Aprietes, golpizas y persecución es lo que reciben lxs trabajadorxs de las grandes cadenas de supermercados cada vez que denuncian contagios de COVID-19 en las sucursales. Ya son más de mil los casos confirmados. Internas sindicales, protección mediática y un delegado que se anima a hablar.
El diálogo fue breve:
-¿Querés convertirte en un mártir?
-¿A qué se refiere?
-Si no te vas ya y levantás tus cosas, te vamos a sacar rodando por las escaleras del supermercado.
Hace un año, Héctor Castro escuchó esa amenaza de boca del jefe de personal de la sucursal 160 de Coto, ubicada en Retiro. Pero el hecho no quedó en palabras, porque después llegó una patota que golpeó salvajemente al delegado sindical. Castro había denunciado en el Ministerio de Trabajo las pésimas condiciones laborales que deben soportar en esa cadena de supermercados.
Castro cuenta en el presente: “Tengo un botón antipánico que me dio la Justicia por la golpiza que recibí de parte de una agrupación interna opositora a la conducción del sindicato de Comercio y que responde a la empresa. Fue por reclamar y defender los derechos de los trabajadores. Me golpearon en la puerta de la sucursal, hice la denuncia y voy a seguir luchando hasta donde pueda, por los compañeros”. Al día siguiente de ese episodio violento, Castro regresó a su puesto de trabajo con el acompañamiento legal de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).
En época de pandemia, Castro volvió a denunciar que la empresa de Alfredo Coto no cumple con los protocolos dictados por el Gobierno Nacional para prevenir los contagios en los lugares de trabajo. La misma patota volvió a atacarlo: “Dos días después de la denuncia que realicé, el jefe de personal me agarró en una oficina, me amenazó, me decía que renuncie. Me golpearon otra vez”.
El ataque provino nuevamente de la Agrupación Granate Morada que responde a Ramón Muerza, un caudillo sindical que le disputa poder al histórico Armando Cavalieri. “Ahí apreté el botón, vino la Policía y realicé otra vez la denuncia correspondiente”, relata el delegado.
Castro trabaja en la empresa desde hace 24 años y su familia tiene miedo de que vuelvan a golpearlo. Tiene tres hijas: “Ellas saben todo lo que me pasó, les conté por si algo me pasa, saben también quiénes me atacaron. Si algo me llegara a pasar a mí es responsabilidad de las personas que ya denuncié”.
Una empresa que se lava las manos
En la sucursal de Retiro son más de 26 lxs trabajadorxs que dieron positivo de COVID-19: “Para la empresa los contagios son todos externos, o los trae el cliente o los trabajadores por descuidos de ellos. Si un trabajador sale a reclamar es una sentencia a un despido seguro. Ya pasó en los inicios de la pandemia, mandan gente de seguridad a pararse en el interior de las sucursales para que los trabajadores no se puedan juntar. A los compañeros que se solidarizaron con otros que estaban internados y subieron fotos en redes sociales, los llamaron y les dijeron que no publiquen nada porque iba a tener problemas”.
Castro cuenta que hay otros delegados que quieren hablar pero tienen miedo. Sin embargo, lograron organizarse y crearon un canal de comunicación en Facebook bajo el nombre Trabajadores Autocombocados Coto, donde publican información sobre los contagios.
“Tenemos una reunión pendiente con el sindicato de Comercio. Si bien tenemos su apoyo, no es la ayuda contundente que nosotros esperamos. Seguimos reclamando a la empresa que implemente el protocolo que dictó el Gobierno para detener esta pandemia y cuidarnos”. En la sucursal de Quilmes, cuenta, hubo “un contagio masivo de 30 personas por semana y jamás activaron el protocolo”.
La gran cantidad de denuncias que recibió la línea 147 por los contagios en las sucursales de Coto de la Ciudad de Buenos Aires, desencadenó en una denuncia penal realizada por el fiscal federal Franco Picardi, donde detalla que lxs empleadxs habrían contraído el virus “sin que, con posterioridad, fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso”, según informó el portal de noticias Gestión Sindical. Para Picardi hay “motivos suficientes” para formular las imputaciones por presuntas “conductas delictivas” a los responsables de las sucursales. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.
