Alberto Acosta: «La seguridad ciudadana es nuestro compromiso»

 

La seguridad está relacionada básicamente con la confianza de la gente, lo cual depende en gran medida de las condiciones generales de vida de una población.

la política de seguridad del actual gobierno, campo en donde ha fracasado estrepitosamente, ha continuado con el viejo libreto trazado por los anteriores gobiernos. se publicita la provisión de armas y equipos, así como el incremento del pie de fuerza policial, sin entender que tales opciones resultan un contrasentido con la esencia de la seguridad ciudadana. los estados policializados son los que menos confianza generan en la gente, a pesar de la imagen de “control del delito” que proyectan

son las condiciones socioeconómicas del país las que han provocado una situación de inseguridad en el ecuador y un agravamiento de los delitos. fenómenos como la migración, por ejemplo, provocan una ruptura del tejido social, lo que lleva a que jóvenes y niños se vinculen con actividades ilícitas. el desempleo y la marginalidad son, como se sabe, un caldo de cultivo para el delito como estrategia de supervivencia. la creciente marginación de la juventud de las universidades, al negarle su derecho al libre ingreso, ahondará aún más este problema. una verdadera política de seguridad debe poner especial énfasis en la prevención, a fin de enfrentar y eliminar sus causas socioeconómicas.

Debemos ciudadanizar a la fuerza pública, para evitar que se convierta en un órgano de represión social. Solo así se garantizará que su funcionamiento sirva para proteger a la población, generar confianza, prevenir el delito y desmantelar al crimen organizado local y transnacional. 

Un primer paso es devolverle la dignidad a la Policía Nacional. No a la policía acuartelada, militarizada, sino a una policía integrada a la sociedad. Tenemos que entender que son parte de la solución y no un problema. No es suficiente la policía comunitaria, planteamos la Policía del Barrio. En lugar de tener mil policías en un cuartel, podríamos tener unidades de cinco policías en doscientos barrios. Pero lo más importante siempre será la gente que vive en cada barrio. Y por cierto el crimen será paulatinamente reducido en la medida que la ciudadanía vuelva a ocupar el espacio público. 

Por otro lado, seguir tratando al crimen organizado como un fenómeno social de tipo delicuencial, que requiere de respuestas policiales, obvia la verdadera dimensión del problema. El crimen organizado (fundamentalmente en sus expresiones más violentas y globales: tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos) constituye un proyecto de poder vinculado a la lógica de acumulación capitalista. Estas son las manifestaciones más perversas del sistema. Sus estrategias apuntan al control de la sociedad y a la penetración de los Estados, los cuales terminan respondiendo a lógicas mafiosas, violentas y desintitucionalizadas, tal como ocurre en México. 

El grado de injerencia del crimen organizado en nuestro país es cada vez más grave. Que se haya utilizado la valija diplomática para transportar droga nos obliga a asumir el problema con mucha seriedad y responsabilidad, más allá de los detalles que acompañan al hecho (quién entregó, quién embaló, quién envió, quién recibió). La narco-valija es un llamado de advertencia profundo, porque indica que los narcotraficantes actúan dentro del Estado. Esto no significa que tengamos un narco-gobierno, pero es obvio que el crimen internacional ha logrado penetrarlo. 

Este incidente nos obliga, entre otras cosas, ha poner el ojo en los procesos electorales, que constituyen una de las puertas por donde el narcotráfico se cuela en la política. Hay que establecer mecanismos para que se transparenten todos los recursos que podamos recibir los candidatos o las candidatas en el próximo proceso electoral. 

El combate a la inseguridad y al crimen organizado desde lógicas estrictamente policiales únicamente contribuyen a alimentar un círculo vicioso: violencia >> represión >> gasto presupuestario en seguridad >> mayores niveles de desigualdad social >> mayor violencia. 

Garantizar la justicia social como la base de la seguridad ciudadana es hoy, más que nunca, una tarea urgente para construir una sociedad inclusiva, equitativa y justa, capaz de superar el hambre, la marginalidad, el desempleo y la pobreza. 

Estas medidas deben ir acompañadas por la generación de un discurso tolerante, flexible, respetuoso y responsable desde el poder. La agresividad y la violencia verbal características en el primer mandatario únicamente abonan para una cultura política sectaria, fanática e intransigente. 

El populismo penal que hoy se promueve no resuelve el problema de la inseguridad; más bien puede conducirnos a un callejón sin salida. Hay gente que, para conseguir la aprobación ciudadana, pide equivocadamente pena de muerte, cadena perpetua, endurecimiento de las penas, condiciones de reclusión más severas, etc. En países donde existen estas medidas no desaparecen los crímenes atroces. La opción a la mano dura es la mano inteligente. Una seguridad y una justicia humanizadas implican la utilización mínima y excepcional de la cárcel. Más bien hay que recurrir a la noción de reparación de la justicia indígena, a fin de superar la visión punitiva de la actual justicia. 

Lo que requerimos con urgencia es una justicia independiente y autónoma que, además, busque los mecanismos para armonizar los marcos jurídicos con los países vecinos. Adicionalmente se debe promover una política de seguridad internacional que unifique a la UNASUR, al CELAC, a la ALBA y a otras instancias de integración regional. 

Además de las políticas sociales, hay que aplicar políticas serias y viables de reinserción. Así como se exige que las personas con discapacidades sean integradas al mercado laboral, debería también hacérselo con los reclusos que cumplen con sus condenas. ¿Por qué no llegar a un acuerdo con los empresarios en este mismo sentido? 

Cuatro años más de creciente inseguridad ciudadana no los aguanta nadie. Por eso nuestro compromiso, el compromiso del gobierno de la Unidad Plurinacional, es con la seguridad, la justicia, la equidad, la igualdad y la libertad. No nos olvidemos que quienes pretenden conseguir seguridad sacrificando la libertad, la justicia y la igualdad, no consiguen ninguna de ellas.

Alberto Acosta / Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
 
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