Argentina. La crueldad del encierro al desnudo

Publicidad

Como todos los años, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) presentó su nuevo informe sobre la situación en lugares de encierro y las políticas de seguridad y niñez, bajo el nombre de “El sistema de la crueldad XII”. Una vez más, se pudo corroborar en números la sistemática violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y la utilización de la violencia del Estado como estrategia de control de los territorios y las poblaciones más pobres.

El Informe Anual 2018 comienza con una referencia a la llamada Masacre de Pergamino como un claro ejemplo, no excepcional, del padecimiento de las personas privadas de su libertad. El 2 de marzo de 2017, siete jóvenes murieron en la Comisaría Primera de esa localidad bonaerense, como consecuencia de un incendio en el calabozo en el que se encontraban encerrados, sin obtener ayuda por parte del personal policial presente.

“El hecho no irrumpió de la nada, no fue una sorpresa ni un accidente. Tampoco es un hecho que pueda endilgarse a las víctimas. En su crueldad y dureza expresa la situación extrema que se padece en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, donde vivir al límite de la muerte, del frío, del hambre, del abandono y de la violencia es el modo normal de sobrevivencia”, afirma la Comisión en la Introducción del Informe, en el que se señala además que tampoco ha cambiado nada desde la Masacre.

A diciembre de 2017, había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria, lo que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes. Esta tasa creció en los últimos 10 años 78 puntos, casi la mitad (37) corresponde solamente al periodo 2016-2017. La situación se siguió agravando, y a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45.000.

Existe un record histórico de sobrepoblación en el Servicio Penitenciario Bonaerense en el que están detenidas 38.320 personas, pero hay 20.071 plazas disponibles. En las comisarías: 3.097 personas ocupan 1.040 camastros, lo que implica que dos de cada tres personas duermen en el piso, representando una sobrepoblación del 197%.

La Comisión advierte sobre otro dato alarmante del sobreencarcelamiento, relacionado directamente con la Masacre de Pergamino: El uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas. De las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para detenidos.

La tortura goza de buena salud

A su vez, durante 2017 la CPM registró 16.300 hechos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Este relevamiento se realizó mediante dos instrumentos: las entrevistas de intervención de los programas del Comité Contra la Tortura (CCT) y el relevamiento cuali-cuantitativo a través del Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT).

En el marco de la intervención del CCT, durante 2017, se realizaron 7.600 entrevistas con personas detenidas y/o sus familiares o allegados; y se registraron 16.300 hechos de agravamiento de las condiciones de detención que constituyeron torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Ante estos hechos, se presentaron 4.656 habeas corpus o acciones urgentes y 34 acciones judiciales colectivas surgidas de las 161 inspecciones.

En tanto, en las 589 víctimas entrevistadas en profundidad en el marco del RNCT, se registraron 2.818 hechos de tortura y/o malos tratos. Entre los padecimientos relatados con mayor frecuencia se encuentran falta o deficiente asistencia de la salud provocando muertes evitables, aislamiento ilegal, condiciones inhumanas de detención, falta o deficiente alimentación y agresiones físicas.

El propio Servicio Penitenciario Bonaerense informó a la Justicia que ocurrieron 4.451 hechos de violencia que produjeron 5.760 víctimas; de los cuales 835 fueron autolesiones, “constituidas en la principal -y muchas veces única- estrategia de las personas detenidas como reacción frente a distintos tipos de tortura carcelaria, especialmente la desvinculación familiar, la desatención de la salud y el aislamiento reiterado o prolongado. Marcar el cuerpo, autolesionarse, suele ser la única manera de lograr ser escuchados”, explica el Informe.

Según el SPB, de las cinco personas que sufrieron mayor cantidad de hechos violentos durante el año, cuatro son mujeres. También informó que en 591 casos hubo una intervención violenta por parte del Servicio, que incluyó desde golpes hasta la represión mediante disparos con munición antitumulto.

En 1.985 casos (el 35 %) la única medida adoptada fue el aislamiento. “Es frecuente encontrar alojadas en buzones personas heridas, golpeadas o deterioradas psíquicamente”, señala el Informe.

