Al menos 17 familias del bloque de los portuarios del Cabanyal, bajo amenaza constante de desalojo

Consecuencias de la reforma urbanística que pretende convertir este barrio de Valencia en una zona de expansión turística y urbanística-

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Desde la aprobación del Plan Especial del Cabanyal (PEC) -la reforma urbanística que pretende convertir este barrio de Valencia en una zona de expansión turística y urbanística- los procedimientos de desalojo, así como los cortes de suministro eléctrico e hídrico, han aumentado hasta amenazar varias familias en riesgo de exclusión que ocupan viviendas en el Bloque de los Portuarios, un edificio afectado por el proyecto, dos de las cuales ya han sido expulsadas

El Bloque de los Portuarios, construido en el desaparecido barrio del Clot en 1954 por los estibadores del puerto, se ubica en el Cabanyal de Valencia. Cuenta con la peculiaridad de encontrarse en una situación de limbo urbanísticos, ya que ningún gobierno del Ayuntamiento de Valencia la ha incluido dentro del ordenamiento urbano. Con la aprobación del Plan Especial del Cabanyal (PEC) a principios de 2019, la solución pasa por su derribo, a pesar de la negativa de algunas de las familias que residen y las consecuencias económicas y sociales que esta decisión implicaría para el vecindario. De esta manera, se aspira a convertir el solar del bloque, muy próximo a la playa, en una zona de expansión turística y urbanística. Desde entonces, las denuncias por ocupaciones han aumentado, así como los cortes de agua y luz. Para Millorem el Cabanyal, colectivo del barrio que trabaja con las familias que habitan el edificio, se trata de «una estrategia de presión para agilizar el proceso de especulación y expulsar el vecindario más vulnerable, que parece que represente la parte menos agradable del barrio» .

A finales de 2019, la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez (PSPV) y el consejero de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau (Unidas Podemos), acordaron ceder a la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar SA -participada por el Ayuntamiento y la Generalitat- la gestión de todo lo relacionado con el Bloque de los Portuarios, con el objetivo «de agilizar los procedimientos» para resolver la compleja situación que atraviesan las familias, muchas de las cuales se encuentran en régimen de ocupación. Según datos de la Asociación de Propietarios del Bloque de Portuarios, el edificio cuenta con 168 viviendas. De estos, 91 son propiedad privada, seis de los cuales son de entidades bancarias, mientras que el resto son públicos -36 de la Generalitat, 34 de la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar SA y siete del Ayuntamiento-. Sin embargo, tal como alerta Tomás Correa, vecino del Bloque de los Portuarios desde 2005 y miembro de Millorem el Cabanyal, desde la aprobación del PEC, «la administración ha sacado a la venta muchas de las viviendas públicas, que las han comprado fondos buitre para especular». «Parece un complot -continúa-. Nos quieren cargar a denuncias, cortes de luz …, porque no quieren expulsarnos de manera visible y directa y perjudicar su imagen «.

Hoy día, al menos diecinueve familias, según datos de la Generalitat Valenciana, se encuentran amenazadas por un proceso de desalojo, de las cuales dos ya han sido expulsadas en las últimas semanas

Los pisos se ocuparon progresivamente sin ninguna coordinación pero, con el apoyo de los colectivos del barrio, como la Associació Brúfol, Millorem el Cabanyal, Cabanyal Reviu, Cuidem Cabanyal o Cabanyal Horta,, la gente que vive en régimen de empleo al bloque está dispuesta a evitar el desalojo hasta que la administración les ofrezca una alternativa habitacional. Hoy día, al menos diecinueve familias, según datos de la Generalitat Valenciana, se encuentran amenazadas por un proceso de desalojo, de las cuales dos ya han sido expulsadas en las últimas semanas. Es el caso de la familia de Diana y Emilio -con un 80% de movilidad reducida debido a una enfermedad degenerativa-, quien residían desde hace más de una década con sus tres hijos, de 11, 14 y 21 años; pero el pasado viernes que abandonar su vivienda sin previo aviso.

