Las condiciones de detención de niños, niñas y adolescentes no podrán ser auditadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Así los dispusieron los jueces, Eduardo Rafael Riggi y Liliana Catucci, recientemente, con el voto en disidencia de Ana María Figueroa, todos integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación. De ese modo, los “hogares” que habitan los chicos privados de libertad seguirán siendo un coto cerrado a toda inspección, acrecentando la incertidumbre sobre la cantidad de menores encerrados, el trato que reciben, las condiciones edilicias que los cerca, los alimentos que ingieren o los medicamentos que reciben o les son negados. Recordemos que estamos en la Argentina, donde todos estos rubros son desastrosos en las cárceles de adultos con récord de detenidos, muertes y torturas en la etapa constitucional.
La PPN adelantó que recurrirá lo resuelto ante la Corte Suprema de Justicia como así también estudia llevar el caso ante instancias internacionales, expresando “una enorme preocupación por el fallo que convalida la situación del sistema penal juvenil que ya ha merecido la condena de organismos internacionales y profundiza la vulnerabilidad y desprotección de un sector de la población penal históricamente postergado”.