APDHA considera un “recorte presupuestario encubierto” la decisión de la Junta de supeditar la renta mínima andaluza al Ingreso Mínimo Vital

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Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) mostramos nuestra perplejidad y rechazo a la comunicación de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía que supedita la Renta Mínima de Inserción (RMI) andaluza a la solicitud previa del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que constituye un “recorte presupuestario encubierto” a los fondos sociales de la comunidad autónoma.

Rechazamos la utilización por parte de la Junta de Andalucía del IMV para evitar que las familias andaluzas puedan acceder a derechos que previamente ya tenían reconocidos por pertenecer a colectivos de alta vulnerabilidad social, ya que de las instrucciones se desprende que puede excluir a familias de la percepción de ese derecho.

La disposición publicada por Igualdad refleja un “aprovechamiento indigno de los fondos de solidaridad de las familias andaluzas, ya que el porcentaje de personas que podrán solicitar dicha renta será residual”. Por lo que, se produce con ello un recorte presupuestario encubierto a los fondos sociales de nuestra comunidad.

Desaprobamos además que la utilización de una prestación adicional como el IMV, “que siendo de inicio ya limitada, sea utilizada para renunciar a responsabilidades propias, dado que la Junta de Andalucía tiene las competencias en la protección de todas las familias vulnerables y empobrecidas”.

Desde APDHA consideramos que la gestión la Renta Mínima de Inserción es una “patata caliente” para la Junta de Andalucía y se demuestra en su mala gestión, lentitud y el gran atasco existente, ya que se encuentra resolviendo actualmente expedientes de finales del 2018. Para la organización, con esta decisión intenta transferir al Estado su responsabilidad en la atención de la población empobrecida, llevando a la virtual desaparición la Renta Mínima de Inserción.

Es preocupante, dada la justa reclamación de la gestión del Ingreso Mínimo Vital  por parte de la Junta de Andalucía, que recayera finalmente en una administración que ha demostrado absoluta ineficiencia en tramitar sus propias ayudas. A este respecto, exigimos la pronta resolución y pago de las miles de solicitudes de renta mínima andaluza pendientes de resolución.

Por último, la Junta de Andalucía establece que la gestión y tramitación del IMV se hará desde la Seguridad Social, determinando que estarán al margen los Servicios Sociales Comunitarios, que se limitarán a dar información. Pese a que el ingreso mínimo está gestionado y tramitado por un órgano de competencia estatal, advertimos que la Junta de Andalucía establece unos criterios propios que pueden desmarcarse o ser diferentes de los requisitos que ha establecido el Estadoextralimitando sus funciones competenciales. “Su nota aclaratoria posterior intenta sin éxito disimular el error cometido”.

 

Fuente: APDHA

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