Argentina. Economía de la violencia

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“Los destrozos costarán 10 millones” sentencia un zócalo de un conocido canal de noticias. Este tipo de informes ya son rutina después de cada movilización donde hubo represión, detenciones y destrozos en las calles durante los enfrentamientos. En este caso la cifra fue de “10 millones”. Adentro del congreso se debatía la aprobación de un presupuesto con un enorme ajuste luego de un año donde la devaluación de la moneda tuvo una suba del dólar del 100%, la inflación ya superó el 30% (y se estima que superará ampliamente el 40%), generada por una fuga de capitales fomentada por las políticas públicas.

“10 millones” sería el costo de los destrozos. Un costo que “pagamos todos”. La ministra de Seguridad habla en conferencia de prensa, promete sanciones a los supuestos responsables de esa tremenda pérdida de 10 millones, las cámaras y las insinuaciones apuntan a detenidos, entre quienes se encuentran integrantes de movimientos sociales que realizan trabajo comunitario en comedores, merenderos, economías populares, educación y centros de salud. No hay ninguna imagen que muestre a esas personas detenidas generando los destrozos, sí hay una imagen de un policía plantándole una barreta a uno de ellos.

Volvamos a la cifra: “10 millones”, cifra que pagamos todos. No importa si fueron ellos o no, los medios disparan contra “los violentos” así, sin nombre, pero el foco apunta a detenidos sin importar lo que hicieron, porque sin prueba alguna esos detenidos nos estarían costando 10 millones. Esos destrozos se presentan como el motivo de todos nuestros males: la suba del pan, el tarifazo, las boletas de Edesur, todo para arreglar ese banquito que rompieron “los violentos”.

Ahora que la indignación está bien arriba, multipliquemos la cifra por mil: “10 mil millones” y hablemos de violencia. En el pasado mes de Junio los dos ex presidentes del Banco Central de este gobierno Federico Sturzenegger y Luis Caputo (en ese entonces todavía en el cargo) fueron denunciados por permitir una fuga de más de 10 mil millones.

La denuncia, publicada en el diario Ámbito Financiero, los acusa de múltiples delitos: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes del funcionario público; asociación ilícita; cohecho pasivo y activo; negociaciones incompatibles, y tráfico de influencias

Xenofobia gubernamental ¿Efecto Bolsonaro?

“Vamos a acelerar el proceso de deportación de extranjeros” declaró Patricia Bullrich en conferencia de prensa. Además de personas de nacionalidad venezolana detenidas, hubo un detenido de nacionalidad turca, que no formaba parte de la movilización. Sobre ellos cae el viejo chivo expiatorio del “extranjero”. A las declaraciones de Bullrich se suman las del peronista Miguel Angel Pichetto, quien votó a favor del presupuesto de ajuste. Pichetto ya tiene un archivo de declaraciones xenófobas contra diversos sectores de la población: conocidas fueron sus declaraciones contra inmigrantes senegaleses, pero también cuando hizo la distinción entre “Judíos argentinos y argentinos argentinos” en una intervención en torno a los atentados en la AMIA y la Embajada de Israel en los años 90.

El nacionalismo aparece para discriminar a la clase trabajadora inmigrante, pero no a quienes realizan negocios especulativos fugando capitales. Lo mismo ocurre a la otra de señalar a alguien como “violento”.

Violencia en el congreso

Dentro del recinto la violencia también fue ejercida por el oficialismo. El diputado Nicolás Massot intentó resolver por la vía de la violencia física las diferencias ideológicas. Incluso invitó por las redes sociales a otro diputado a resolver las diferencias “a la salida”. Este no fue un hecho aislado, ya que en diciembre del año pasado el diputado Emilio Monzó había intentado golpear a Leopoldo Moreau. En la red social Twiter, el diputado justificó su accionar aludiendo al “honor familiar”. Nicolas Massot es hijo de Vicente Massot, quien durante el pasado gobierno de facto  fue director del diario “La Nueva Provincia”, del que hace poco su familia se desligó. La familia Massot fue acusada de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El machismo expresado en su tweet al hablar de “hombría” resulta consecuente con su postura en contra del proyecto del de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), postura que paradógicamente defiende en nombre de los “derechos humanos”.

Mientras desde los medios hegemónicos se señala a sectores vulnerables como “violentos”, los ajustes afectan a escuelas, hospitales públicos, y asistencias sociales generando violencia. Una pregunta resulta pertinente para cerrar estas palabras: ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de violencia?

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anred.org/?p=105769

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