En cuanto a la salud penitenciaria, se asegura que atraviesa una crisis gravísima que provoca gran cantidad de muertes por enfermedades no atendidas: “Durante 2017, 2.538 de los detenidos entrevistados en 55 unidades penales provinciales denunciaron al menos un tipo de hecho vinculado a la desatención de la salud, muchos prolongados y graves. Un solo dato da cuenta de este panorama desolador: los casos registrados de enfermos por tuberculosis ascendieron de 187 en 2016 a 436 en 2017. Es urgente que Salud Penitenciaria, hoy bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pase a depender del Ministerio de Salud e integrarse a sus políticas y programas. Las muertes en el encierro siguen siendo evitables en tanto la desatención de la salud es la base de su recurrencia, asociada con las infrahumanas condiciones de vida. Entre 2008 y 2016 las muertes producidas por problemas de salud representaron el 68%, los homicidios el 21% y los suicidios el 11%”.

Vulnerables

“Las mujeres y trans/travestis son aun más vulnerables pues, a pesar de la fuerte demanda social y la visibilización pública de la agenda ligada al género, el sistema de encierro reproduce la violencia patriarcal y genera peores condiciones que las existentes para los varones”, asevera el Informe.

Las mujeres detenidas aumentaron: 1.346 en 2017, de las que 81 estaban embarazadas y 62 encerradas con sus hijos. El número de niñas y niños encerrados a diciembre de 2017 ascendía a 63: un 23,7 % más que en diciembre del año anterior. El 60,4% de las madres está en prisión preventiva, superando en más del 10% los valores de varones procesados (54 %).

Durante 2017 la CPM registró 792 agravamientos en las condiciones de detención: 213 correspondían a deficiente atención de la salud, 142 a afectación del vínculo familiar, 111 a cuestiones procesales y 81 a malas condiciones materiales de detención.

En cuanto al colectivo trans/travesti, el informe asegura que padece peores condiciones: “El sistema penal niega su identidad genérica, violando la ley 26.743, y las aloja en cárceles de varones sin aplicar ningún protocolo tratamental diferencial. La situación de salud del colectivo es particularmente vulnerable: durante 2017 murieron tres mujeres trans por desatención de su salud, que de por sí es grave. No acceden a los tratamientos hormonales ni tampoco al adecuado para el VIH y sus enfermedades asociadas, siendo que estas enfermedades impactan de manera significativa sobre este colectivo”.

Violencia policial

El informe de la Comisión señala que se sigue registrando un número alarmante de muertes producidas por agentes de las fuerzas de seguridad. En 2016 fueron 109, mientras que en 2017 aumentó a 121.

En el último año, a su vez, se duplicaron las denuncias por violencia policial que ingresaron a la CPM: 300 casos. “La violencia policial es violencia del Estado y los casos no pueden interpretarse de manera aislada: son prácticas incorporadas a la rutina institucional y la modalidad con la que las policías cumplen sus funciones. La tortura y los tratos crueles se inscriben como parte de estas prácticas estatales, y adquieren rasgos de sistematicidad por su cotidianeidad y extensión territorial. También aumentó la violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes. Todas las prácticas ilegales policiales se despliegan también sobre este colectivo. En las inspecciones a comisarías hemos encontrado niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años de edad, detenidos en muchos casos con adultos.  (…) En estas detenciones no interviene personal policial especializado o del Organismo de Niñez; tampoco se comunica o da intervención oportuna a estos dispositivos ni a los defensores del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”, denuncia el Informe Anual, en el que también se identifican como grupo que padece violencia y persecución policial sistemática a las personas trans: “Muchas veces es una doble vulneración: por pertenecer al grupo y por ser migrantes”.

Políticas duras

Durante la presentación de este trabajo, llevada adelante el viernes 10 de agosto en el Senado de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, expresó: “El informe de la Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad y sufrimiento. Se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras áreas; se llenan las calles de policías, ahora con 12 mil nuevos agentes, pero la militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir dignamente”.

El informe considera que “esta profundización del Estado represivo no tiene como contracara una de políticas de inclusión y más derechos que contengan las consecuencias de un Estado y un mercado que expulsan a vastos sectores de la población. Los grupos más vulnerables -niños, niñas y adolescentes pobres, migrantes, minorías sexuales, pueblos originarios, personas con padecimiento mental- no reciben políticas activas de protección. Y ciertas normativas puestas en marcha implicaron más restricción de derechos”.

