Análisis sobre la situación fronteriza de la Guajira (noroccidente venezolano)

Corriente Bolivariana Guevarista (CBG)

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A propósito de la reunión que las autoridades de Venezuela y Colombia (comisión binacional) celebran este martes 20 de agosto, la Corriente Bolivariana Guevarista (CBG) quiere presentar algunas consideraciones (diagnóstico) y propuestas que sirvan de base para abordar los temas de contrabando de alimentos, combustibles, seguridad fronteriza, economía, entre otros.

Este diagnóstico y propuesta no tiene otra finalidad que la de contribuir con el desarrollo armónico e integral en lo político, económico y social de la sub región Guajira (municipios Mara y Guajira del estado Zulia).

Este documento base responde, además, a las aspiraciones y experiencias de comunidades rurales y suburbanas de Mara y Guajira que el pasado 17 de agosto celebraron un encuentro –organizado por la CBG– en el sector Molinete, Guajira, con la finalidad de analizar de forma colectiva la situación fronteriza del Zulia.

Es por tanto una propuesta que surge desde las bases del pueblo, con una visión muy distinta a la que el Gobierno venezolano, por ejemplo, ha venido planteando en los últimos meses con el tema del contrabando: Primero porque desde las comunidades organizadas se tiene la certeza de que el incremento de las fuerzas militares en la región lejos de limitar y acabar con las mafias que mueven este negocio, lo que hace es acrecentar el conflicto social.

Vale aclarar por último que aunque se hizo una evaluación colectiva de la situación de frontera existen visiones encontradas en el seno del pueblo. El factor común de este diagnóstico, entonces, radica en que parte desde las aspiraciones y experiencias del poder popular, como señalamos anteriormente.

Situación actual

Partiendo de una metodología de trabajo cuyo objetivo principal era elaborar un diagnóstico geopolítico de fronteras sobre la situación actual de la Guajira (Zulia) se constituyeron dos mesas de trabajo por municipios. Los ejes trabajados fueron político, económico, social y seguridad; sin embargo, no se presentan de manera separada ya que cada uno está íntimamente relacionado con el otro.

En términos políticos y de apreciación de las autoridades los participantes coincidieron en señalar la presencia de instituciones de Estado, regionales y municipales como Corpolec, Misión Vivienda, Ministerio de Agricultura y Tierras, Salud, Educación, Pueblos Indígenas, Ambiente, gobernación y alcaldía entre otros.

Sin embargo, se tiene la percepción, y los hechos así lo confirman, que las políticas de Estado, misiones, y servicios de las distintas instituciones, aunque presentes en la sub región Guajira, no son efectivas ni eficaces.

Por un lado porque no existe contraloría social desde lo institucional para corregir errores o mejorar lo que haya que mejorar. Ante la entrega de recursos para el desarrollo de proyectos agrícolas por medio de la Gran Misión Agro Venezuela, Consejo Federal de Gobierno o el financiamiento de cooperativas, la falta de seguimiento y control hacia los beneficiarios se hace frecuente porque no es una política de Estado integral, sino coyuntural.

Los créditos o financiamientos casi nunca están destinados a cubrir una cadena completa. Primero porque no hay una red de productores libres y asociados, segundo porque la distribución y recepción de los rubros queda en manos del sector privado, el Estado no garantiza por lo tanto la compra de estos rubros y de ser el caso el pago es ineficiente o a destiempo.

Los entes que financian estos proyectos no tienen mayor control sobre lo que destinan, ni cuentan con una red para suministrar los insumos a los productores.

Por otro lado priva una visión institucional de estas políticas, es decir, y tomando en cuenta que se analizan la situación sobre los territorios y sectores rurales, suburbanos y urbanos, algunas políticas tienen un enfoque errado y ajeno a la realidad.

Es el caso, por ejemplo, de las comunidades campesinas e indígenas más lejanas ubicadas en el Alto Guasare y el Alto Socuy (Sierra de Perijá y Montes de Oca, entre Mara y Guajira) que, por estar alejadas de la metrópolis, no gozan de los mismos beneficios ni políticas sociales del Estado, ni mucho menos de proyectos de infraestructura y agrarios. 

A esto debemos sumarle que algunas de estas zonas o bien están protegidas como reservas forestales u otras están dedicadas para la extracción minera de carbón (mina de Guasare y mina Norte, parroquias Luís de Vicente y Elías Sánchez Rubio de Mara y Guajira, respectivamente).

