Ante la represión de las personas, las ideas y las actividades disidentes con el sistema

Venimos asistiendo en los últimos tiempos a un ajuste de las políticas de orden público y de seguridad exterior impulsada por los estados supuestamente “democráticos”, que en la práctica supone un grave recorte en materia de libertades, ya sea de expresión, reunión o manifestación, así como una creciente criminalización de los movimientos populares y sociales.

Esta dinámica represiva, con la coartada de la lucha global contra el “terrorismo”, que se utiliza como excusa para una progresiva vulneración de las libertades y derechos civiles, se intensifica sobre todo (aunque no solo) contra aquellos movimientos que se escapan a los cauces institucionales.

A nivel europeo se han ido aprobando una serie de medidas y mecanismos, tales como la orden Europea de detención y entrega (euroorden), la potenciación de la Europol, la creación de de la Fuerza Policial de intervención rápida, las nuevas leyes “antiterroristas” de Gran Bretaña y Alemania, etc, que configuran una escalada en el control y represión de la ciudadanía utilizando como excusa el peligro del fundamentalismo islamista.

En el estado Español, en concordancia con dichas medidas, asistimos en los últimos tiempos a una clara escalada represiva de todas las ideas disidentes y contestatarias con el sistema, así como contra los movimientos sociales que se traducen en un intento de reprimir cualquierexpresión alternativa al sistema.

En los momentos actuales la represión se abate sobre todo sobre Euskal Herria, y no en vano, ya que la capacidad de resistencia y articulación sociopolítica de la llamada izquierda abertzale desde hace más de 40 años irrita al poder en su intento de doblegar a todas las poblaciones del Estado Español en un marco de dominación único bajo la cobertura formal de la “democracia vigilada” que sufrimos diariamente. En este orden, la criminalización de las ideas, utilizando como ariete la Audiencia Nacional, heredero directo del Tribunal de Orden Público fascista, está suponiendo el encarcelamiento de todas las opciones e ideas contestatarias y, a este respecto, la condena derivada del sumario 18/98, encarcelando a periodistas, abogados, miembros de movimientos sociales, etc,., por el mero hecho de sus ideas, supone una inquisitorial represión ideológica contraria a las más elementales normas del derecho internacional.

En ese contexto hemos de enmarcar la actuación de la Fiscalía a instancias del Gobierno de ilegalizar todas las expresiones de la izquierda independentista, para impedirles participar en las elecciones, lo que pone de manifiesto que su cacareada democracia no es más que una pantomima en la que no cabe la opción de participar a quienes cuestionan el sistema “atado y bien atado”, emanado de la llamada transición.

Pero no solo en Euskal Herria la represión se abate cruelmente sobre las expresiones y movimientos populares. A este respecto, se constata una creciente represión y posterior criminalización de los reductos de dignidad del movimiento obrero, y a este respecto el encarcelamiento de los sindicalistas asturianos Cándido y Morala es solo un ejemplo. En efecto, la persecución y el castigo contra el sindicalismo que no se doblega a los planes del capital ha aumentado exponencialmente en los últimos años, con el beneplácito y en algunos casos impulso de la llamada “izquierda” institucional.

Igual podemos constatar del encarcelamiento de miembros del movimiento okupa, estudiantil, de la criminalización de las mujeres por el ejercicio del derecho al aborto, cierre y secuestro de medios de comunicación, procesamiento de quienes cuestionan la monarquía impuesto por Franco, etc.

La tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica sistemática en las comisarías, tal como certifican el Comité de Derechos Humanos de la o­nU y la Comisión del Consejo de Europa.

Mención especial hemos de hacer de la represión sistemática de la población inmigrante, sometidos a un marco jurídico represivo y explotador, y para el cual se anuncian nuevas medidas para someterles a un régimen de semiesclavitud.

El sistema carcelario sigue basándose en el exterminio de los internos, como ejemplo, basta constatar que la Generalitat de Catalunya reconoce 529 muertos entre 2000 y 2007 en las instituciones penitenciarias gestionadas por ese organismo (solo en Catalunya).

Todo este panorama se oculta con la complicidad de los medios de comunicación oficiales, lacayos y cómplices del poder, que manipulan a la población para hacerla creer que estamos en el mejor de los mundos posibles.

El poder ejecutivo ilegaliza las manifestaciones antifascistas frente al asesinato de Carlos Palomino, reprime al movimiento obrero, estudiantil, okupa, etc., mientras mantiene una actitud servil frente a la ultraderecha política y social (AVT, Conferencia Episcopal, Gran Capital…).

El llamado Poder Judicial enjuicia y condena a republicanos, encarcela disidentes, incluyendo abogados que defiende a presos acusados de terrorismo, legaliza manifestaciones fascistas que incitan al odio racial, etc., mientras se muestra benevolente con la tortura y con los torturadores, con los especuladores, con los corruptos, con las bandas nazis…

Ambos poderes miran a otro lado cuando mueren cientos y quedan mutiladas miles de personas todos los años víctimas de los llamados “accidentes de trabajo”, auténticos crímenes patronales.

Todos estos elementos ponen de manifiesto que la llamada división de poderes no existe, unidos todos en defensa de los mismos intereses de clase.

Desde Comunistas 3 nos comprometemos y llamamos a todas las organizaciones populares a configurar un poderoso frente antirrepresivo que denuncie y se enfrente a la crimilalización de las ideas y los movimientos sociales.

Afirmamos nuestra inquebrantable solidaridad internacionalista y de clase con todas las personas y colectivos que sufren la represión y la criminalización por defender alternativas populares y antisistema, comprometiendo nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades.

Consideramos que el incipiente Frente de Izquierdas que se está gestando en Madrid puede ser un buen instrumento para la confluencia de las y los luchadores de esta zona para levantar una alternativa en defensa de los interese de las personas explotadas y oprimidas por el sistema imperante, y levantar una alternativa popular y de clase.

Exigimos el fin de la monarquía emanada del régimen del 18 de julio de 1936, y la apertura de un proceso constituyente hacia una república que defienda los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.

Luchamos por el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos.

Aspiramos a la construcción de una sociedad sin clases, como base para el desarrollo libre del ser humano.

En Madrid, a 1 de Febrero de 2007.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS