Argentina. Los medios cómplices de la dictadura.

Los militares no sólo se impusieron a sangre y fuego, sino que contaron con una maquinaria publicitaria que los sostuvo. Para ello tuvieron la complicidad de varios medios de comunicación, como lo revela esta investigación de Veintitrés. Mirá la galería de fotos.
Este 24 de marzo se cumplen 36 años del último y sangriento golpe militar que asoló al país y lo desmembró en casi todos los ámbitos posibles. Hoy, los argentinos transitamos esta democracia y la asumimos como único e indiscutible sistema de convivencia y recordamos aquella fecha como un ejercicio de memoria de algo que jamás deberá repetirse.
El asalto a las instituciones fue ejecutado por los militares, que pasaron a gobernar por espacio de siete años. Contaron con la anuencia de un sector importante de la población, que resultó así funcional a los intereses militares. Pero también hubo cierto sector de la prensa que se acomodó a las circunstancias y corrió presuroso a aceitar contactos y alianzas. Esta extensa franja de los medios escritos, muchos de ellos con masiva llegada al público, se beneficiaron mediante la difusión de la propaganda del régimen, ya sea como bajada de línea directa del gobierno o bien como publicidad que provenía de empresas y organismos estatales.
Nadie puede escaparles a los archivos. Una reciente investigación consistió en indagar en añejas hemerotecas, armarse de paciencia y recuerdos. El resultado es una serie de avisos pagos que sirven como muestra y que jamás hubieran sido publicados sin una coincidencia ideológica, como lo demuestran las notas que publicaban esos mismos medios. En la actualidad, algunas de esas publicaciones gozan de buena salud y continúan su camino sin haber ejercido ni ensayado una autocrítica. Dos diarios, La Nación y Clarín, y la revista La Semana, de Editorial Perfil, fueron tres que engrosaron sus cuentas en concepto de pauta durante los siete años en los que gobernó la junta militar. La revista de Perfil se llamaba en realidad Noticias de la Semana, y fue la antecesora de la actual Noticias, de la misma editorial.
Desde las empresas manejadas por el Estado se encontraban los bancos, Fabricaciones Militares, ENTel, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los canales de televisión, repartidos entre la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino.
La Dirección General Impositiva (DGI) desplegó una agresiva e inusual campaña contra la caza de los evasores y difundía su accionar en todos los medios. Se trataba de un “tanquecito” con un garrote en la mano dibujado con un trazo fácil. Una serie de spots gráficos y televisivos invitaba a los ciudadanos a señalar y a denunciar a los infractores, sea empresario, pariente o amigo. Una tarea de la DGI que pretendía ser transferida a cualquier hijo de vecino en forma de delación.
En los diarios, mientras tanto, podían verse avisos del Comando en Jefe de la Armada como de los Estados provinciales. En ejemplares de La Nación, una doble página describía quince obras de infraestructura y vivienda en varias provincias bajo el lema “Sobre la base de un pueblo sano construimos una Nación fuerte”.
“La casa, escuela número uno”, era otra de las campañas encargadas de recordarles a los padres de familia cuál era su función excluyente en el seno de la sociedad. También había dinero de particulares. Un personaje con nombre y apellido pagó una página impar en Clarín en 1977: “…no intrigamos en los organismos internacionales, como lo hacen los asesinos, sino que confiamos en la Justicia de nuestra Patria, injustamente agredida por rumores y falsos testimonios”.
La realización del Mundial de fútbol era inminente, lo que desató una lógica campaña publicitaria privada y oficial. Clarín y La Nación repitieron avisos del Ente Autárquico Mundial 78 (EAM78) y del Banco Central de la República Argentina, que vendía entradas para los estadios. La compañía Italo Argentina de Electricidad también saludó al Mundial, antes de ser desguazada por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, conocido por difundir el conocido lema “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Otro eslogan que quedó en la memoria de los argentinos y que muchos pegaron en sus parabrisas sin percatarse fue “Los argentinos somos derechos y humanos”. El texto se siguió publicando en los diarios bajo el auspicio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
“¿Cómo puede usted defender la Soberanía Nacional si no es un soldado?”, cuestionaba una gráfica con un sello donde se leía “Soberanía Territorial Argentina. Soldados, soberanía”. La Argentina y Chile, como se recordará, estuvieron a punto de entrar en guerra a fines de 1978 por el diferendo del Canal de Beagle, que terminó siendo solucionado mediante una mediación papal que llevó a cabo el cardenal Antonio Samoré.
