Argentina acumula más de 100.000 despidos desde que empezó la cuarentena: ¿qué se espera después de la pandemia?

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Entre personas que perdieron su trabajo, suspensiones y rebajas salariales, hay al menos 2,6 millones de ciudadanos afectados durante la emergencia sanitaria.

Un relevamiento del Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP – LID) alerta que desde el 20 de marzo hasta el 9 de mayo Argentina ya acumuló un total de 111.417 nuevas personas que perdieron sus empleos, en el marco de la emergencia sanitaria y la paralización de la actividad en varios sectores de la economía.

En la última semana analizada, la cifra creció drásticamente en 900 % porque se dieron a conocer los números del rubro de la construcción, seriamente afectado. «La gran mayoría de los despidos en ramas con alta tasa de informalidad no aparecían en ningún lado. En este caso, directamente cierran la obra y les dicen a los obreros que no vayan más», comenta Paula Varela, doctora en ciencias sociales y miembro del Observatorio. «Por eso, cuando la Cámara de la Construcción sacó sus propios cálculos, el número se disparó», aclara.

A su vez, desde que iniciaron el seguimiento registraron casi 1,8 millones de suspensiones y más de 750.000 rebajas salariales. De este forma, entre todos los afectados hay un universo de 2,6 millones de personas, en un país con una población económicamente activa de 13,4 millones, aunque la cantidad real de perjudicados podría ser mayor.

Para hacer su informe, el ODP – LID se basó en publicaciones de la prensa nacional y otras fuentes propias, como denuncias. Al no haber datos oficiales sobre el mercado laboral en el contexto de la pandemia, se debe aguardar a que algún sector empresario brinde más precisiones. «Hay miles de despidos que no aparecen como tales», advierte la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Además, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que hasta finales de abril, casi 500.000 trabajadores registrados ya estaban teniendo problemas para cobrar con normalidad, como descuentos y retrasos. Por esos días, refiriéndose exclusivamente a los empleados formales, los despidos alcanzaban los 6.600 y las suspensiones 11.400.

Entre tanto, los recortes continúan: este martes la petrolera estatal, YPF, definió que sus trabajadores contratados por fuera de los convenios colectivos tendrán dos días libres al mes, a cambio de una reducción del 10 % en su remuneración, aunque en algunos casos la quita puede llegar al 25 %.

Antes del brote global, en el segundo semestre del 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraba que había un 35,5 % de personas pobres. Ahora, entidades privadas estiman que, en el peor de los escenarios, la precariedad podría alcanzar a la mitad de la población cuando finalice la pandemia, y las previsiones menos pesimistas ubican la pobreza entre los 40 y 42 puntos porcentuales. Igualmente, nadie sabe cuándo terminará la crisis sanitaria.

Críticas al Gobierno y la dirigencia sindical

Para Varela, hay una contradicción entre el posicionamiento público del Gobierno y la realidad del colectivo trabajador: «Si miramos los decretos de la cuarentena, allí se prohíben expresamente las rebajas salariales, los despidos y las suspensiones. Si uno se queda con esa foto, puede decir que la postura oficial es la protección de los asalariados».

No obstante, opina que «esa política es impotente, o aparece como un doble discurso para la tribuna, pero el Estado no hace que tenga fuerza de ley». En esa línea, la titular del seminario ‘Los trabajadores en la Argentina actual’, dictado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarca que el presidente Alberto Fernández reprochó ante la prensa los despidos en la compañía Techint, pero luego «se homologó» la política empresarial. Finalmente, esa firma logró echar a casi 1.500 subordinados.

Las críticas de la académica también son para las grandes conducciones sindicales, históricamente cuestionadas desde la izquierda local por una actitud entreguista frente a las patronales. Puntualmente, se refiere al acuerdo entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) —la asociación gremial más importante del país—, firmado a fines de abril: «Contempla el 25 % de descuento salarial para los trabajadores suspendidos. Legitima y legaliza todo lo que los empresarios estaban tratando de negociar», describe.

Este pacto, «muy celebrado por el Gobierno», significó «un salto exponencial en la cantidad de rebajas de sueldos». También acota: «Habilitó a que todas las ramas de actividades firmasen acuerdos de quitas, en una situación muy difícil para que los trabajadores se organicen y resistan».

Sobre los casos más emblemáticos, destaca a la multinacional Mondelēz, dedicada al sector alimenticio, firma que trabajó con normalidad, pero que igualmente acordó suspensiones y rebajas salariales. «Hablamos de empresas con una espalda económica enorme, y muchísimos beneficios», subraya.

Por otro lado, la entrevistada dice que en Argentina «los trabajadores ya venían con un salario absolutamente devaluado». Es decir, la inflación de los últimos años creció más que los ingresos de la mayoría, complicando la capacidad de consumo. «La tendencia es que el sueldo siga cayendo. Así, la fuerza de trabajo se empobrece, bajando el costo laboral. Eso tiene que ver con la competitividad internacional», indica Varela.

Al concluir, la especialista advierte que esto puede abrir la puerta a «una reforma laboral de facto», y profundiza: «pequeños cambios que terminen en una reforma global, que es la ‘superflexibilización’ del mercado de trabajo, ya sea por contratos temporarios o porque se legalicen suspensiones en función de la demanda de producción». Y, aunque subraya que los desocupados están siempre en peores condiciones, confía en que la organización obrera logre frenar este contexto hostil.

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