Argentina. En los barrios pobres, nuestra pandemia es la policía

¡LIBERACIÓN INMEDIATA PARA MIGUEL ÁNGEL «NACHO» ACOSTA!

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Este jueves hemos recibido la denuncia de Luisa Acosta, mamá de Miguel Ángel «Nacho» Herrera de 18 años de edad, quien el día 16 de abril, fue víctima de la desigualdad que provoca la diferencia de clase y del ya conocido y repudiado abuso de autoridad por parte de la policía de Monte Caseros. Ayer Nacho tuvo un accidente de tránsito. Su moto sufrió el impacto de otra moto que manejaba Claudio Rupani. Ambos fueron hospitalizados y, luego de un chequeo médico y sin haber sufrido heridas graves, los dos hombres fueron dados de alta esa misma noche. Ayer, en horas del mediodía, Nacho se dirigía a hacer un trámite relacionado con el accidente acompañado por su mamá, cuando en la vía pública los detiene un móvil policial y le comunican a Nacho que debía acompañarlos a la comisaría ya que el comisario necesitaba tomarle una declaración respecto al accidente del día anterior. Nacho hizo lo que la policía le pidió, y una vez en la comisaría lo dejaron detenido haciéndole saber a su mamá que quedaría allí por 19 días sin visitas. El comisario utilizó como excusa el hecho de que Nacho había violado la cuarentena el día del accidente y que además era culpable del mismo. (Anahí Andrade es hermana de Nino Largueri, desaparecido y asesinado por la Policía de Corrientes. Más abajo, el resto del texto).

Antes que nada queremos destacar que el día del accidente Nacho venía de realizar un trabajo de albañilería en la casa de su hermana, y que pese a la emergencia sanitaria que estamos atravesando y de tomar los recaudos necesarios, para muchos laburantes es imposible quedarnos en casa ya que si no trabajamos no podemos generar un ingreso para sostener a nuestras familias.

También es importante mencionar que Nacho viene siendo hostigado y perseguido por la policía desde hace un tiempo. Su madre vio cómo en la comisaría lo golpeaban luego de ser detenido. Está desesperada por la situación y teme por la vida de su hijo.

Cabe señalar que la otra víctima del accidente, Claudio Rupani es reconocido por su participación en el sector político, formó parte de la lista como concejal por el PJ en las últimas elecciones y es allegado de Eduardo Galantini, quien incluso se hizo presente en el hospital.

Rupani no está preso ni está siendo hostigado ni golpeado por la policía de Monte Caseros, sino que está en libertad a pesar de haber incumplido la cuarentena el día del accidente.

A esta costumbre que tiene el poder político, la justicia, y la policía de medir con diferentes varas el accionar de los ciudadanos es lo que nosotros denunciamos como privilegios de clase. Una vez más todas estas instituciones expresan con este accionar su abuso de poder contra los más desprotegidos.

Así también lo demuestra la institución policial hostigando, criminalizando, e incluso entrando a los tiros en los barrios más humildes para disciplinar a los pibes todas las noches. Recordamos también que fue haciendo uso de estas mismas prácticas que en el año 2015 la policía secuestró, torturó, desapareció y asesinó a Nino Largueri. El caso del asesinato de Nino por parte de la policía de Monte Caseros es ampliamente conocido por toda nuestra comunidad y ha recorrido todo el territorio nacional, desenmascarando lo peor de esta nefasta institución y el rol que cumple la justicia al encubrir el crimen y garantizarle impunidad y libertad a los policías que todos reconocemos como a los asesinos de Nino.

Repudiamos este accionar contra el joven Miguel Ángel «Nacho» Herrera. Exigimos que cesen los golpes, el hostigamiento y el abuso de autoridad hacia las personas de los barrios vulnerables por parte de la policía de Monte Caseros.

Queremos la liberación de Nacho ya mismo y que las investigaciones que deban realizarse se hagan en los ámbitos correspondientes sin detenidos por «portación de cara». La justicia debe ser imparcial y no guiarse por la condición de clase de los ciudadanos. Exigimos respuestas concretas y coherentes para Nacho y su familia y hacemos responsables a la policía y a la justicia de su integridad física.

MÁS DEL 95% DE LA POBLACIÓN DETENIDA ESTÁ EN CONDICIONES INFRAHUMANAS

Mujeres en prisión y pandemia

Agencia Para la Libertad

(Agencia Andar) En sus fallos, normas y disposiciones los tres poderes del Estado coinciden en señalar a las mujeres, en particular a las mujeres madres, como un colectivo vulnerable. Pero pocas veces la letra se traduce en política pública efectiva y las desigualdades que dejó en evidencia la pandemia en tantos otros aspectos se agudizan en el encierro.

“Hay muchas mujeres esperando encontrarse con sus hijos y corriendo el riesgo de que esta pandemia y la sobrepoblación hagan un desastre”, dice Canela Bella, referente de Proyecto Mecha, y sabe de lo que habla: ella tuvo a sus dos hijos estando detenida. Incluso antes de la pandemia, en el marco de la mesa de diálogo interinstitucional conformada para trabajar sobre la grave crisis humanitaria del sistema de encierro de la Provincia, se evaluaron medidas para esta población entre las cuales se destacó el acceso a la prisión domiciliaria.

