Aragón se rearma como “nacionalidad histórica” para hacerse hueco en el debate territorial

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Hace varios meses que el debate territorial  se ha hecho un hueco en los medios de comunicación con Catalunya como epicentro político. Con una futura reforma constitucional en el aire y con el modelo de financiación autonómica en discusión, desde algunas comunidades autónomas surgen proyectos que proponen vías para obtener más margen de autogobierno, desde Andalucía  hasta Valencia.  Aragón ha sido la última en hacerlo. Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, como ya ocurrió el pasado julio en el boletín autonómico.

La legislación surgió a iniciativa de Chunta Aragonesista y fue aprobada a finales de junio en las Cortes con los votos de PSOE, Izquierda Unida, Podemos, el Partido Aragonés (PAR) y sin el apoyo de PP y Ciudadanos. “Es una ley para preservar derechos sociales de los aragoneses, conseguir mayor autogobierno y autonomía financiera“, explica Gregorio Briz, diputado de CHA por Zaragoza, que recuerda que los derechos forales “no corresponden exclusivamente a Navarra y País Vasco”.

o es una ley soberanista, pero sí una declaración de intenciones para los debates futuros: Aragón no está dispuesta a quedarse atrás frente a las reclamaciones del resto de las “nacionalidades históricas”. CHA considera que el debate territorial, que se ha inflamado en los últimos meses, es el escenario adecuado para repensar qué lugar quiere ocupar Aragón: “Hasta ahora el autogobierno ha tenido un bajo perfil, pero creemos que hay que actualizar el modelo”, segura Briz.

Para explicar de donde emanan los derechos de Aragón como “nacionalidad histórica”, un término que también aparece en el Estatuto de autonomía, la ley se remonta a la creación del Reino de Aragón en 1035 y a cómo “sucesivas generaciones de aragoneses y aragonesas” fueron construyendo esta “nación”. De hecho, la disposición final primera del documento tiene una gran carga simbólica al pedir que se derogue el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, que “supuso la abolición de los fueros y libertades de que gozaba Aragón antes de Felipe V”. “Es un planteamiento simbólico que le devuelve a Aragón lo que se eliminó por derecho de conquista”, defiende Briz.

Si el andalucismo reivindica el 4 de diciembre de 1977 como un hito, los aragonesistas se remiten al 23 de abril de 1978, fecha en la que “más de cien mil aragoneses se manifestaron en Zaragozapara reivindicar la autonomía”. El diputado insiste en que esta reclamación no es nueva ni una “moda”. En 1992, 120.000 personas salieron a las calles de Zaragoza para pedir más utonomía. Finalmente, Aragón accedió a este estatus por la vía lenta y su primer estatuto, publicado en el BOA 1982, no añadía las palabras «nacionalidad histórica»,  que fueron perfiladas en la modificación en 1996 e introducidas literalmente en 2007.

Una Hacienda propia y la recuperación del patrimonio

Briz insiste en que esta ley no excede los límites de la Constitución, aunque los derechos históricos sean anteriores. Simplemente, es un desarrollo de los mecanismos de autogobierno que ya existían, pero que ellos quieren llevar a su máxima expresión. En el artículo 5, por ejemplo, la ley dispone que “las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas con los representantes de la Comunidad Autónoma”. “Sí existe la Comisión Bilateral Aragón-Estado, pero se reúne poco y esto es una manera de impulsarla”, ejemplifica Briz. En sus primeros artículos, el texto obliga a las administraciones públicas aragonesas a “respetar” y “utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación «Aragón, nacionalidad histórica»”.

El documento da buena cuenta de la posición que quiere tomar esta comunidad autónoma en algunos de los debates que se desarrollarán en los próximos meses. El artículo 2.D del texto protege “el derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero”.

En el reparto de recursos, quieren blindar los servicios que les corresponden a los aragoneses, por ello, el “autogobierno político” y “la autonomía financiera” se establecen en la ley como “instrumentos para prestar a su población unos servicios públicos universales, laicos, gratuitos y de calidad“. En base a estos derechos históricos, Aragón “se reserva el derecho de requerir un régimen financiero propio y una Hacienda foral“.

Otro de los artículos que puede generar polémica es el 25, en la que la ley insta al Gobierno de Aragón a hacer todo lo posible para recuperar el patrimonio “expoliado y emigrado”. De hecho, esta legislación pide el regreso de los bienes aragoneses que se encuentran depositados en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, el Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal, y el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, así como los que se encuentran en otros Estados.

En este caso, los trámites para iniciar la devolución del patrimonio aragonés en otros territorios son muy complejos y no dependen únicamente de Aragón, sino también de la voluntad de la administración que los posea. Como ejemplo, el litigio entre Aragón y Catalunya para que esta última devolviera las piezas del Monasterio de Sijena (Huesca) que se encontraban en su territorio dura ya dos décadas. 

https://www.cuartopoder.es/espana/2018/08/31/aragon-se-rearma-como-nacionalidad-historica-para-hacerse-hueco-en-el-debate-territorial/

 

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