Esto implica un desfase que el Estado no ha sabido enfrentar: la poca infraestructura que existe está diseñada para la extracción mineral, y los asentamientos campesinos e indígenas que habitan en las zonas de reserva forestal no gozan por lo tanto de ninguna oportunidad para desarrollar proyectos agroecológicos para la satisfacción de sus necesidades básicas y el intercambio con otras comunidades montaña abajo o de las zonas suburbanas y urbanas de Mara, Guajira o Maracaibo.

Ante este limbo las comunidades y asentamientos campesinos de la parte alta de Guasare y Socuy solo ven cómo su siembra se pierde o debe ser rematada o vendida “a precio de gallina flaca” para poder subsistir.

Por supuesto que la lejanía, falta de infraestructura vial y de educación, transporte, solo contribuyen a la miserabilización de la vida de nuestros hermanos indígenas, campesinos venezolanos y colombianos.

Pero la política de Estado, desde lo nacional, regional o municipal, no solo ha tenido este desencuentro con las zonas más lejanas. En el caso de las zonas semirurales y rurales de Mara, un poco más cercanas a la capital marense y que se ubican en las zonas planas de las parroquias Marcos Sergio Godoy y La Sierrita, otro factor impide el desarrollo de su economía agraria.

La paradoja lleva el nombre de Manuelote y Tulé. Son dos embalses de agua dulce interconectados a un sistema de acueductos y suministro de agua para Maracaibo y San Francisco.

Pero ninguno de los dos está al servicio de las comunidades ni mucho menos de la potencialidad agrícola de la zona, no hay sistema de riego ni acueducto para abastecer a las poblaciones. No le queda otra cosa a los marenses que contemplar estos dos embalses, y a los pequeños y medianos productores abandonar sus actividades ante la imposibilidad de tener acceso a un sistema de riego o acueducto seguro.

Es el mismo desenfoque que palpamos con las políticas  de la Alcaldía de Mara. Si bien es cierto el alcalde Luís Caldera, y su gestión en general, es evaluada de manera positiva no solo por los habitantes de Mara sino también de la Guajira, Maracaibo y demás municipios del Zulia, las políticas municipales están de espalda a las zonas rurales.

Ha habido un incremento y mejora urbanística de Mara y de la calidad de vida de los que habitan en estas zonas, pero el campo sigue padeciendo el olvido. La Misión Vivienda Venezuela mantiene sus proyectos en las zonas urbanas y suburbanas, pero no tiene una política para el campo.

En el caso de la Alcaldía de Guajira una cruda realidad se presenta: La gestión de gobierno es señalada como muy ineficiente, sobre todo lo que tiene que ver con la Gran Misión Vivienda Venezuela, vialidad, salud y el poco por no decir nulo acompañamiento a las misiones sociales. Esto, por supuesto, desencaja con las intensiones del Gobierno nacional de desarrollar de manera coordinada e integral los objetivos del Plan de la Nación (2013-2019). Solo de forma esta alcaldía está inscrita en el proyecto socialista nacional.

En general en los municipios Mara y Guajira contamos con un potencial agropecuario y turístico, pero lamentablemente no hay una política de Estado coherente ni planificada para la zona, ni siquiera que permita visualizar  proyectos macro manejados por el Estado.

Los pocos que se han intentado desarrollar apenas alcanzan el entusiasmo de las instituciones y ante la falta de seguimiento, control y refinanciamiento o apoyo técnico, cualquier intento resulta infructuoso. Y otro en contra es el alto costo de los insumos agrícolas.

¿Saben cuál es la opción para no pocos productores, jóvenes, mujeres y niños? El bachaqueo o contrabando de combustibles. Sin ánimos de justificar este fenómeno debemos resaltar que es una realidad palpable que no ha sido alterada ni siquiera con el incremento de la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército.

O bien encontramos otra realidad: Productores que ante el poco valor de la moneda nacional, el mercado especulativo nacional, la inflación y el impacto que esto genera en los costos de producción prefieren llevar sus productos a Maicao y venderlos a precios razonables a perder lo que se ha invertido.

¿Bachaqueo, contrabando o narcolavado?

Para la Corriente Bolivariana Guevarista hablar del fenómeno del contrabando de combustibles y alimentos implica hablar de un asunto de Estado o soberanía nacional.

En este sentido quiere plantear algunas situaciones recogidas en Molinete el 17 de agosto en asamblea con dirigentes sociales de base de Mara y Guajira, incluso participantes de los municipios urbanos de Maracaibo y San Francisco.

Uno de los impactos de este fenómeno lo encontramos en los niños: se ha venido incrementando la deserción escolar debido que el contrabando o mal llamado bachaqueo se presenta como alternativa económica para las familias empobrecidas de Mara y Guajira, y como símbolo de estatus social entre las comunidades indígenas y no indígenas.

