Argentina. Cuando la xenofobia se convierte en una política pública

Por Estefanía Santoro Publicado el 21 Feb, 2019

Mauricio Macri y Patricia Bullrich bajan la línea que levantan -por ejemplo- Gerardo Morales en Jujuy y Mariano Arcioni en Chubut, entre muchos otros adeptos a criminalizar a los migrantes. La Argentina xenófoba, racista y discriminadora está en mode-on.

A principios de febrero de 2019, Vanessa Gómez fue expulsada del país. En consecuencia, separada de sus dos hijxs, menores de edad. Ahora, la Dirección Nacional de Migraciones pretende expulsar a una mujer que padece una enfermedad terminal, poniendo en riesgo su vida, y que también sería apartada de sus hijxs menores.

El gobierno nacional, conducido por Mauricio Macri, pretende instalar discursos que asocian a la migración con la delincuencia. Esa bajada de línea está basada en datos falsos y prejuicios que legitiman la violación de los derechos y la discriminación a lxs migrantes.

Estos son apenas dos casos que ejemplifican cómo esta política ignora leyes, tratados internacionales y hasta la propia Constitución Nacional. En consonancia con esta idea, se suben a la ola de xenofobia el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con un decreto que prohíbe el ingreso a extranjerxs que posean antecedentes penales, y Gerardo Morales, de Jujuy, con un proyecto que establece cobrar atención médica a migrantes.

Esta nueva política migratoria se vuelve siniestra al conocerse que -el 30 de enero- la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión de una mujer que padece cáncer de mama, y que se encuentra internada en grave estado de salud. La mujer enfermó en 2017, y desde ese año se le otorgó arresto domiciliario. Sin embargo, actualmente se encuentra internada en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, debido a su delicado estado de salud, con un avance de la enfermedad, que está afectando su columna vertebral y cráneo. La Procuración Penitenciaria presentó una nota al Director Nacional de Migraciones para que revise el caso y revierta la expulsión, por el riesgo de vida que implicaría un traslado de larga distancia de la mujer, en caso de cumplirse la orden.

La mujer vive en Argentina desde hace más de 20 años, junto con su marido y sus tres hijxs. Dos de ellxs de nacionalidad argentina. La más pequeña, de apenas 7 años. Desde la Procuración advirtieron que la expulsión de la madre afectaría los derechos de la nena, especialmente el de una crianza acompañada, “vulnerando el interés superior de la niña, consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino”.

Vanessa Gómez fue expulsada. Vanessa es una joven peruana que -en 2014- cumplió una condena por infracción a la ley de drogas, que pudo reinsertarse socialmente, que estudió enfermería y que se desempeñaba en esa profesión. El lunes pasado, la policía fue a buscarla a su casa. La engañaron diciéndole que tenían que llevarla a firmar un papel. La dejaron detenida en una celda con su hijo de dos años, y sin mediar palabra, la obligaron a volver a su país natal, donde no posee familia, sólo un conocido. Tiene otros dos hijxs, de 5 y 14, de lxs que ni siquiera pudo despedirse. La justicia la deportó del país, amparándose en el artículo 70 de la Ley de Migraciones, el cual permitiría iniciar un procedimiento de expulsión a un extranjero que ya hubiese cumplido una condena de más de 3 años de prisión, pero siempre y cuando no se dieran una serie de excepciones que plantea la misma ley, una de la cuales es la situación de Vanessa: tener niños menores de edad a cargo, de nacionalidad argentina.

Juan Villanueva, abogado de Vanessa, consultado por Revista Cítrica, denunció que “el procedimiento que llevó adelante migraciones con Vanessa no es correcto porque parte de una interpretación sesgada y muy literal de un artículo, y habiendo interpretado también en abstracto la ley nacional migratoria, sin tener en cuenta toda la ley en concreto, donde el eje rector es el principio de reunificación familiar”.

