Argentina. Jubilados: lejos de las promesas de campaña

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“Los jubilados y pensionados recibirán un porcentaje y una suma fija, lo que determinará que los que menos cobran perciban proporcionalmente más que los que más ganan. Se estima que así los aumentos podrían rondar entre el 11/12% para el segmento más bajo descendiendo hasta poco más del 4% para los que más cobran”, informó Clarín. Quienes cobran la jubilación mínima, es decir, los más beneficiados por el esquema del Gobierno, pasarán de cobrar $ 14.068, a cobrar alrededor de $15.750. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli,​ darán este viernes una conferencia de prensa en donde informarán el aumento que regirá entre marzo y mayo para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM). En total, el decreto que reemplazará a la fórmula de movilidad, abarca a cerca de 18 millones de personas. Lejos de las promesas de campaña, que prometían un aumento del 20% para todos los jubilados desde el 10 diciembre.


De acuerdo a lo difundido por el periodista Ismael Bermúdez en Clarín, desde Economía insistieron en que el objetivo de la suspensión de la fórmula de movilidad era generar un “ahorro fiscal” y que por lo tanto el aumento global debía ser inferior al 11,56% que establecía la fórmula de movilidad.

Los jubilados y pensionados recibirán un porcentaje y una suma fija, lo que determinará que los que menos cobran perciban proporcionalmente más que los que más ganan. Se estima que así los aumentos podrían rondar entre el 11/12% para el segmento más bajo, descendiendo hasta poco más del 4% para los que más cobran.

De esta forma, el haber mínimo, hoy de $14.068, podría rondar los $15.750. A partir de ese valor, las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento porcentualmente más bajo y acentuarían la pérdida del 19,5% que, punta a punta, tuvieron con la fórmula suspendida entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019. Por encima del haber mínimo hay 2,8 millones de jubilados y pensionados.

Asimismo, los 2,2 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un incremento superior al 11,56 %. Actualmente la Asignación es de $ 2.746 por hijo.

En el caso de que el aumento global fuese del 9 %, el ajuste fiscal previsional y social respecto de la fórmula suspendida sería de $ 5.000 millones mensuales o unos $ 55.000 millones en 2020, solo para el segmento de jubilaciones y pensiones. Si en junio se repitiera el aumento trimestral por decreto por debajo del incremento de la formula suspendida (11/12 %), en 2020 el “ajuste fiscal previsional” podría superar los $ 100.000 millones. Es exactamente el mismo valor que buscó ahorrar Macri con el cambio en la ley de movilidad en diciembre de 2017.

Con el 10 % de incremento global, el ajuste fiscal rondaría los $ 3.500 millones o casi $ 40.000 millones, a lo que habría que sumar el ajuste de junio.

Mientras el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional y los especuladores la renegociación de la deuda, sin siquiera investigar su legitimidad, los jubilados que cobran por encima de $ 19.000 son la prenda de cambio en la negociación.

Opinión

La abogada previsional, Silvia Arce, destacó: “[…] achicar la pirámide de jubilaciones puede generar litigiosidad previsional y me parece que ya es tiempo de que los abuelos dejen de tener que recurrir a la Justicia. Hay que evaluar cuánto es el perjuicio de los jubilados en marzo cuando esté decretada la medida. Va a ser por decreto en marzo y en junio y durante esos meses se va a estudiar la nueva fórmula”.

Lo ideal en este escenario hubiera sido suspender la fórmula de actualización teniendo otra ya lista, y que los aumentos a los jubilados no dependan de un decreto del Ejecutivo. En este sentido, mientras se trabaja en esta nueva actualización, Arce planteó el principal punto a tener en cuenta.

Silvia Arce, abogada previsional

“Con el nivel de inflación que tenemos hoy, es importante que los jubilados al menos tengan una cláusula gatillo que, en caso de que la fórmula que decidan vaya por inflación, sea por inflación. Porque el problema mayor que tenemos como país es que en los últimos dos años estamos superando el 100% de inflación. Si el jubilado cobra por debajo de la inflación, nunca va a recuperar su poder adquisitivo”.

