Argentina. A cuatro años del asesinato de Jorge Reyna por la policía de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, seguimos reclamando justicia
Jorge Daniel Reyna tenía 17 años. Era de San Esteban, un pequeño pueblo de no más de 1000 habitantes, ubicado al norte de la provincia de Córdoba. El sábado 26 de Octubre de 2013 fue detenido en la comisaría de la localidad aledaña, Capilla del Monte, a cargo en ese momento del Comisario Juan Castro, por un presunto robo, donde tras ser golpeado salvajemente por la policía, fallece.
De inmediato trascendió la versión policial de que Jorge se había suicidado ahorcándose con una campera. Sin embargo, y luego de escuchar ridículas y contradictorias hipótesis, la única certeza que tenemos es que Jorgito no se suicidó.
La noche del 26 de octubre cuando su mamá, Olga, se acercó a la comisaría no le permitieron ver a su hijo, decían que podía entorpecer el caso. Esa misma noche lo llevaron a Córdoba para realizarle la autopsia, que luego la fiscal les confirmó, “muerte por asfixia mecánica”. Según recuerda Olga, los golpes los tenía todos del lado izquierdo: cejas, piernas, costillas. Se lo entregaron casi desnudo, con la camisa de a cuadros desabrochada. “El domingo lo velamos, el lunes lo sepultamos. Se movieron rápido”, explicó la mamá. Ante la evidencia de los golpes, la fiscal Alejandra Hillman, aludió que los mismos fueron producto del traslado de la ambulancia por el camino sinuoso.
Estas prácticas de violencia institucional se han extendido en todo nuestro país. Los aparentes suicidios son prensa de manera corriente, siendo un procedimiento más del modus operandi policial. Jorgito, como tantos pibes, cuyos nombres no aparecen en ningún lado, fue asesinado dentro de la comisaría de nuestro pueblo. Pero, en esta triste lista de jóvenes asesinados en manos de la policía, la lucha colectiva también se fortalece. Así, muchas madres comenzaron a juntarse, para visibilizar los casos, potenciar la organización y el reclamo de justicia. Hoy Jorgito, está junto al reclamo de muchas madres y padres que se juntan en la Coordinadora de Familiares contra el Gatillo Fácil de Córdoba. Desde este espacio, con la fuerza histórica que batallan las madres, la muerte de sus hijos se hace un camino inexorable de lucha contra la impunidad, por la verdad y el derecho a la vida de todas y todos los jóvenes.
El accionar violento en los operativos policiales, los allanamientos, las detenciones arbitrarias, la tortura, las muertes en situación de encierro, tienen a los y las jóvenes de los barrios populares como su blanco predilecto, bajo la aplicación de diferentes artículos del inconstitucional Código de Convivencia. La impunidad de ayer continúa hoy cuando en democracia las estadísticas dan cuenta que hay un muerto cada 25 horas por gatillo fácil. Así, la institución policial demuestra su doble vida: su fuerza y estructura se organiza para combatir el delito, pero también para cometerlo. Es una agencia del Estado que practica sistemáticamente el delito: entre los años 2011 y 2015 hubieron 59 víctimas fatales en manos de agentes de seguridad del Estado de la provincia de Córdoba. La policía provincial fue la responsable del 83% de las muertes, el resto correspondió a personal del Servicio Penitenciario; Gendarmería Nacional, Ejército y Complejo Esperanza.
Hoy le ponemos nombres a la impunidad: la responsabilidad política del renunciado intendente Gustavo Sez, la desidia judicial quien tuvo en su momento a la fiscal Alejandra Hillman, cómplices y funcionales a las políticas represivas de la provincia de Córdoba. El entonces comisario Juan Castro, el subcomisario Marcos Ariel Villagra, el sargento primero Jorge Esteban Valencio y Amelia del Valle Rivero, el cabo Germán Gonzalo Zalazar, la oficial subinspector María Eugenia Villagra, el cabo primero Pereyra y los policías Tello, Cáceres y Ruarte. Un entramado que es parte de una política sistemática, ya que siguen siendo muchos los jóvenes del país que suman la triste lista de casos similares a los de Jorge Reyna. Las situaciones de hostigamiento, represión y asesinato hacia los y las jóvenes de barrios populares se siguen cometiendo en mano de las fuerzas represivas del Estado, por mandato de gobernantes que responden al poder económico que pretende mantenernos en la pobreza, sumisos y sin esperanza de nada.
Porque no queremos que esta causa sea otro ejemplo de la impunidad judicial y que pase a ser una más entre los tantos expedientes archivados y perdidos en la burocracia de la justicia. Porque no queremos que la vida de las y los pibes de nuestros barrios siga siendo criminalizada, perseguida, asesinada. Porque no queremos que el miedo sea la forma de relacionarnos y que el maltrato policial sea naturalizado. Seguiremos en las calles, juntos/as, organizados y organizadas, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia.
Desde distintas formas la muerte de Jorgito la quieran seguir silenciando. Un claro ejemplo de ello es la inoperatividad de una justicia cómplice, que se ha transformado en un pilar fundamental y necesario para garantizar la violencia estatal contra los y las ciudadanas desde una impunidad sistemática. A lo largo de estos 4 años entendimos que vivimos frente a la arbitrariedad de un Estado que proclama la ley a la vez que garantiza la represión; lo ilegal entonces es tolerado por el mismo Estado que construye una legalidad represiva y habilita la aplicación de la violencia institucionalizada.
No sólo le arrebataron su vida, le llevaron hasta los colores que lo recordaban en el mural realizado en su memoria de la canchita El Tala. Sin embargo, sólo lograron ponerle color a la impunidad: intentar desaparecerlo los hizo más cómplices. Borrar su memoria, su testimonio de vida, la evidencia de su existencia, hace urgente la petición por verdad, memoria y justicia.
La continuidad de una legalidad represiva, de una violencia institucionalizada HOY nos hace exigir justicia ante la impunidad del crimen de SANTIAGO MALDONADO, LUCIANO ARRUGA, la desaparición de FACUNDO RIVERA ALEGRE, YAMILA CUELLO, MARITA VERÓN, JULIO LÓPEZ, Y TANTOS Y TANTAS QUE HOY TAMBIÉN SEGUIMOS BUSCANDO.
En el país del NUNCA MÁS, salimos nuevamente a las calles por la memoria de Jorgito. Porque el Estado es Responsable. Este 26 nos convocamos para seguir exigiendo justicia, para hacerlo presente en la memoria colectiva de un pueblo que no olvide!!!
· Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de Jorge Reyna
· Basta de criminalización y persecución policial a las y los jóvenes
· Derogación ya del Código de convivencia
· Basta de gatillo fácil
· Basta de corrupción judicial, política y policial
INVITAN: FAMILIARES, AMIGOS Y AMIGAS DE JORGE REYNA
Facebook: Justicia X Jorge Reyna