Pero el sistema penal, tanto desde sus actores judiciales como penitenciarios y ministeriales, entienden como “madres” sólo a aquellas mujeres que tienen hijos o hijas menores de 5 años, la mayoría de ellas alojadas en la Unidad 33 de Los Hornos en el caso de la Provincia. Son 77 mujeres de las cuales unas 25 accedieron en este último tiempo a la morigeración de su pena con esta modalidad.

“El rango etario para otorgar es con niños menores de 5 años a cargo y creemos que tendría que crecer ese rango, por lo menos hasta los 12 años. Los niños necesitan estar con la madre siempre, pero más en esas edades y venimos peleando por eso. Pedimos un montón de arrestos domiciliarios, algunas no consiguen domicilio, otras se los niegan sus jueces a algunas se les suspendió la transitoria, otras madres tienen a sus niños en hogares. Hay muchas compañeras en preventiva por tenencia de estupefacientes con fines, con penas posibles de 3 años en preventiva; bueno y así cosas innumerables: los niños encarcelados que no pueden ir con sus familiares a pasear porque está la cuarentena, y las chicas dentro de la cárcel teniendo ya poca visita por ser mujeres: eso ya lo sabemos, que las que les llevan sus cosas son otras mujeres también cabezas de familia, o mayores de 60 que crían a sus nietos y tienen que transgredir la cuarentena para poder abastecer las necesidades que el estado no abastece”, enumera Canela.

De las 2151 mujeres detenidas sólo el 21% (un total de 462) ha accedido a un arresto monitoreado fuera de los penales de la Provincia. Quienes gozan de esta morigeración también están a cargo del estado y requieren de políticas públicas específicas, que no existen. Andrea Casamento, referente de ACIFAD una asociación civil de familiares de detenidos, evalúa que para ellas la situación es crítica. “Las personas que están saliendo con arresto domiciliario no conocen mucho cuáles son los circuitos dentro de sus propios municipios: no tienen idea dónde hay un comedor, dónde pueden pedir ayuda, muchas tienen que tramitar ahora la AUH porque mientras estuvieron detenidas no la pudieron tramitar y como todo está cerrado quedan aisladas ahí sin ninguna o con muy poca posibilidad”.

LLEVAR LA CÁRCEL A LA CASA

El acceso a la morigeración de la pena implica hoy para las personas detenidas que se lleven consigo muchas de las malas condiciones y agravamientos del encierro. La falta de comida, la inasistencia a la salud, el padecimiento de violencia. Casi no existen políticas públicas para esta modalidad de privación de la libertad y, si las hay, no se implementan.

Estefanía es integrante de Proyecto Mecha y cumple con un arresto en su casa desde hace tres años. “Lo más difícil es poder encontrar un sustento para solventar las necesidades básicas que van surgiendo día a día, sobre todo cuando sos madre. En mi caso, que soy primeriza, el estar encerrada más los miedos que te genera la maternidad los primeros tiempos hacen que necesites sobre todas las cosas contención, en primer lugar, contención de algún tipo porque la familia está abocada a poder conseguir recursos que permitan sustentar esas necesidades, principalmente en materia de salud o de alimentos”, señala.

Su bebé nació con problemas de salud y algo tan rutinario en los primeros meses de vida, como las consultas médicas, se volvía una odisea. “Lo más doloroso es cuando tu hijo tiene problemas de salud y requerís sí o sí de que otra persona cubra esas necesidades, que lo lleve a una guardia, a la pediatra porque vos no podes salir porque las autorizaciones tardan, porque a veces llegan y no te notifican, a veces no llegan la burocracia es un trastorno para estas situaciones. Uno de los problemas más importantes que tuve con respecto a los traslados fue que la policía exigía que me trasladaran esposada de pies y manos con mi hijo upa, recién nacido. Posteriormente, a partir de mi queja, decidieron que solamente me podían trasladar a mí sin mi hijo, lo cual no tenía sentido porque no podía pagar un taxi para que el chico fuera en un remis y que ellos me llevaran”.

La comida diaria es otro desafío, el sustento. “Los pañales, las cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas. Y con esto de la cuarentena se agudizó la situación porque es poco lo que se puede salir, es mucho lo que se consume al estar todos en la casa”, agrega Estefanía. Como ella, muchas mujeres sólo cuentan con la Asignación Universal por Hijo y algún bolsón de comida, que siempre es escaso y sólo cubre el abastecimiento de alimentos secos.

Desde ACIFAD detectaron que el Patronato de Liberados, el organismo a cargo del acompañamiento de quienes cumplen el arresto en sus casas, no está funcionando más que a través de llamados telefónicos, y buscan que los jueces u otros funcionarios responsables les avisen a los municipios que hay una persona con arresto domiciliario para que puedan llegar a ellas del mismo modo que llegan al resto de la población que está en sus casas. Hoy, más del 95% de la población detenida está alojada en cárceles, comisarías y alcaidías en condiciones infrahumanas. Volver a casa no puede ser llevarse la cárcel más allá de la restricción ambulatoria.

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En los barrios pobres, nuestra pandemia es la policía

 

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