Sin mencionar que adolescentes y jóvenes se dedican a diario a esta actividad. Pero no son ellos los principales responsables de este fenómeno. Señalaremos y analizaremos brevemente sus raíces y responsables.

La población de la Guajira y Mara señala que parte del estamento militar venezolano, o al menos algunos sectores corrompidos, en alguna medida son responsables de este fenómeno porque grupos de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército se han dedicado o bien a proteger a los contrabandistas a cambio de pagos controlados o bien a establecer su propia red de contrabando.

Esto contrasta con la política que ha venido implementando el gobierno nacional y  regional para enfrentar este problema: Militarizar la zona. Entre mayor control militar mayor es la evasión, como sucedió con el contrabando de alcohol en los Estados Unidos a principios de siglo y como sucede con la droga desde la década de 1970. De fondo no resuelve el fenómeno porque éste debe ser visto de manera integral.

De allí que el Estado Mayor Fronterizo del Zulia, constituido en su mayoría por militares, incluyendo al gobernador Francisco Arias Cárdenas, no sea más que de carácter disuasivo ante la ciudadanía en general y represivo militar, no de control y prevención.

Primero porque mientras los niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos no tengan mejores condiciones de vida, más allá de los beneficios de las misiones sociales, el contrabando seguirá siendo lucrativo.

Segundo porque detrás de este fenómeno, como bien lo señaló el gobernador del Arias recientemente, están las redes del narcoparamilitarismo colombiano -y en menor medida mafias de origen zuliano- que lo financian con recursos producto del narcotráfico.

Tienen por lo tanto un triple propósito: Lavar dinero proveniente del narcotráfico no solo con el financiamiento del contrabando sino con la compra de fincas y haciendas en Sur del Lago de Maracaibo, Machiques, Mara y Guajira, y bienes en general en Maracaibo; segundo, ayudan a los sectores más reaccionarios de Colombia y Venezuela para hacer del occidente venezolano una zona inestable psíquica y socialmente; además pretenden  inundar el país con dólar “negro” para debilitar nuestra economía y poner de rodillas al presidente Nicolás Maduro.        

El otro factor es el valor pírrico de la moneda venezolana ante la colombiana: Esto hace que cualquier producto de origen venezolano sea altamente demandado en Colombia por su bajo costo, es decir, sea siempre lucrativo el negocio de llevar cualquier mercancía.

Lo más triste es que este fenómeno es como una especie de acción en cadena: se benefician varios pero los que manejan los recursos de transporte, compra venta, caletas, son los que menos figuran ante la opinión pública como responsables, el pueblo que es utilizado por estas redes es presentado como victimario, es decir, los wayuú.

En lo que concierne a comunidades y sectores vulnerables tenemos a los compatriotas desplazados por el conflicto social colombiano, quienes no pueden hoy adquirir los productos básicos de la cesta alimentaria ya que en el estado Zulia la base de datos que utilizan los comercios es suministrada por el Saime, y sabemos que muchos ciudadanos colombianos no tienen cédula de identidad.

Además son estos compañeros, de los sectores más humildes y golpeados por la guerra de Colombia, los que muchas veces sufren los latigazos de los operativos militares “para contrarrestar el contrabando”.

Politización

De manera positiva los consejos comunales, líderes sociales y organizaciones de base aprecian y analizan el tema político. Reconocen que gracias a la Revolución Bolivariana y al legado de participación política y protagónica del pueblo, contemplado en la Constitución Nacional, el común denominador se implica cada día más en la transformación de su entorno de vida, de manera colectiva la mayoría de las veces.

Ahora bien, existen dos visiones que se contradicen pero a nuestro juicio se complementan. Un sector presente en el encuentro del 17 de agosto señala la falta de democracia participativa a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mientras que otro defiende el proceso de cooptación implementado en los últimos procesos electorales para elegir candidatos por el PSUV.

La misma visión priva para las decisiones de carácter administrativo emanadas de la alcaldía, gobernación o gobierno nacional; las bases no son tomadas en cuenta, y en este caso se repite el criterio de aplicación de las políticas públicas. 

En los últimos meses, sin embargo se ha venido gestando una especie de articulación entre la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Alcaldía de Mara y los líderes sociales de base de las diferentes parroquias que ha dado como resultado la distribución equitativa, eficaz y transparente de los alimentos de la red Mercal lo que hace que el concepto de contraloría social y articulación política, en este caso, esté por encima de cualquier problema.