“Se interpretó un artículo de la ley que permite la expulsión de extranjeros que hubiesen cumplido una condena de más de tres años de duración sin tener en cuenta el ordenamiento de jerarquías superior, que son la Constitución Nacional, los tratados internacionales en materia de los derechos de los migrantes y las mujeres, y antes que nada de los niños, porque acá hay tres hijos argentinos, menores de edad”, argumentó.

Campaña de desinformación

La legislatura jujeña aprobó un flamante proyecto solicitado por el gobernador local Gerardo Morales, en el que se exige cobrar atención médica a extranjerxs que se atiendan en la mencionada provincia. Morales aseguró que “el año pasado, Jujuy gastó unos 47 millones de pesos en atención sanitaria a extranjeros no residentes en la provincia”.

De esta forma, el polémico gobernador radical, alineado a la Alianza con Cambiemos, responsabilizó a los y las migrantes de causar una sobrepoblación en los hospitales públicos, y un exceso de costos, para ocultar que las verdaderas deficiencias que posee el sistema de salud jujeño son a causa de su desmantelamiento sistemático, y que apenas sobrevive al ajuste presupuestario feroz al que es sometido.

Los últimos datos estadísticos publicados por el Departamento Provincial de Bioestadística de la provincia de Jujuy pertenecen a 2016. Arrojaron como resultado que del total de nacidxs vivxs en establecimientos públicos de salud de esa provincia, sólo el 0,44% tenían madres con residencia fuera del país. Asimismo, del total de los egresos hospitalarios, sólo un 0,29% tenían residencia habitual en el extranjero. Estas cifras demuestran que la atención a extranjerxs en esa provincia representa un número muy reducido, que no tiene ninguna gravitación real en el sistema de salud.

En la misma línea, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó un decreto para prohibir el ingreso o –en su defecto- expulsar de la provincia a extranjerxs que posean antecedentes penales. La norma interpuesta sostiene que “la realidad actual de la Provincia de Chubut demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjeros”. Sin embargo, al igual que Morales, Arcioni se basa en afirmaciones carentes de datos estadísticos que comprueben empíricamente sus dichos.

Necesidad y urgencia para discriminar

El 30 de enero de 2017, el Poder Ejecutivo aprobó el DNU 70/17 (decreto de necesidad y urgencia), que modifica la Ley 25 871 de Migraciones y la Ley 346 de Nacionalidad, y permite la detención y deportación express de extranjerxs que posean cualquier tipo de proceso judicial, que tengan como pena posible la privación de libertad, y quienes posean faltas administrativas en el trámite migratorio, como -por ejemplo- no haber acreditado el ingreso al país en un lugar habilitado. Este DNU viola el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que el único requisito para acceder a la nacionalidad es acreditar dos años de residencia continua en el país.

Para justificar esta reforma como urgente y necesaria, la cual establecía una relación causal entre criminalidad y migración sin el debate previo que merece, el gobierno presentó datos estadísticos que demostraban que las cárceles argentinas poseían un alto porcentaje de personas de nacionalidad extranjera, privadas de su libertad.

Haciendo trampa en la lectura y análisis de los informes presentados por el Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria, el gobierno aseguró que el porcentaje de migrantes de la población total en las cárceles era de 21.35%, y que esa cifra aumentaba al 33% si se tenían en cuenta los delitos relacionados con el narcotráfico.

Lxs extranjerxs detenidxs en cárceles federales y provinciales representan apenas un 6% del total general

De esta forma, se alarmaba sobre una alta participación de lxs migrantes en los actos delictivos. No obstante, la lectura correcta del informe establece que lxs extranjerxs detenidxs en cárceles federales y provinciales representan apenas un 6% del total general. Con relación a las infracciones vinculadas con drogas, si se considera la cantidad de personas detenidas en todo el país, lxs argentinxs representan el 82%, y lxs extranjerxs un 18%.

Frente al endurecimiento de la política migratoria por parte de los gobiernos provinciales y nacional, que viola los derechos de las personas migrantes, avalado con reformas y discursos que legitiman la xenofobia, diversas organizaciones de derechos humanos -como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras- presentaron un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar estos retrocesos.

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