Aqualia y Facsa Mazarrón: Despedido por mi actividad sindical.
Facsa ha readmitido a la analista, el otro currante ha vuelto a Aqualia, y el que estaba jubilado naturalmente sigue como está, es decir que el único obrero que sigue en la calle soy yo. El jefe de planta es otro caso, ya que como jefe no se subroga, es personal de la empresa y no de la planta, es en parte culpable de esta situación (y así se lo agradecen…Roma no paga traidores) aunque está negociando para acabar sus días en el ayuntamiento. (Después de publicarse este artículo hemos descubierto que el jefe en cuestión también ha sido readmitido por Aqualia) Este hecho ha calado hondo entre los demás trabajadores de la planta, que comentan entre ellos que si el compañero no trabaja en la depuradora es por meterse en líos de manifestaciones, carteles etc… Se celebró un juicio y el testigo que llevé (ex compañero de trabajo, sindicalista de UGT y actual concejal de servicios urbanos), llegado el momento declaró en mi contra, para sorpresa de casi todos, incluido el juez, que no daba crédito a lo que estaba oyendo. Después me enteré de que, además de la relación que tiene con las dos empresas por su cargo en el ayuntamiento, había conseguido meter a su hijo a trabajar en Aqualia. Con este ¿impagable? testimonio, el juez sentenció que no estaba probada la represión antisindical, y que tampoco me habían despedido, sino que continuaba en espera de que la empresa tuviera una vacante disponible, de similar categoría a la mía, plaza para la que yo conservaría un derecho preferente. Facsa se mostró de acuerdo, y se comprometió a hacerlo, pero cuando tuvo necesidad de un nuevo trabajador contrató a otro, como era de esperar. Nueva denuncia y a la espera de juicio. A pesar de que se lo hemos preguntado formalmente, no han querido explicar por qué han incumplido su palabra. Así hemos llegado hasta ahora. Cuento con el incondicional apoyo de mi sindicato, que ha demostrado su solidaridad a lo largo de todo el país, concentrándose a las puertas de las empresas, pegando carteles, convocando manifestaciones, repartiendo panfletos, intentando negociar con las dos empresas una salida justa, que no es otra que mi readmisión. El ayuntamiento me dice a mí una cosa pero luego hace otra, tienen miedo de que las empresas les consideren su enemigo, mientras que la suerte de una familia del pueblo no les dice nada, ni la falta de libertad en el seno de una instalación pública como es la depuradora de aguas residuales.
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