La entidad propietaria de la vivienda es el fondo buitre Global Berbice, ligado a Liberbank y Solvia -la rama inmobiliaria de Banco Sabadell- el que se niega a pactar ningún tipo de alquiler social para la familia, según asegura Diana. «Prefieren tapiar-la [casa], en vez de ofrecernos un alquiler asequible y evitar que nos quedamos en la calle», denuncia Diana, quien ha movido cielo y tierra para encontrar una alternativa habitacional, pero «por menos de 400 euros no hay ningún piso disponible en la ciudad de Valencia y este precio no nos lo podemos permitir «. Ahora mismo la familia de Diana sobrevive con la pensión de 580 euros que cobra su pareja y está a la espera de que la Generalitat Valenciana le facilite una solución residencial.

Los pisos se ocuparon progresivamente sin ninguna coordinación pero, con el apoyo de los colectivos del barrio, como la Asociación búho, Mejoramos el Cabanyal, Cabanyal Revive, Cuidamos Cabanyal o Cabanyal Hort | LUCAS GUERRA

La realidad social y económica en la que convive la familia de Diana es muy similar a la que sufren el resto de vecinas que se encuentran pendientes de las ejecuciones de los desahucios en el Bloque de los Portuarios, algunas de las órdenes judiciales de las que tienen fecha abierta, una práctica que ha sido denunciada reiteradamente por los grupos de vivienda de los Paísos Catalans. Antonio y Tamara tienen cuatro hijos, uno de ellos de apenas un mes y medio. De las al menos  diecinueve familias afectadas, fueron la primera en ser desahuciados hace ahora casi un mes, a pesar de que tampoco dispone de ninguna alternativa y no poder hacer frente al precio de los alquileres de la ciudad de Valencia según el informe realizado en el en 2016 en el marco del Plan estratégico de vivienda del Ayuntamiento, los pisos con un coste inferior a los 450 euros mensuales disminuyeron hasta 233 en enero de 2017-, ya que sólo ganan entre 200 y 250 euros al mes. Su vivienda pertenece al fondo de inversión GM Reo I SL, que tiene como socia única a Intertrust Spain SL, entidad que se dedica a asesorar empresas internacionales con activos inmobiliarios, entre otros.

La incertidumbre y la preocupación por encontrar una vivienda digna donde vivir no sólo afecta a las vecinas que se encuentran en régimen de empleo, sino las 168 familias que residen, ya que aún se desconoce el futuro de estas cuando el Bloque de los Portuarios s’esfondre

Jose Enríquez, trabajadora social y miembro de la Asociación Brufol, -colectivo que trabaja en la inserción sociolaboral, la formación y el acompañamiento social del vecindario del Cabanyal explica que están luchando para encontrar una solución habitacional para todas estas familias : «Cada semana hay un desahucio, bien entre particulares, por parte de la administración o por los fondos buitre, por lo tanto, queremos regularizar la situación de estas personas y acabar con la incertidumbre en que viven». Hace un mes Enríquez y Jordi Bosch, en representación del colegio Santiago Apóstol, donde se encuentran escolarizadas alrededor de 195 alumnos, entre ellas las niñas que viven en el edificio de los Portuarios; se reunieron con el director general de Emergencia Habitacional de la Consejería de Vivienda, David Vegara; la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Elena Ferrando; y la concejala de Servicios Sociales y Vivienda, Isabel Lozano, entre otros, y se acordó garantizar una alternativa residencial «lo más ágil posible» para estas diecinueve familias, tal como informó la Generalitat a través de una nota de prensa. Sin embargo, los desahucios han continuado sucediendo. «Las denuncias llegan de manera periódica, con el objetivo de expulsarnos y criminalizar las familias para ocupar viviendas que estaban completamente desmantelados», añade Correa.

La incertidumbre y la preocupación por encontrar una vivienda digna donde vivir no sólo afecta a las vecinas que se encuentran en régimen de empleo, sino las 168 familias que residen, ya que aún se desconoce el futuro de estas cuando el Bloque de los Portuarios sea derribado. «Realmente todavía no sabemos si se intentará regularizar la situación de las familias con alquileres social ni si tirarán el bloque, porue un día dicen que sí y el otro nos dicen que no», critica Enríquez. En este sentido, desde la concejalía de Urbanismo, aseguran que el destino del bloque «pasa por su derrumbe», por tanto «los propietarios pueden vender su vivienda, hacer una permuta o esperar a la reedificación». Aparte, se deberán estudiar los casos de aquellas familias que estén ocupando, para saber si se pueden acoger o no la resolución del 4 de abril de 2017 que establece que aquellas que ocuparon antes de 2015 pueden regularizar su situación.

