Argentina. Desaparecidos en democracia: Son casi 200 y el Estado es responsable

María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, recuerda a las personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia y destaca un factor en común en casi todos los casos: jóvenes pobres, con una historia previa de hostigamiento policial.


El 24 de diciembre de 1983, José Luis Franco, de 23 años, fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico. Trasladado a la comisaría 11ª, un habeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Apenas 14 días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguró la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia. 

Personas desaparecidas en democracia: a veces sus cuerpos fueron hallados días o años después pero en muchísimos casos seguimos reclamando saber dónde están.

En los años posteriores, a los hoy confirmados desaparecidos en la represión de La Tablada (Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samojedny y Pancho Provenzano) se sumaron Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Guardati en Mendoza; Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos; Andrés Núñez, Miguel Bru, Elías Gorosito, Jorge Julio López y Luciano Arruga en Buenos Aires; Iván Torres y Julián Antillanca en Chubut; César Mansilla en Tucumán; Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en CABA; Otoño Uriarte y Daniel Solano en Río Negro; Franco Casco y  Carlos Orellano en Rosario; Alejandro Flores, Facundo Rivera Alegre e Ismael Sosa en Córdoba; Nino Largueri en Corrientes; Santiago Maldonado en Chubut, para llegar, con Luis Armando Espinoza en Tucumán, Francisco Valentín Cruz y Facundo Astudillo Castro, ambos en la provincia de Buenos Aires, hoy, a un total de 198 personas desaparecidas en democracia.

A veces, sus cuerpos fueron hallados, días o años después, pero en muchísimos casos seguimos reclamando saber dónde están. El elemento común es que son personas vistas por última vez cuando eran detenidas o estaban bajo el poder de hecho de las fuerzas de seguridad, cuyos cuerpos, tras ser torturadas o asesinadas bajo custodia, fueron desaparecidos para evitar la investigación.

La enorme mayoría son jóvenes pobres, con una historia previa de hostigamiento, por denuncias que venían realizando, o porque se resistían a ser reclutadas. 

Hay un puñado de casos que sobresalen por sus particulares circunstancias, como Jorge Julio López -testigo y querellante de la emblemática causa Von Vernich, desaparecido el día de los alegatos-; Daniel Solano -trabajador frutihortícola de Choele Choel que venía impulsando la organización sindical contra las condiciones de trabajo de híper explotación que imponía la empresa Agrocosecha- o Santiago Maldonado -primer desaparecido en el marco de la represión de una fuerza federal a un conflicto de tierras de una comunidad originaria. Pero la enorme mayoría son jóvenes pobres, con una historia previa de hostigamiento, por denuncias que venían realizando, o porque se resistían a ser reclutadas como mano de obra para alguna de las muchas variantes de la criminalidad policial que explotan a lxs más vulnerables.

Hoy, mientras exigimos verdad y justicia por Luis Armando Espinoza y Francisco Valentín Cruz y aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, no nos olvidamos que son casi 200, y que, como lxs desapareció una fuerza de seguridad, el Estado es responsable.

 * María del Carmen Verdú.  Abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.

Fotos: Juan Pablo Barrientos

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