Existe también un gran interés por parte de los consejos comunales, líderes sociales y demás organizaciones de base, por formarse desde el punto político a través de charlas, foros, escuelas políticas para elevar la conciencia del deber social de los militantes y los ciudadanos responsables y trabajadores de Mara y Guajira.

Propuestas

Ninguna política de Estado, sea nacional o binacional, ha tomado en cuenta la visión que el pueblo tiene sobre los problemas que le afectan. Es por eso que recogemos humildemente estas consideraciones para que las autoridades venezolanas y colombianas entiendan que el fenómeno del contrabando tiene su origen en las redes del narcotráfico y fronteras adentro en la desigualdad social que aun impera, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la Revolución Bolivariana en 14 años.

Si en estas mesas de trabajo o comisiones binacionales se permitiera la participación de delegados sociales de base de las comunidades o poblaciones afectadas, y se tomara en cuenta sus propuestas, tal vez la realidad sería distinta.

En primer término para el asunto de la seguridad fronteriza, contrabando de alimentos y combustible, de los proyectos de Estado y políticas sociales, se propone la creación de comités de contraloría social, electos por las bases del pueblo y no por medio de la cooptación institucional, y con mecanismos de participación fiables para hacer de su trabajo una ventana segura para mirar la realidad y corregirla si ésta atenta contra el pueblo y el país.

Con ello se podría minimizar no solo fenómeno del contrabando, sino el de la corrupción y la ineficiencia en los proyectos impulsados por el Gobierno Nacional. Al tener seguimiento y control de los proyectos macro y el financiamiento agrícola, las oportunidades serán otras y el contrabando no sería la primera opción.

El fenómeno del contrabando de combustibles y alimentos en Venezuela, así como el de la corrupción no solo no solo alcanza lo público sino también lo privado; solo a través de la contraloría social se puede contribuir con el combate contra estos dos fenómenos y contra otros.

Otros de los elementos que pueden contribuir con la sub región Guajira  es el desarrollo de proyectos turísticos para la costa (playas y lagos) y parques agroecológicos tanto en las zonas rurales como urbanas.

Financiar proyectos de producción de cocos y café, con grandes perspectivas por su suelo pero sin apoyo del Estado.

Además se deben instalar mesas técnicas de agua urbana y agrícola para visualizar las necesidades de agua potable de la población, pero sobre todo para garantizar a los pequeños, medianos productores, campesinos, un sistema de riego para su siembra. Con ello evitaríamos la deserción y abandono del campo.

Hoy contamos con dos obras importantes en Guajira y Mara: Parque Eólico de la Guajira y la construcción del segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, Puente Cacique Nigale. Con el primero veríamos en parte la solución al suministro de energía eléctrica para la Guajira.

Pero con respecto al puente cabría preguntarse si son los pobladores de la sub región Guajira los principales beneficiarios de esta obra o son las mafias de sindicatos los que monopolizan las decisiones en torno a las fuentes de empleo que se generarán. Por lo tanto, proponemos la creación de gabinetes sociales de gobierno para evaluar este tipo de proyecto y garantizar la democracia participativa y protagónica no solo en el acceso al empleo sino en la ejecución eficaz, efectiva y transparente de la obra.

En cuanto al combustible, existen propuestas que son tomadas como descabelladas pero que pudieran discutirse sin ataduras ni prejuicios para analizar sus implicaciones: nos referimos al aumento del precio del combustible.

En este caso el Gobierno debe aumentar su capacidad instalada de estaciones de servicio con gas vehicular y obligar a los concesionarios a la venta de vehículos con doble sistema: Para gasolina y gas. Si el Estado venezolano garantizara el suministro de gas vehicular en todo el país, sobre todo en las zonas fronterizas, pudiera presentar una opción al venezolano.

Con esta medida el Estado dejaría de cargar con el peso del costo de la producción de  combustible, muy por debajo del costo comercial en Venezuela (0,70 bolívares el litro), la enviaría como producto de exportación a otros países.

Otra de las medidas sería la creación de una banda de precios de combustibles para las zonas fronterizas y la legalización del transporte de éste siempre y cuando los autorizados para hacerlo paguen un impuesto adicional fijo al Estado por dedicarse a esta actividad.

Por otro lado proponemos crear comités con la participación de la Milicia y los consejos comunales con la finalidad de asumir tareas agrícolas en aquellos sectores de extrema urgencia. Así garantizaríamos no solo oportunidades trabajo sino el desarrollo agrícola, la soberanía alimentaria y la contraloría social.

Guajira, Venezuela, 19 de agosto de 2013

 

 

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