Iberdrola deja sin suministro eléctrico 14 familias

Al incremento de las denuncias por empleo, se suma el aumento de los cortes de suministro eléctrico e hídrico para cubrir las necesidades vitales, en algún caso masivos, como el que ocurrió el pasado mes de noviembre, en plena ola de frío. Operarios de Iberdrola, escoltados por agentes de la Policía Local, acudieron al Bloque de los Portuarios sin previo aviso ni en coordinación con Servicios Sociales y dejaron sin luz a catorce familias en situación de exclusión y pobreza, según explican las entidades del barrio . Desde la Asociación Brufól consideran «indecente» la actuación de Iberdrola y subrayan que muchas de estos hogares «intentan regularizar los suministros, pero la falta de respuestas y de compromiso por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento lo impide» .

«Es el pez que se muerde la cola», remarca Enríquez, ya que «si no se regulariza la habitabilidad, difícilmente se podrán regularizar los suministros». Por ello, los colectivos que trabajan la parte social del barrio defienden que, sin medidas que pongan fin a la exclusión que sufren las vecinas del Bloque de los Portuarios, «será más complicado conseguir la regeneración urbana». «Sobre el plano puedes edificar un jardín, un parque, un hotel …, pero un problema social arraigado no es tan fácil de solucionar, porque la gente que es expulsada del Cabanyal se mudará con su pobreza a otro barrio y se continuarán creando y reforzando los guetos «, apostilla Correa.


ALMENYS DÈSSET FAMÍLIES DEL BLOC DELS PORTUARIS DEL CABANYAL, SOTA AMENAÇA CONSTANT DE DESALLOTJAMENT

Des de l’aprovació del Pla Especial del Cabanyal (PEC) –la reforma urbanística que pretén convertir aquest barri de València en una zona d’expansió turística i urbanística– els procediments de desallotjament, així com els talls de subministrament elèctric i hídric, han augmentat fins a amenaçar diverses famílies en risc d’exclusió que ocupen habitatges en el Bloc dels Portuaris, un edifici afectat pel projecte, dues de les quals ja han estat expulsades

Per a Millorem el Cabanyal, col·lectiu del barri que treballa amb les famílies que habiten l’edifici, es tracta “d’una estratègia de pressió per agilitzar el procés d’especulació i expulsar el veïnat més vulnerable». /

El Bloc dels Portuaris, construït al desaparegut barri del Clot en 1954 per als estibadors del port, s’ubica al Cabanyal de València. Compta amb la peculiaritat de trobar-se en una situació de llimbs urbanístics, ja que cap govern de l’Ajuntament de València l’ha inclòs dins de l’ordenament urbà. Amb l’aprovació del Pla Especial del Cabanyal (PEC) a principis de 2019, la solució passa pel seu enderrocament, malgrat la negativa d’algunes de les famílies que hi resideixen i les conseqüències econòmiques i socials que aquesta decisió implicaria per al veïnat. D’aquesta manera, s’aspira a convertir el solar del bloc, molt pròxim a la platja, en una zona d’expansió turística i urbanística. Des de llavors, les denúncies per ocupacions han augmentat, així com els talls d’aigua i llum. Per a Millorem el Cabanyal, col·lectiu del barri que treballa amb les famílies que habiten l’edifici, es tracta “d’una estratègia de pressió per agilitzar el procés d’especulació i expulsar el veïnat més vulnerable, que sembla que represente la part menys agradable del barri”.