Otro problema que afecta al bolsillo de los abuelos es el precio de los medicamentos. “Una medida importante que se está esperando es que al menos los jubilados que cobran la mínima tengan el 100% de cobertura en medicamentos”, resaltó la abogada. Esta fue una propuesta de campaña. Mientras esto se define, Arce destacó las medidas efectivas que se tomaron para asegurar un buen verano para los jubilados: “La suspensión de pagos de los créditos Argenta durante enero, febrero y marzo; la baja del interés de estos créditos en un 12%; la redistribución de las cuotas que no se pagaron en los meses siguientes; los bonos, y la devolución de estos bonos que las entidades privadas les sacaron en diciembre”.

El impacto de la gestión macrista sobre los jubilados

El Centro de Economía Política Argentina, junto al Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores y la Asociación de Gerontología Comunitaria, elaboró un informe sobre la situación de las personas mayores en la Argentina. En el documento se refleja el impacto en las políticas económicas de la gestión del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) sobre la población de adultos mayores.

Según destacó el informe “la pérdida de poder adquisitivo acumulada de los ingresos de los adultos mayores en los últimos casi 5 años ha sido sensible. La jubilación mínima en enero alcanza los $ 14.068, lo que implica un aumento de 268,1% entre mayo de 2015 y dicho mes mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 455,0%, e incluso, con la cobertura de PAMI, ascendió a 338,1%”.

De esta manera, el texto subraya que el comportamiento reciente de las políticas para los adultos mayores “se modificó de manera sensible con el nuevo Gobierno: entre mayo de 2015 y noviembre de 2019, el aumento acumulado de precios de medicamentos alcanzó 490%, para luego reducirse en diciembre a 455%, manteniéndose los mismos valores en el mes de enero”. En este mismo sentido, también se señala que los precios de PAMI no siguieron con la misma lógica ya que a “la par del congelamiento de los precios de medicamentos, el precio para afiliado de PAMI se incrementó entre noviembre de 2019 y enero de 2020 en 5,2%».

Desde otra perspectiva, el documento reconoce a partir del cambio de Gobierno un impacto positivo y subrayó: “El incremento jubilatorio acompañado de la reducción de precios de medicamentos permitió una recuperación de 8 puntos porcentuales si se considera solo la movilidad y de 29 puntos porcentuales si se toma en cuenta el bono de los meses de diciembre y enero”.

Jubilación en dólares e inflación en medicamentos

Por otro lado, el ensayo estadístico expone que la pérdida es significativa cuando se observa la evolución de la jubilación en dólares: “la jubilación actual implica la reducción de casi la mitad del promedio de la jubilación mínima en dólares en 2015”, enfatiza.

Además, se resaltó que “el aumento inflacionario de los medicamentos sumado a la quita de la entrega gratuita por parte de PAMI (durante la gestión Cambiemos, se limitó la entrega a quienes perciben menos de 1,5 haber mínimo y con informe económico social, además de un engorroso trámite) deja a las personas mayores en situación de gran fragilidad, donde es muy probable que la morbi-mortalidad aumente en los próximos años debido a estas causas”.

En este mismo sentido, el informe destacó que “si se analiza la evolución del poder de compra medido en medicamentos, se percibe una brutal caída en el período mayo 2015 a noviembre de 2019, que implica la pérdida de la mitad del poder adquisitivo”.

La crisis millonaria del PAMI: “Se fueron sin pagar”

La titular del PAMI, Luana Volnovich, reveló que el organismo tiene una deuda con proveedores de 19.000 millones de pesos y un déficit operativo de 18.600 millones de pesos. «Encontramos un organismo muy complicado, con muchos problemas de gestión. Y cada uno de esos problemas son un padecimiento para millones de personas«, declaró la funcionaria a y agregó que esa crisis se traduce en que no hay cobertura para afiliados: «Se ve reflejado en que no hay prestaciones, medicamentos, kit de ostomía, prótesis, muchas cosas que para los afiliados hacen la diferencia entre vivir o no vivir».

«Es un tema muy sensible y los productos son carísimos. Muchas personas, si no tienen la cobertura del PAMI no pueden acceder. Y esto hace a la integridad de la vida de las personas. Había 8.600 personas que esperaban sus kits de ostomía«, explicó. Sucede que el año pasado no se entregan los kits, fundamentales para que las personas puedan adaptarse a la vida después de una colostomía, ileostomía o urostomía. El equipo de Volnovich se encontró con que el problema no era que no había dinero para cubrir los reclamos, sino que los kits estaban «arrumbados en distintos depósitos venciéndose». La auditoría que llevó a cabo el organismo detectó que hasta el momento, se encontraron 30.000 de estas cajas, y que en las próximas horas la cifra podría llegar a las 37.000, y que el resto podría haberse perdido.

