Amnistía Internacional critica la sentencia del ‘procés’ y pide la libertad inmediata de los Jordis

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La organización tiene previsto presentar de forma oficial sus conclusiones sobre el juicio el próximo martes en una rueda de prensa.

«Aunque nuestro análisis no ha revelado ninguna prueba para pensar que todo el juicio resultó injusto, está claro que el Tribunal Supremo ha interpretado la sedición demasiado ampliamente, cosa que comporta la criminalización de actos legítimos de protesta», ha indicado el consejero principal de administración, derecho y política de Amnistía Internacional, que ha comentado la sentencia, Daniel Joloy.

En el comunicado colgado en la web suiza, la organización denuncia que los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica están amenazados en el estado español y focaliza su crítica en la condena del Tribunal Supremo español contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Amnistía considera que «la definición del delito de sedición del código penal español es imprecisa y que la interpretación de esta definición es demasiado general y peligrosa«. Es por eso que, sobre los líderes políticos independentistas condenados, dice que ‘la imprecisión de esta definición y su interpretación amplia también posan en entredicho las condenas para la sedición’ pronunciadas contra ellos’. Estas son las líneas generales del análisis de Amnistía Internacional, pero no se sabrán más detalles en profundidad hasta martes, cuando sus responsables comparezcan para explicarla.

El artículo también recoge las declaraciones de importantes cargos del organismo, como Daniel Joloy, consejero principal de Administración, Derecho y Política de Amnistía Internacional: ‘Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tienen que ser liberados inmediatamente y sus condenas por sedición nulas. Aunque nuestro análisis no ha revelado ninguna prueba para pensar que todo el juicio resultó injusto, está claro que el Tribunal Supremo ha interpretado la sedición demasiada ampliamente, cosa que comporta la criminalización de actos legítimos de protesta’.

Se destacan también otros declaraciones, como la de Esteban Beltran, director de Amnistía Internacional España: ‘Las condenas dictadas contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart constituyen claramente una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a Libertad de expresión y reunión pacífica. El congreso tiene que modificar la definición de sedición sin demora, para no criminalizar los actos pacíficos de desobediencia civil ni restringir indebidamente la libertad de reunión y expresión pacíficas’.

También se recoge la opinión de Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Cataluña: ‘Si los líderes políticos catalanes han podido cometer un delito que legítimamente habría sido procesado a causa de sus cargos públicos, su condena por sedición –un delito definido demasiado vagamente- incumple el principio de legalidad. Las autoridades tienen que poner remedio a esta situación sin demora’.

El organismo alerta que ‘la desobediencia civil pacífica está protegida por la legislación internacional sobre derechos humanos’ y que ‘una acusación excesiva por hechos de desobediencia civil restringe indebidamente el derecho a reunión pacífica y viola el derecho internacional.’ Dice, además, que ‘se abre el camino para que las autoridades establezcan un techo ilegal en el número de personas que pueden ejercer su derecho de manifestarse pacíficamente a la vez’. ‘Una manifestación no pierde su carácter pacífico porque se cometen actas ilegales o algunos manifestantes utilicen la violencia’, concluye.

Condena desproporcionada

Las condenas dictadas contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart constituyen claramente una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a Libertad de expresión y reunión pacífica’, dijo Esteban Beltran, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional ha seguido los procedimientos contra doce líderes catalanes en relación con los hechos ocurridos en Cataluña en el momento del referéndum del 1 de octubre de 2017, incluyendo la participación en todas las audiencias del juicio celebrado a Madrid.

Las condenas se publicaron el 14 de octubre. Siete altos representantes catalanes, además de dos líderes de organizaciones de la sociedad civil, fueron condenados por sedición apenas que van de los nuevo a los 13 años de prisión y fueron inhabilitados. Otros tres altos funcionarios declarados culpables de desobediencia civil fueron multados e inhabilitados.

Según la legislación internacional de derechos humanos, las restricciones al derecho a reunión pacífica tienen que ser previstas por la ley y necesarias y proporcionadas a un interés público específico.

 

 

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