A finals de 2019, la regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez (PSPV) i el conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem), van acordar cedir a la societat Pla Cabanyal-Canyamelar SA –participada per l’Ajuntament i la Generalitat– la gestió de tot allò relacionat amb el Bloc dels Portuaris, amb l’objectiu “d’agilitzar els procediments” per resoldre la complexa situació que travessen les famílies, moltes de les quals es troben en règim d’ocupació. Segons dades de l’Associació de Propietaris del Bloc de Portuaris, l’edifici compta amb 168 habitatges. D’aquests, 91 són propietat privada, sis dels quals són d’entitats bancàries, mentre que la resta són públics –36 de la Generalitat, 34 de l’empresa Pla Cabanyal-Canyamelar SA i set de l’Ajuntament–. Tanmateix, tal com alerta Tomás Correa, veí del Bloc dels Portuaris des del 2005 i membre de Millorem el Cabanyal, des de l’aprovació del PEC, “l’administració ha tret a la venda moltes de les vivendes públiques, que les han comprat fons voltor per especular”. “Sembla un complot -continua-. Ens volen carregar a denúncies, talls de llum…, perquè no volen expulsar-nos de manera visible i directa i perjudicar la seua imatge”.

Avui dia, almenys dèneu famílies, segons dades de la Generalitat Valenciana, es troben amenaçades per un procés de desallotjament, de les quals dues ja han sigut expulsades en les últimes setmanes

Els pisos es van ocupar progressivament sense cap coordinació però, amb el suport dels col·lectius del barri, com l’Associació Brúfol, Millorem el Cabanyal, Cabanyal Reviu, Cuidem Cabanyal o Cabanyal Horta, la gent que viu en règim d’ocupació al bloc està disposada a evitar el desallotjament fins que l’administració els oferisca una alternativa habitacional. Avui dia, almenys dèneu famílies, segons dades de la Generalitat Valenciana, es troben amenaçades per un procés de desallotjament, de les quals dues ja han sigut expulsades en les últimes setmanes. És el cas de la família de Diana i Emilio -amb un 80% de mobilitat reduïda a causa d’una malaltia degenerativa-, qui hi residien des de fa més d’una dècada amb els seus tres fills, d’11, 14 i 21 anys; però el passat divendres van haver d’abandonar el seu habitatge sense previ avís.

L’entitat propietària de la vivenda és el fons voltor Global Berbice, lligat a Liberbank i Solvia –la branca immobiliària de Banc Sabadell– el qual es nega a pactar cap tipus de lloguer social per a la família, segons assegura Diana. “Prefereixen tapiar-la [casa], en compte d’oferir-nos un lloguer assequible i evitar que ens quedem al carrer”, denuncia Diana, qui ha mogut cel i terra per trobar una alternativa habitacional, però “per menys de 400 euros no hi ha cap pis disponible a la ciutat de València i aquest preu no ens el podem permetre”. Ara mateix la família de Diana sobreviu amb la pensió de 580 euros que cobra la seua parella i està a l’espera que la Generalitat Valenciana li facilite una solució residencial.

Els pisos es van ocupar progressivament sense cap coordinació però, amb el suport dels col·lectius del barri, com l’Associació Brúfol, Millorem el Cabanyal, Cabanyal Reviu, Cuidem Cabanyal o Cabanyal Hort|LUCAS GUERRA

 

La realitat social i econòmica en què conviu la família de Diana és molt similar a la que sofreixen la resta de veïnes que es troben pendents de les execucions dels desnonaments al Bloc dels Portuaris, algunes de les ordres judicials de les quals tenen data oberta, una pràctica que ha estat denunciada reiteradament pels grups d’habitatge d’arreu dels Països Catalans. Antonio i Tamara tenen quatre fills, un d’ells de tot just un mes i mig. De les almenys dèneu famílies afectades, van ser la primera a ser desnonats fa ara quasi un mes, malgrat que tampoc disposa de cap alternativa i no poder fer front al preu dels lloguers de la ciutat de València -segons l’informe realitzat en l’any 2016 en el marc del Pla estratègic d’habitatge de l’Ajuntament, els pisos amb un cost inferior als 450 euros mensuals van disminuir fins a 233 en gener de 2017-, ja que només guanyen entre 200 i 250 euros al mes. La seua vivenda pertany al fons d’inversió G-M Reo I SL, que té com a sòcia única a Intertrust Spain SL, entitat que es dedica a assessorar empreses internacionals amb actius immobiliaris, entre d’altres.