El secretario general del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rubén Sajem, manifestó que “la situación en que han quedado las dos principales obras sociales luego de estos cuatro años, PAMI y IOMA, es calamitosa. En el PAMI, por ejemplo, la anterior gestión dejó una situación de deuda de 19.000 millones de pesos, la deuda actual, que en su mayor parte corresponde a medicamentos”. El 40% de los medicamentos recetados en Argentina, lo son a través de recetas de PAMI, y el Instituto no ha ayudado ni a los pacientes a acceder a sus medicamentos, ni tampoco a las farmacias.

“Las farmacias, sobre todo las pequeñas y medianas, no han soportado las demoras en los pagos, y las condiciones de financiación y descuentos que ha exigido el PAMI. La situación es que al día de hoy muchas farmacias argentinas ya no pueden atender a los jubilados. Esperamos que con la actual gestión esta situación se revierta, ya que se ha manifestado que se contará con las 12.000 farmacias del país para que puedan atender a los jubilados como corresponde”, completó el directivo.

Foto: Mirada Profesional

Por su parte, desde el Sindicato de trabajadores bioquímicos recordaron que en 2019, cerraron 79 farmacias y 18 laboratorios de análisis.

Este escenario trajo como resultado que los pacientes no pudieran acceder a sus medicamentos. La caída en las ventas de las farmacias, medida en los dos últimos años (2018 y 2019) llegó a 78 millones de unidades, y fue de 40 millones de unidades durante 2019, expresó Sajem.

Y añadió que “esto se suma a los 38 millones de unidades menos de medicamentos que se vendieron durante el 2018, con lo que se llega a una situación altamente preocupante. En primer lugar, preocupante para los pacientes, ya que entre los tratamientos caídos el relevamiento incluye medicamentos para enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, glaucoma y antibióticos, entre otros. También preocupante para la situación financiera de las farmacias, por la caída en sus ventas”.

Analizan opciones para gravar las jubilaciones de privilegio de los jueces

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de gravar con el Impuesto a las Ganancias las jubilaciones de los jueces, tal como lo prometió el presidente Alberto Fernández respecto de todos los regímenes de privilegio. Como se trata de un régimen especial de jubilaciones, amparado por la Constitución, se estudian mecanismos especiales.

Una de las opciones para que estas jubilaciones de privilegio, consideradas “intangibles”, comiencen a tributar pasaría por aumentar el monto de sus actuales contribuciones a la seguridad social de la Anses. Según trascendió, incluso circuló un borrador que proponía aumentar la imposición al 21%, contemplando un 7% adicional cuando estas jubilaciones superen los 100.000 pesos. Se evaluó la posibilidad de que el presidente firme un decreto en este sentido, pero el tema aún no está decidido y podría intentarse la vía legislativa.

El debate en torno a las “jubilaciones de privilegio” del Poder Judicial, el cuerpo diplomático y los ex funcionarios del Poder Ejecutivo se dio como parte de la discusión de la Ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva. Finalmente la ley estableció el congelamiento por 180 días de la actualización de las jubilaciones, excepto la de estos regímenes especiales, lo que se justificó por el temor a una ola de juicios contra el Estado. Pero Fernández se comprometió a avanzar en una normativa para modificar esas jubilaciones de privilegio.

Ante la complejidad de la situación, el Gobierno postergó el tratamiento parlamentario de la cuestión y formó una comisión que evaluará el sistema previsional, que estará integrada por legisladores y representantes del Ejecutivo y será responsable de proponer una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones en un plazo de seis meses.

La iniciativa es resistida por el Poder Judicial, que afirma que su régimen jubilatorio no es “de privilegio” ya que los jueces aportan 10% más que un trabajador en relación de dependencia. En este sentido, anticipan que cualquier intento de imponer un nuevo gravamen desencadenaría una oleada de juicios.

Por otro lado, se alzan cada vez más voces que recuerdan que hay magistrados que cobran jubilaciones de hasta 700.000 pesos mensuales, respecto de las que no tributan, lo que plantea un esquema de fuerte desigualdad ante la ley.

Fuentes: APU, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Clarín, Redacción EDA, Diario BAE.

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