicciones surgidas de las guerras comerciales y monetarias que tensionan el sistema mundial. Se constituye como dijimos en un sentido común de época, que puede identificarse con cierto corrimiento a la derecha del espectro y la oferta política. Es el camino que se confirma con Trump, Macron, Macri o Bolsonaro, con los matices que cada uno de ellos supone.

¿Se puede pensar a contramano?

El problema limitante para romper la lógica del poder apunta a promover un objetivo de modelo productivo y de desarrollo más allá y en contra del capitalismo, porque de lo contrario, es la lógica de hacer funcionar al orden del capital lo que genera el círculo vicioso de gobiernos que estimulan reformas que son desarmadas en renovadas gestiones de restauración conservadora, tal como expresa la historia desde la existencia de gobiernos constitucionales desde 1916. Hace tiempo, en época de la bipolaridad mundial (1945/1991) se aludía en un lenguaje eufemístico a la economía de mercado y a la centralmente planificada, como dos estrategias de desarrollo. Con la desarticulación de la URSS fue ganando consenso el restablecimiento de la categoría capitalista como horizonte de posibilidad y rechazo a la posibilidad del socialismo. Fue Cavallo quien en los 90 restableció el objetivo por el capitalismo y más recientemente se retomó un discurso por el capitalismo nacional, imposible en tiempos de transnacionalización de la economía. El Senador Pichetto argumenta en estos días, demandando al peronismo bregar por un “capitalismo moderno”, alejado del combate al capital históricamente formulado, más allá de haber constituido alguna vez una consigna realista.

Las oposiciones diversas al macrismo con posibilidad de ser gobierno se asumen en la disputa por la gestión del orden capitalista local y ese es su límite. El orden capitalista es mundial y está atravesado por las tensiones de la disputa global, claro que con las especificidades locales, que para el caso de la Argentina presenta contradicciones en el núcleo económico y político del poder. Por eso se privilegia la estrategia electoral y se prefirió, por ejemplo, no acompañar la movilización popular contra el G20 en la semana de acción sustentada por parte del movimiento popular que ve el problema del país y del mundo en la estrategia asociada de las corporaciones transnacionales, los organismos mundiales y los principales Estados del sistema mundial, más allá de la adscripción al liberalismo o al proteccionismo. En los tratados de libre comercio o en la defensa de las inversiones vía tratados bilaterales o multilaterales se juega la dominación global del capital transnacional. Es una constante de las últimas cuatro décadas, más allá de momentos distribución del ingreso, los que no modificaron cuestiones esenciales del modelo productivo y de desarrollo. Ello es imprescindible en un modelo sustentado desde las automotrices, el complejo sojero, petrolero o en el circuito favorable a la libre circulación del capital y la especulación. Resulta lógico no confrontar a las políticas del G20 si se aspira a ser parte del cónclave, aun con la crítica al orden hegemónico.

Así como las derechas se legitiman electoralmente previa instalación de su sentido común en la sociedad, cualquier pensamiento alternativo en el movimiento popular y la izquierda, tiene la necesidad de instalarse previamente como práctica y pensamiento social generalizado que pueda disputar el poder a la dominación y construir otro orden posible en una transición desde el capitalismo a otro orden de cooperación, solidaridad, des-mercantilización y privilegio a la satisfacción de derechos sociales vía producción de bienes de uso y no de cambio, respetando el medio ambiente, la diversidad de género y el respeto mutuo contra toda forma de discriminación y racismo.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2018

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