Argentina. La emergencia pública y la redistribución, ganadores y perdedores

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Culminados los residuales actos de asunción de nuevas autoridades argentinas, los problemas del nuevo gobierno, que marcó la agenda de la semana con tres hechos que marcan el futuro,  fueron el centro de la problemática.

Uno fue la reunión del Presidente con los gobernadores. El acto tuvo dos caras, por un lado Alberto Fernández quiso mostrar una deferencia hacia los gobernadores demasiado postergados en la integración del elenco gubernamental.

Además, le permitía comunicar la suspensión del Pacto Fiscal firmado -en 2017- con el expresidente neoliberal Mauricio Macri por el cual se comprometían a un progresiva reducción del impuesto a los Ingresos Brutos y otros tributos provinciales o municipales. Esta medida –unilateral- sirve para producir algún alivio a las economías provinciales.

El segundo hecho fue el discurso del novel Ministro de Economía, Martín Guzmán, quien anunció y brevemente explicó el objetivo y sentido de las medidas que aparecían en el tercer aspecto que caracteriza a esta semana: La “Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica” que fue girada al Parlamento y que ha sido el eje del actual debate político.

Dicha norma se caracteriza por tres cuestiones: Trata y declara una generalizada emergencia. Menciona nueve aspectos o sectores sobre los cuales se decreta la emergencia: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

En todas esas áreas se amplían las facultades del Ejecutivo y se flexibilizan los controles administrativos en el manejo de las acciones vinculadas a los mismos. En segundo lugar, esa delegación de facultades creó las condiciones para que la oposición planteara y el oficialismo aceptara la eliminación del art. 85 (del Proyecto del Ejecutivo que le daba amplias facultades para reestructurar el gobierno) para evitar los planteos de inconstitucionalidad.

Este Proyecto, ahora Ley, no constituye un “plan de gobierno”. Apunta centralmente a  algo más elemental y sencillo, “Dar” a algunos, los sectores más pobres, en detrimento de otros. Todo ello con el destino de una redistribución, tal como lo anunciara Alberto en su discurso ante el Congreso.

Pero tratando de hacerlo sin los créditos externos con los que contó Macri, ni con los frutos del crecimiento esperado, algo que demanda más tiempo de lo que la gravedad de la situación permite. En ese “quita y pone”, fueron mayores las “quitas”, lo que apunta a mostrar, sobre todo al FMI y los bonistas, la voluntad de “arreglar” la situación sin que la “maquinita” (emisión de billetes) sea el mecanismo central.

El mero anuncio de esta política hizo que bajara el “riesgo país” (porque se alejaba el riesgo del default) y los bonos argentinos recuperaban valor.

Es obvio que tal medida también tiene ganadores y perdedores. Entre los primeros están los sectores de menores ingresos y sectores de las Pymes. Entre los perdedores están los sectores medios y medios altos, además de los productores de cereales y los jubilados –el punto más débil de esta política- que cobran más de 20 mil pesos (unos 325 dólares) y que pasan a ser el principal sostén de los nuevos recursos estatales.

Los jubilados de menores ingresos serán compensados con bonos de cinco mil pesos (unos 85 dólares) para enero y otro tanto para febrero. Mientras tanto, a todos los jubilados se les suspende la “movilidad”, fijada por ley, que les significaría notorios aumentos durante el primer semestre del año.

Esa medida fue suspendida por 180 días, a excepción de docentes e investigadores, que cobrarían los valores de dicha “movilidad”. Pero la excepción también alcanzaría a magistrados y ex funcionarios, sobre los cuales una Comisión Especial deberá expedirse y calmar las broncas provocadas.

En definitiva, se trata de una Ley que demuestra la eficacia y fortaleza parlamentaria del gobierno, que mira al FMI y trata de darle un alivio a los pobres de toda pobreza.

  • Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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