Amnistía Internacional pide la suspensión del ‘155 digital’ por ser contrario a la libertad de expresión y comunicación

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Amnistía Internacional y Article 19 han alertado que el Real Decreto Digital 14/2019, conocido como el ‘155 digital‘, amplía de manera desproporcionada los poderes del Gobierno, mediante el Ministerio de Economía, para intervenir las redes y las comunicaciones, poniendo de esta manera en peligro la libertad de expresión y de información y por eso piden la suspensión.

Las dos organizaciones han enviado una carta al Gobierno para solicitar que se modifiquen algunos aspectos de este RDL, de manera que se restrinjan los poderes excesivamente invasivos que esta norma da al gobierno para controlar, aunque sea de manera excepcional y temporal, la infraestructura de Internet, alegando razones de seguridad nacional, seguridad pública y orden público y sin necesidad de una orden judicial.

Roberta Taveri, oficial de Programa de Article 19, afirma que la norma permitirá al Gobierno «intervenir las telecomunicaciones» a partir de un concepto «vago» como el de «orden público», y que su aplicación podría acabar en una especia de censura previa o de secuestro de contenidos por parte del gobierno».

Por su parte, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, apunta también la «preocupación» por la manera como se ha aprobado el decreto, porque «modificar leyes que afectan derechos humanos requiere un proceso de consulta adecuado».

Las organizaciones denuncian que la posible intervención de las redes o servicios de comunicaciones electrónicas se desarrolla en el marco de un procedimiento meramente administrativo, sin que exista un control judicial, ni siquiera a posteriori, para garantizar la supervisión. Además, lamentan que en la norma no existan referencias a los derechos humanos, especialmente al derecho a la libertad de expresión y de reunión, para que se pueda establecer una exigencia de respeto.

Por todo eso, Amnistía Internacional España y Artículo 19 han solicitado en el Gobierno que suspenda la aplicación de las disposiciones que puedan interferir con el ejercicio de los derechos humanos. Además, exigen que se garantice que la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones cumpla con los estándares internacionales.

 

Fuente: Agencias

 

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