Argentina: La inseguridad reclama menos ingenuidad política

Que la clase política argentina tiene repulsión por apropiarse de los asuntos de la seguridad pública no es ninguna novedad. Tampoco lo es que los gobernantes desistan de ejercer democráticamente el «gobierno» de estos asuntos al poco tiempo de iniciar sus mandatos. Las derechas -peronistas y no peronistas-, porque postulan sin miramientos darles todo el poder a las policías y endurecer las normas penales, en particular, contra los pobres a los que identifica como fuente del delito. Y las izquierdas o el progresismo -peronistas y no peronistas- porque temen a las policías y creen que todo es resultado directo de la marginalidad y la desigualdad social y, por ende, proclaman ilusoriamente que sólo hay que esperar la reforma de la sociedad. Nada nuevo al respecto.

Lo novedoso en la actual coyuntura está dado por la forma cómo los dirigentes y funcionarios -en general, no pertenecientes al ámbito de la seguridad- han secuestrado a las condiciones sociales y a la política de la discusión de estos asuntos. Además de las menciones episódicas y genéricas a las condiciones sociales de la criminalidad -por cierto, hechas sin discriminar entre las diferentes formas de delincuencia y las distintas causas de las mismas-, sólo se remiten a postular la necesidad de reforzar la capacidad de acción de las policías. Y caen en el recurrente gesto de entregar patrulleros, motocicletas, cámaras de seguridad y utensilios varios abocados a la «lucha contra los delincuentes», según afirman con énfasis. El discurso y la acción institucional sólo se remiten a postular, de facto, que el único y principal recurso de control de los delitos es la policía, dando forma a una suerte de populismo penal de corte policíaco.

Pero en medio de este escenario casi belicista y propio de los idus históricos de las derechas, despuntan algunos vacíos conceptuales e ideológicos llamativos, al menos para quienes intentan justificar sus trayectorias políticas en las reiteradas menciones al pueblo, en la justicia social y en la reforma política.

Nada se dice acerca de la necesidad de llevar a cabo estrategias amplias y diversificadas de prevención social -no penal- de la violencia y el delito que apunten a abordar, resolver o reducir -en la coyuntura y en el mediano y largo plazo- las situaciones de riesgo o gravedad de las mismas y las condiciones culturales, económicas e institucionales que determinan o favorecen aquellas problemáticas. Fundamentalmente, en todo lo atinente a los niños y, en particular, a aquellos que se hallan en conflicto con la ley y a los menores que delinquen.

Si, como dicen, la pobreza produce delincuentes, ¿por qué no se llevan a cabo programas y políticas específicamente orientadas a tratar las condiciones sociales que favorecen los delitos? ¿Qué cataclismo estructural imposibilita que se elaboren programas de gobierno dirigidos a impedir que los menores pertenecientes a estratos sociales altamente marginalizados sean socialmente incluidos a través del delito y de redes criminales casi siempre reguladas policialmente? ¿Por qué se inclinan con tanta rapidez a colocar recursos en las policías -lo que es necesario- al mismo tiempo que se perdieron los reflejos sociales para elaborar amplios programas de prevención social de la violencia y el delito?

Tampoco se dice nada acerca de la necesidad de producir profundas reformas policiales tendiente conformar nuevas policías estrictamente ajustadas a la democracia y a la protección de las personas.

La mayoría de nuestras policías están atravesadas por defectos y fallas institucionales graves, sus organizaciones son anacrónicas y vetustas, y desempeñan deficientemente la única función que justifica su existencia: el control del delito.

Aun así, en su interior, se combinan cosas buenas y malas. Hay destrezas orientadas eficientemente al cuidado de las personas, a la resolución de conflictos y a la prevención, conjuración e investigación de los delitos.

Pero también se extienden prácticas signadas por los abusos y arbitrariedades en el uso de la fuerza, se reproduce la corrupción institucionalizada y se reiteran diversas modalidades de protección de actividades criminales -narcotráfico, trata de personas, robo de vehículos, bandas de pibes chorros-.

En nuestras instituciones policiales hay muchísimos integrantes como el teniente Aldo Garrido, un policía honesto, eficiente y guiado por una probada vocación de servicio a la comunidad, pero sólo están en sus bases, trabajando en las calles por un sueldo casi de miseria y arriesgando cotidianamente sus vidas. En cambio, en las cúpulas no hay Garridos. En éstas sólo campean los aires conservadores y continuistas.

En consecuencia, ¿es progresista postular que estas instituciones pueden dar cuenta de las complejas problemáticas de los delitos si tan sólo se las equipa con nuevos patrulleros y motocicletas, pero sin que se les introduzcan cambios profundos? ¿Puede primar todavía la ingenuidad política de creer que las cúpulas policiales autistas encabezarán procesos de autoreforma y autodepuración? ¿Se debe tener mucha imaginación para dar cuenta de que la única condición política para una reforma policial es que sea conducida políticamente?

La justicia social y el reformismo institucional fueron dos signos distintivos de los sectores políticos que han representado a las mayorías populares en la historia argentina. Ambos signos fueron salvajemente ultrajados por los gobiernos autoritarios de todos los colores. Los gobernantes de los 90 también participaron sin escrúpulos de ese ultraje.

A la luz de ello, los vacios actuales resultan incomprensibles y asemejan mucho la actual situación a ese pasado funesto.

Marcelo Sain es&nbsp investigador y docente de la Universidad Nacional de Quilmes

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