Un año después de lograr el torneo internacional más importante, la selección juvenil de fútbol conseguía el título de campeón durante el mundial desarrollado en Japón. Esos primeros días de septiembre fueron coincidentes con una visita incómoda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaba al país para entrevistarse con autoridades militares, políticos y actores de la vida pública, además de recibir denuncias y visitar centros de detención. Era esperable encontrarse con reacciones al hojear las páginas de los diarios de los días precedentes. Mientras los militares oficiaban de amables anfitriones, los grupos de tareas seguían matando. Y los medios, facturando. Un comunicado de la Confederación General de Empleados de Comercio fechada el 13 de ese mes en Clarín rezaba en uno de sus párrafos: “…expresamos nuestro anhelo de que el accionar de la CIDH esté dirigido, exclusivamente, a cumplir con los fines de la Carta que le diera nacimiento, sin sujeción a ningún otro interés que no sea el respeto y defensa de la persona humana”. En el mismo diario, días después, miles de firmas atiborraron una solicitada a la que titularon “El Testimonio de la Verdad”. Las tres páginas expresaban solidaridad nacional frente a la campaña internacional y de funcionarios y políticos extranjeros en el país. Una empresa privada de aviación sacó un aviso en el mismo sentido.
Fue durante ese mismo año 1979, ocho meses antes, cuando una publicación fue objeto de un hecho curioso. La tapa del número 115 de la revista La Semana era una más de las tantas que exhibía a la reconocida actriz nacional Graciela Borges. En la página tres, personal de la revista preguntaba por su director, Jorge Fontevecchia, del que no había rastros desde la noche del 5 de enero en que abandonó la editorial. El artículo afirmaba que la desaparición no había sido voluntaria. Pero en el interior de la revista, un aviso en la página 23 invitaba a hacer turismo por la Argentina, y al pie su auspiciante: el Ministerio de Bienestar Social. Liberado diez días después, denunció que estuvo en el centro clandestino de detención El Olimpo. “Ningún sistema es malo si al frente del mismo se encuentran hombres virtuosos. Todos los sistemas son malos si los manejan corruptos”, afirmaba en un extenso editorial en 1978. En mayo 1983, Fontevecchia se exilió en Nueva York luego del cierre de su publicación, y en junio publicó un avance del libro del represor Ramón Camps en las páginas de la revista.
Otras editoriales y publicaciones se beneficiaron de la pauta oficial. Las revistas Somos, Para Ti y Gente, de Editorial Atlántida, prestaron apoyo irrestricto al llamado Proceso de Reorganización Nacional. Otros medios, como el desaparecido diario Convicción, respondía de manera directa a la Marina. Y La Opinión, el diario que fue de Jacobo Timerman, fue directamente intervenido por el régimen dictatorial.
Respecto de Editorial Atlántida, es escandaloso el caso de Alejandrina Barry Mata. Sus padres, Juan Barry y Susana Mata, militantes montoneros, habían sido asesinados en Montevideo en 1977. Alejandrina, de dos años y medio, quedó en poder de militares uruguayos y fue usada para realizar una nota en la cual se la describe como una niña abandonada por sus padres subversivos. “Alejandra está sola”, titula el artículo junto a las fotos de esa nena que hoy, con 36 años, les inició juicio a las revistas del grupo y a los directores de entonces.
Feliz año 1980 les deseaba Papel Prensa a las editoriales usuarias. El botín de guerra cuyos mayores beneficiarios resultaron ser Clarín, La Nación y La Razón saludaba desde las páginas de los matutinos. Fue una serie de avisos, entre ellos una solicitada de diciembre de 1978 en la que explican a la opinión pública el ahorro que significaría producir papel en el país.
El apoyo al gobierno militar tuvo un repunte durante la guerra de Malvinas. La Semana publicó un talón para la cuenta del Banco Nación donde depositar en el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Los diarios repetirían hasta el agobio las palabras Coraje, Futuro y Victoria por encima de un pulgar en alto y la leyenda “Argentinos, a vencer”. En un extremo del diario decano del periodismo argentino, la foto muestra a un joven soldado metiendo su cabeza en el interior de un auto. “Documentos, por favor”, es el texto del aviso rematado por un “Proteger es querer”. El exitismo de los medios adictos comenzaba a declinar al concluir 1982, cuando tendrían que agudizar su ingenio en busca de recursos publicitarios que no estuvieran manchados con sangre.Esto se vio con claridad en la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con las tres armas.
Por esa causa están imputados Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver.
La compañía había sido fundada en 1972 por el banquero David Graiver, quien murió en un confuso accidente aéreo en 1976.
El traspaso de las acciones de Graiver a los tres diarios se firmó el 2 de noviembre de ese año. Seis meses después, los miembros de su familia fueron ilegalmente detenidos y torturados, y sus bienes quedaron intervenidos.En septiembre de 1978, un grupo de empresarios –con Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre presentes– inauguró la planta ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, junto al ex dictador Jorge Rafael Videla.
Una vez recuperada la democracia, las denuncias se fueron acumulando.En 1988, el fiscal Ricardo Molinas dictaminó varias irregularidades y denunció a la cúpula de la Junta Militar. Sin embargo, la justicia jamás avanzó.
Luego de un largo camino judicial, la causa quedó en manos del juez federal porteño Julián Ercolini, ya que sus pares Daniel Rafecas y Arnaldo Corazza se declararon incompetentes.Ambos letrados, sin embargo, habían dado aval a la denuncia inicial del fiscal Molinas: mientras Rafecas calificó de “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación, Corazza hizo lugar al pedido de los investigadores al calificar como “crimen de lesa humanidad” el traspaso de las acciones en manos de los diarios hegemónicos.
 
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