La incertesa i la preocupació per trobar un habitatge digne on poder viure no només afecta les veïnes que es troben en règim d’ocupació, sinó les 168 famílies que hi resideixen, ja que encara es desconeix el futur d’aquestes quan el Bloc dels Portuaris s’esfondre

Jose Enríquez, treballadora social i membre de l’Associació Brúfol, –col·lectiu que treballa en la inserció sociolaboral, la formació i l’acompanyament social del veïnat del Cabanyal– explica que estan lluitant per trobar una solució habitacional per a totes aquestes famílies: “Cada setmana hi ha un desnonament, bé entre particulars, per part de l’administració o pels fons voltor, per tant, volem regularitzar la situació d’aquestes persones i acabar amb la incertesa en què viuen”. Fa un mes Enríquez i Jordi Bosch, en representació del col·legi Santiago Apóstol, on es troben escolaritzades vora 195 alumnes, entre elles les xiquetes que viuen a l’edifici dels Portuaris; es van reunir amb el director general d’Emergència Habitacional de la Conselleria d’Habitatge, David Vegara; la secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials, Elena Ferrando; i la regidora de Serveis Socials i Habitatge, Isabel Lozano, entre d’altres, i es va acordar garantir una alternativa residencial “el més àgil possible” per a aquestes dèneu famílies, tal com va informar la Generalitat a través d’una nota de premsa. Tanmateix, els desnonaments han continuat succeint. “Les denúncies arriben de manera periòdica, amb l’objectiu d’expulsar-nos i criminalitzar les famílies per ocupar habitatges que estaven completament desmantellats”, afegeix Correa.

La incertesa i la preocupació per trobar un habitatge digne on poder viure no només afecta les veïnes que es troben en règim d’ocupació, sinó les 168 famílies que hi resideixen, ja que encara es desconeix el futur d’aquestes quan el Bloc dels Portuaris s’esfondre. “Realment encara no sabem si s’intentarà regularitzar la situació de les famílies amb lloguers social ni si tiraran el bloc, perquè un dia diuen que sí i l’altre ens diuen que no”, critica Enríquez. En aquest sentit, des de la regidoria d’Urbanisme, asseguren que el destí del bloc “passa per la seua ensulsiada”, per tant “els propietaris poden vendre el seu habitatge, fer una permuta o esperar a la reedificació”. A banda, s’hauran d’estudiar els casos d’aquelles famílies que estiguen ocupant, per saber si es poden acollir o no a la resolució del 4 d’abril de 2017 que estableix que aquelles que van ocupar abans de 2015 poden regularitzar la seua situació.

 

Iberdrola deixa sense subministrament elèctric 14 famílies

A l’increment de les denúncies per ocupació, se suma l’augment dels talls de subministrament elèctric i hídric per cobrir les necessitats vitals, en algun cas massius, com el que va ocórrer el passat mes de novembre, en plena onada de fred. Operaris d’Iberdrola, escortats per agents de la Policia Local, van acudir al Bloc dels Portuaris sense previ avís ni en coordinació amb Serveis Socials i van deixar sense llum a catorze famílies en situació d’exclusió i pobresa, segons expliquen les entitats del barri. Des de l’Associació Brúfol consideren “indecent” l’actuació d’Iberdrola i subratllen que moltes d’aquestes llars “intenten regularitzar els subministraments, però la falta de respostes i de compromís per part de la Generalitat i l’Ajuntament ho impedeix”.

“És el peix que es mossega la cua”, remarca Enríquez, ja que “si no es regularitza l’habitabilitat, difícilment es podran regularitzar els subministraments”. Per això, els col·lectius que treballen la part social del barri defensen que, sense mesures que posen fi a l’exclusió que sofreixen les veïnes del Bloc dels Portuaris, “serà més complicat aconseguir la regeneració urbana”. “Sobre el plànol pots edificar un jardí, un parc, un hotel…, però un problema social arrelat no és tan fàcil de solucionar, perquè la gent que és expulsada del Cabanyal es mudarà amb la seua pobresa a un altre barri i es continuaran creant i reforçant els guetos”, postil·la Correa.

Almenys dèsset famílies del Bloc dels Portuaris del Cabanyal, sota amenaça constant de desallotjament

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