En este sentido, se detallan algunas de las medidas que se tomaron en esa línea: “El decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017), publicado el 30 de enero de 2017 y modificatorio de la ley nacional de migraciones 25.871, instaura el estatuto de la deportación sin juicio que hablita la persecución a uno de estos colectivos. Un ejemplo paradigmático es el hostigamiento y persecución a los grupos migrantes procedentes de Senegal, que son reprimidos y detenidos de manera sistemática por vender en la vía pública.

Otro ejemplo es el protocolo anti piquetes del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, que cercena el derecho a la protesta y a la libertad de prensa, y atenta en general las garantías constitucionales.

También los intentos sistemáticos por malograr la aplicación de la ley de salud mental 26.657 que constituye un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental.

La reforma regresiva de la ley nacional de ejecución de la pena privativa de libertad y la aprobación del proceso de flagrancia a nivel federal (sancionadas con el acuerdo del oficialismo y los principales partidos de oposición) han cambiado el paradigma de la resocialización, sostenida por el principio de la progresividad de la pena que manda la Constitución nacional, para dar lugar al paradigma de la seguridad ciudadana que incluye el derecho penal del enemigo. Este nuevo paradigma pone el énfasis, entre otras cosas, en perseguir a la delincuencia clásica e incrementar las penas, alimentar el sentimiento colectivo de inseguridad, asignar a las víctimas un papel protagónico que justifica incluso la venganza, y revalorizar el componente aflictivo de la pena y el endurecimiento del régimen penitenciario. Se agregan la simplificación del debate de los actores políticos, quienes asumen un abordaje superficial de un tema que, por ser predominante en ciertos sectores de la población, supone réditos electorales. Esto se completa con los reclamos de mayor poder estatal sancionador y de recortes a garantías y derechos de defensa que se consideran necesarios y se celebran como verdaderos logros en la lucha contra el delito. La profundización de este paradigma socava el Estado de derecho.

Como corolario, al cierre de este informe, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 683/2018 que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos echando por tierra la división entre seguridad interior y seguridad exterior, que constituye uno de los logros institucionales más importantes de la democracia post dictadura”.

Escenario gravísimo

Así caracteriza la Comisión a la situación actual referida a las violaciones a los derechos humanos, ya que todos los aspectos estructurales de la violencia estatal se han profundizado y consolidado: “Las violaciones a los derechos humanos ocurren porque se generan condiciones de posibilidad: no son hechos episódicos y erráticos, responden a lógicas institucionales y de poder estables. Y requieren, en gran medida, de la opacidad del Estado que las produce para garantizar su continuidad e impunidad”.

A su vez, la Comisión denuncia que, como nunca antes, los diferentes organismos del Estado brindaron escasa o nula información: “Consideramos que este apagón informativo es otro elemento que prueba la gravedad de la situación que estamos denunciando y de la decisión político-institucional de no avanzar en su resolución. La acción de monitoreo y el testimonio de las víctimas sigue siendo un recurso invalorable y la prueba inocultable de lo que está pasando. Seguiremos reclamando las reformas estructurales pendientes. Muchas son leyes sin implementar que serían estratégicas para reorientar la política criminal, el control del desempeño de las fuerzas de seguridad y penitenciarias y la erradicación de la tortura y la violencia institucional: la policía judicial, las fiscalías especializadas en violencia institucional, la selección y enjuiciamiento de magistrados, la autonomía de la defensa, la prohibición de alojar detenidos en comisarías y el cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura de Naciones Unidas”.

A modo de conclusión, la Comisión, integrada entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, Susana Méndez, Roberto Cipriano García, José María Di Paola, Dora Barrancos y Nora Cortiñas, afirma: “La urgencia es lo que demanda este informe escrito desde las voces de las víctimas, sujetos de derecho de una democracia que se banaliza en el mal que no puede erradicar. Es, al mismo tiempo, una demanda pragmática: si se sigue profundizando este modelo de gobernabilidad basado en el endurecimiento del Estado en su acción represiva, la sociedad en la que vivamos no será más feliz por el goce máximo de unos pocos sobre la base del padecimiento de muchos, sino una sociedad sin rumbo colectivo donde la violencia sea el medio y también el fin”.

INFORME ANUAL COMPLETO: AQUÍ

http://cpm-aec3.kxcdn.com/wp-content/uploads/sites/16/2018/08/InformeCPM-2018.pdf

 

.

http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/24638-la-crueldad-del-encierro-al-desnudo

 

También podría gustarte

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More