(Andalucía): Las dimisiones de delegados y concejales por corrupción crecen en La Comunidad

Los casos, casi siempre silenciados, sólo se pueden conocer por los medios de información de masas o gracias a ciertas tramas conocidas, como el “Caso Malaya” o el “Caso Astapa”, o bien gracias a denuncias de colectivos ecologistas, especialmente, Ecologistas en Acción. En esta noticia, nos nutrimos de estos diversos medios que tenemos a nuestra disposición, dividiendo los casos por provincias.

Sevilla

El delegado de Urbanismo de la localidad sevillana de Gines (Patricio Jiménez Ortiz) presentó su dimisión el pasado 23 de mayo tras ser condenado a tres años y o­nce meses de cárcel por apropiarse indebidamente de parte de los emolumentos (utilidad o sueldo que corresponde a un cargo o empleo) de sus compañeros de la Asociación Española de Peritos Judiciales, al ser el delegado de dicha asociación en Sevilla. El PSOE utilizó esta dimisión como muestra del buen talante de su partido.

Por su parte, Ecologistas en Acción pidió el 23 de mayo el cese del nuevo Director General de prevención y Calidad Ambiental de Sevilla (Jesús Nieto) el mismo día de su posesión, por su falta capacidad de reacción ante problemas tan graves como el caso de Boliden, en 1996, o Mina Las Cruces, desde el año 2003. La prevención que debería profesar, no la ha demostrado, según este colectivo ecologista, ni en el caso de Aznalcóllar, hace diez años, ni ahora, con la nueva empresa minera sueca.

Málaga

Ese mismo día la delegada de Vivienda de Málaga renunció a su cargo, aunque no había tomado posesión oficial. María José Mata, funcionaria de la Junta, vio como salió a la luz en los medios que había montado, con un abogado investigado en el caso Malaya, una empresa dedicada a la promoción y construcción de terrenos e inmuebles, servicios inmobiliarios y asesoramiento jurídico, entre otros asuntos, a la vez que ejercía como inspectora provincial de Urbanismo del Gobierno andaluz, puesto que desempeña desde hace años. Además, en la investigación de dicho proceso judicial, había grabaciones telefónicas donde la ex-delegada acordaba la construcción de unas viviendas por deseo de su socio.

Esta dimisión de una política (en este caso) debido a su relación con imputados en tramas de delitos urbanísticos, como el caso malaya, o ahora el destapado en Estepona, no es la primera, ni será la última, ya que estos fraudes se perpetúan con la complicidad, más directa que indirecta de los políticos.

Precisamente, en Estepona, distintos ediles del PsoE, incluido el alcalde, se ha visto involucrado en la investigación policial –Astapa- de la corrupción urbanística por medio de recalificación de terrenos. Ante este caso, en el que el Ayuntamiento no se ha disuelto, la oposición pide a la Junta que se nombren nuevos cargos públicos, ya que, consideran, la trama es como la de Marbella, y estaría relacionada gran parte de la política del municipio malagueño. Por su parte, el presidente de la Junta, Chaves, ha declarado que no se conocía nada del delito y ha aplaudido la actuación del PsoE por destapar la trama, sin tratar el tema de la disolución del Ayuntamiento en su totalidad.

Cádiz

Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado que políticos del PsoE de la provincia de Cádiz sigan en cargos públicos, con su política de tolerancia cero con la corrupción urbanística, cuando han sido imputados en asuntos de corrupción. Estos casos de imputación, unidos a las denuncias de los ecologistas, se suman por decenas. El grupo ecologista da algunos ejemplos: El caso del director del Parque Natural Sierra de Grazalema que participó en una trama de corrupción, por lo que tuvo que dimitir, pero fue recolocado en puestos públicos de la provincia de Cádiz. En Grazalema, el político Antonio Mateos fue imputado por un caso de corrupción, lo que fue respondido por el PsoE con su apoyo a Antonio y su recolocación como coordinador de la Consejería de Agricultura, en la Sierra de Cádiz, puesto inventado. En Prado del Rey, el ayuntamiento, como el de Estepota, recibió dinero de una empresa propietaria de terrenos rústicos protegidos, lo que hizo que se recalificaran los terrenos para un campo de golf y urbanización, falseando los datos sobre la disponibilidad del agua. En el Puerto de Santa María, el PsoE se ha aliado con políticos implicados en delitos de corrupción urbanística, a pesar de las denuncias de los ecologistas.

Almería

En Lubrín, provincia de Almería, un concejal ha dimitido al imputársele un delito de prevaricación de cuando era alcalde de dicho pueblo. Ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente la que lo ha acusado de un delito de prevaricación urbanística, junto con una promotora de vivienda y una técnica directora de la obra ilegal.

Continuando con la ilegalidad que vive el PsoE, cabe destacar la imputación de cinco ediles del PsoE –entre ellos el teniente alcalde- de la localidad almeriense de Carboneras por fraude electoral. Han sido acusados, junto con un empresario de un fraude en el voto por correo en las pasadas elecciones municipales del año 2007; el actual teniente alcalde, Ruíz Aguado, habría sido sorprendido cuatro días antes de las elecciones tirando a la basura una bolsa que contenía la documentación relativa al voto por correo de 40 vecinos del municipio, entre la que estaban las papeletas de todos los partidos salvo el PsoE. Precisamente, el anterior alcalde de Carboneras, también del PsoE, tuvo que dimitir al ser imputado en otro delito electoral en las elecciones del año 1999.

En Almería, otra provincia que, como se ve, cuenta con multitud de casos de corrupción y escándalos políticos, el 7 de julio se llevará a cabo un juicio que los ecologistas viven muy de cerca. Han esperado ocho años de tramitación de la presunta destrucción de una especie protegida que sólo existe en la provincia andaluza: el Androcymbium europaeum. Los acusados son el ex delegado provincial de Medio Ambiente, el Secretario General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, la Directora del Parque Natural de Cabo de Gata y el anterior Director del Parque y Marcos Eguizábal. El primer juicio se celebró en el 2006, donde el titular del juzgado echó a los abogados ecologistas por haber presentado documentos fuera de plazo, con lo que el juicio se repitió en el año 2007, ya que los documentos eran correctos. Tras no celebrarse el juicio por enfermedad, se pospuso a enero del 2008, que fue retrasado por los acusados hasta esta fecha.

Huelva

Dentro de esta espiral de corrupción y delitos, cabe destacar como casi todos los altos cargos de la Junta de Andalucía de la provincia de Huelva basan sus rentas en inversiones inmobiliarias, fincas de distinto orden así como inmuebles. Un ejemplo de ello es la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien es propietaria de cuatro fincas urbanas en Huelva y otros inmuebles con un valor de más de 130.000 euros. Otros políticos destacados, son el delegado del Gobierno en Huelva, con cuatro viviendas, y tres coches, el delegado o­nubense de medio ambiente, con dos pisos, una casa y dos locales; el titular de Economía y Hacienda, el titular de Hacienda, etc. Todos estos políticos, tienen abultadas cuentas bancarias de hasta 50.000 euros, planes de pensiones de grandes cantidades, hasta 83.000 euros, así como fincas rústicas en distintas provincias, tanto andaluzas, como del resto del estado, así como diversos préstamos por cantidades de decenas de miles de euros.



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