Alquiler vacacional, otro enemigo público del derecho a la vivienda

Por Eloy Cuadra


“Consecuencia del auge de este negocio en Canarias es la gentrificación”

Ya va siendo hora -escribe Eloy Cuadra – de tratar algo más en profundidad está actividad comercial disfrazada de economía colaborativa que tanto daño está haciendo a las poblaciones residentes, especialmente en comunidades turísticas y centros urbanos (…).

      Ya va siendo hora de tratar algo más en profundidad está actividad comercial disfrazada de economía colaborativa que tanto daño está haciendo a las poblaciones residentes, especialmente en comunidades turísticas y centros urbanos.

Como casi siempre centrados en Canarias, comenzamos haciendo un poco de historia, de un negocio que hasta el año 2015 no estaba regulado en el Archipiélago, pero ya saben, a fuerza de hacer de la necesidad virtud, el alquiler vacacional demandaba una regulación para salir de la clandestinidad, y al Gobierno de Canarias no se le ocurrió mejor forma de arreglarlo más que con un censo, una declaración responsable con unos requisitos mínimos y el pago del 7% del IGIC, con la salvedad de no permitir la actividad en núcleos turísticos del estilo Playa de las Américas, Maspalomas o el Puerto de la Cruz (una negativa esta última tumbada en 2018 por el Tribunal Supremo).

Nada de hacerte autónomo ni montar ningún tipo de empresa, nada de seguro de responsabilidad civil y tributando a Hacienda lo mismo que por un alquiler de larga temporada. Y así desde 2015 hasta la fecha, no por casualidad, el alquiler en Canarias para residentes ha subido un 49%, con diferencia la subida más alta de toda España. ¿Qué porcentaje de culpa en esta subida desastrosa le corresponde al auge del alquiler vacacional con su múltiples ventajas y su laxa fiscalidad? En mi opinión, mezclando datos y experiencia personal, creo que mucha. Experiencia, sin ir más lejos, hace un par de semanas me contactó una señora mayor del Sur de Tenerife, para contarme que después de años viviendo y pagando con su hija un apartamento en Costa del Silencio, se tuvo que marchar del mismo por el acoso y las calamidades a las que la expuso el propietario, empeñado en que se marcharán para alquilar su vivienda a turistas.

Los datos los he tomado, entre otros, del trabajo de fin de Grado en Economía de Pedro Guilarte fechado en julio de 2019 en la ULL titulado “Efectos del alquiler vacacional en Canarias”. El trabajo toma sus datos en los años 2018/2019, de modo que puede haber variaciones, la mayoría al alza, si atendemos al auge que sigue manteniendo esta actividad en pleno 2021 una vez superada la pandemia. Así tenemos en Canarias 32.832 viviendas de alquiler vacacional, cantidad que hoy serán algunas más y que se traducen en 139.607 camas, frente a las 414.027 camas de la planta hotelera canaria. Vemos pues que el alquiler vacacional supone del orden del 25% de la oferta de camas turísticas en Canarias, una cifra nada desdeñable que nos viene a apuntar la potencia de este negocio. Una potencia que comprobaremos con más claridad si nos vamos al precio medio por noche que se paga en Canarias en una vivienda de alquiler vacacional. Según este trabajo de fin de Grado -que no hemos de poner en duda si tenemos en cuenta la rigurosidad que se exige a cualquier trabajo de fin de grado universitario- el precio medio por noche en una vivienda de alquiler vacacional en Canarias ronda los 90 euros, con picos de hasta 108 euros por noche en Lanzarote, la isla más cara. Si ponemos en comparación el precio medio por noche y la escasa fiscalidad empezamos a entender por qué tantas viviendas en Canarias se están restando al alquiler de temporada para dedicarlas al alquiler vacacional.

