Argentina. La familia del periodista herido durante la represión a la marcha de jubilados/as se presentó como querellante

La familia de Pablo Grillo se presentó como querellante en la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, con la representación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Durante la salvaje represión del 12 de marzo a la marcha de jubilados/os e hinchas frente al Congreso, el joven fotorreportero fue impactado de gravedad en su cabeza por una cápsula de gas lacrimógena disparada por el Cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería. «Solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público», solicitan los organismos. También piden que «se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; del director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; del jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo». 

Así lo informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su sitio: «este 21 de marzo de 2025 la familia de Pablo Grillo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida como querellante en la investigación judicial sobre las circunstancias que dejaron a Pablo en estado crítico en un hospital. La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre esos hechos, que ocurrieron durante la marcha de jubilados y jubiladas. La familia cuenta con el patrocinio legal de los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS», informa el CELS.

Asimismo, agrega sobre el accionar del gendarme identificado como autor material del disparo que hirió de gravedad a Grillo: «a partir de una serie de registros pudimos identificar al autor del disparo como el Cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina. El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro. Por eso solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación legal del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.En el pedido de constitución de la familia de Pablo como querellantes, los organismos de derechos humanos también apuntan contra los responsables intelectuales del hecho y de la salvaje represión de la jornada: «también solicitamos que se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; del director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; del jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira, y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en las inmediaciones del Congreso contra manifestantes».

En la misma línea, agregan: «además, solicitamos medidas probatorias como la recolección de los registros audiovisuales de canales de televisión, filmaciones oficiales, listados de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y tipo de municiones utilizadas«.

Reconstruyendo los hechos, en la presentación los organismos detallan: «Pablo Grillo es un fotorreportero que se había acercado a la zona de la protesta a registrar con su cámara la manifestación y el operativo de seguridad, como ya lo había hecho en numerosas oportunidades. Exactamente a las 17.18 de aquella jornada, Pablo Grillo recibió un impacto de munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cabeza, que lo dejó tendido en el suelo. Inmediatamente fue socorrido por los manifestantes y, en cuestión de minutos, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía. Frente a él había una hilera de gendarmes, desde donde salió el disparo, que marchaban escoltados por camiones hidrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina».

Lo indicado en la presentación legal ya había sido adelantado en un informe audiovisual conjunto de Mapa de la Policía, el CELS, Revista Crisis, ARGRA y el Instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias (En Foco) que, junto al aporte de los peritos Willy Pregliasco y Martín Onetto, y todas las personas que sumaron nuevas evidencias, lograron identificaron al gendarme y la línea de sucesión de responsabilidades: «el tirador es el Cabo Primero Guerrero, que pertenece a la unidad móvil 26, de la Sección de Empleo Inmediato (S.E.I.). El jefe del Destacamento Móvil 6 es el Comandante Mayor Héctor Ferreira. A quien reporta Ferreira, es al Jefe del Comando Región I de la Provincia de Buenos Aires, el Comandante General Marcelo Fabián Porra Melconian. Todo el operativo contó con la aprobación y supervisión del Director Nacional de la Gendarmería, Comandante General Aníbal Ariel Bronzetti», concluía el informe.

Finalmente, desde los organismos echan luz sobre la peligrosidad que conlleva la aplicación de la resolución 943/23, conocida como el “Protocolo anti-piquetes” de ministra Patricia Bullrich y, por ende, su responsabilidad política en el hecho: «su decisión fue arremeter contra quienes se manifestaban en la Plaza del Congreso para impedir el desarrollo de la protesta. Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar las manifestaciones cuando el tránsito sea interrumpido u obstaculizado. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas. Como venimos diciendo desde diciembre de 2023, este Protocolo es inconstitucional«, sentencian.

En este marco, la familia sigue solicitando material de los siguientes momentos a fines de presentarlos en la justicia: momento del disparo (desde todos los puntos posibles); momento posta de salud; y momento de la ambulancia (cuando lo asisten, entrada, salida). El material puede ser enviado al 1160005354, que será reenviado a Emiliano Grillo, su hermano.

ANRed