Así las cosas, una vivienda de 3 habitaciones en alquiler de larga temporada ronda los 700 euros al mes, una vivienda de alquiler vacacional solo necesitará 10 días de alquiler para igualar y superar esos 700 euros con creces. Creo que no hace falta explicar nada más. Bueno si, igual podemos comentar también que el Gobierno de Canarias permitió a los empresarios materializar la     RIC en viviendas de alquiler vacacional entre los años 2016 y 2018, para hacer el negocio aún más atractivo

Otro detalle que no debemos pasar por alto y que perjudica muy mucho a la población residente es la prohibición que recogía inicialmente la ley Canaria de 2015 de ubicar viviendas de alquiler vacacional en núcleos turísticos compitiendo con los hoteles. Aunque esta prohibición fue tumbada con posterioridad en 2018, en tres años hubo tiempo de avanzar terreno y perjudicar básicamente a la población residente y a los trabajadores de la industria turística que han de vivir en los pueblos cercanos. De esta manera nos vamos a un famoso portal internacional dedicado al alquiler vacacional y ponemos el núcleo urbano de Buzanada, una pedanía de Arona (Sur de Tenerife) con 4.700 habitantes, buscamos y nos salen 24 alojamientos de este tipo disponibles para dos adultos en 4 días de noviembre de este año. Si cambiamos el filtro y ponemos el municipio de Arona al completo no salen más de 300 alojamientos.

Consecuencias del auge de este negocio en Canarias, la gentrificación, entendida como el desplazamiento de los habitantes tradicionales de los pueblos hacía otras zonas más distantes y empobrecidas, al ser ocupados sus barrios tradicionales por residentes de mayor poder adquisitivo. Esto se siente especialmente en los municipios turísticos de todas las islas y en muchos centros históricos, dónde cada vez viven menos canarios, y cada vez hay más turistas y residentes peninsulares, italianos, ingleses o alemanes con mayor renta per cápita. Así, conozco a más de un camarero qué trabaja en Playa de las Américas y vive en Ofra, a más de 80 kilómetros de su puesto de trabajo. Y eso si tienen suerte y pueden pagar una vivienda, hay muchos trabajadores del sector turístico en el sur de Tenerife que viven en pisos patera/cama caliente o aún peor, en tiendas de campaña en playas y barrancos de la zona.
Y hasta aquí llega el relato de los hechos, podría seguir apuntando consecuencias negativas para los canarios, pero ustedes ya las pueden intuir. En este punto la pregunta que nos asalta es: ¿dónde están nuestras administraciones, nuestros políticos, que no ven esto y lo rectifican? La respuesta a esta pregunta no les va a gustar, y es que sus señorías están en otro nivel, los políticos en Canarias en su mayoría tienen asegurada vivienda por unas cuantas generaciones, y en muchos casos están incluso implicados en el negocio (el ex presidente Paulino Rivero por ejemplo, hoy consejero de una potente multinacional inmobiliaria que vende pisos de lujo en Canarias). Se entiende que hagan oídos sordos a las demandas que llevamos meses reclamándoles en reuniones, escritos, denuncias, notas de prensa y demás desde la Acampada Reivindicativa y desde otros tantos colectivos.

Para ponérselo más fácil incluso les hemos llevado el trabajo hecho, insistiéndoles en que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante una problemática similar planteada en Francia el pasado 2020 emitió Sentencia favorable permitiendo en adelante en toda la Unión Europea que los ayuntamientos demanden autorización previa para la actividad de alquiler vacacional, y puedan por consiguiente denegarlas si existe falta de vivienda para los residentes en la zona o una escalada excesiva en los precios. Y ni aún así son capaces, no hay manera, no hay forma de que esta casta privilegiada entienda y trabaje, parece que poco les importa que en el primer trimestre de este año 2021 se hayan producido en Canarias 751 desahucios, a más de 8 al día de media, la mayoría de familias canarias que no pudieron pagar el alquiler. Incluso han puesto trabas y han negado estas medidas a administraciones municipales canarias que han intentado poner freno a esta actividad, como ocurrió en 2018 en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso algunos seguimos publicando, seguimos escribiendo, seguimos denunciando, y seguimos gritando. Lo próximo, este jueves 14 de octubre desde las 11 en el Parlamento de Canarias. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!

(*) Eloy Cuadra, escritor y activista social.

 

https://canarias-semanal.org/art/31440/alquiler-vacacional-otro-enemigo-publico-del-derecho-a-la-vivienda

 

 

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