Al cabo de un año, los socialistas entran al gobierno municipal de Ada Colau

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Por Corrent Roig

El desalojo del “banco expropiado” del barrio de Gracia y el conflicto de los “manteros”

El desalojo del “banco expropiado” ha sido foco de atención en Barcelona durante un par de semanas. En este intervalo, la derecha españolista y la “soberanista”, con todos  sus medios de comunicación, aprovecharon el conflicto para criminalizar al movimiento okupa y embestir contra la CUP, pero también para atacar a Ada Colau, a quien acusaron de “equidistancia” y de “simpatizar” con los okupas. Pero la verdad es que Ada Colau nunca se movió de su papel “institucional”. De entrada, manifestó que era “un conflicto entre particulares”. Ante la violencia ejercida por los Mossos d’Esquadra se limitó a pedir “proporcionalidad”. Y ha reducido su papel a “mediar entre las partes”. No hubo una posicionamiento a favor del colectivo que había okupado el banco vacío y lo había puesto al servicio del barrio; tampoco una denuncia contra el especulador que compró el local a precio de saldo, ni contra la especulación rampante que, a rebufo del turismo, infla los precios y expulsa del barrio de Gracia a los sectores económicamente más débiles, incapaces de pagar alquileres imposibles.

También ha hecho aguas el gobierno de Ada Colau en el conflicto de los “manteros”. Estos, ante las sucesivas promesas incumplidas del gobierno municipal (planes de empleo, regularizaciones…etc.) se han organizado en el “Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes” para exigir su cumplimiento. El gobierno de BComú , en lugar de atender sus reivindicaciones, se ha puesto de perfil, ha dado largas a sus compromisos y ha permitido que el colectivo sea reprimido y sus mercancías requisadas por la Guardia Urbana, cuando no por los Mossos d’Esquadra. En las últimas actuaciones represivas, con un mantero encarcelado, Ada Colau no ha dudado en colocarse abiertamente de parte de la Guardia Urbana.

Los conflictos del transporte público municipal y la continuidad de los desahucios

Respecto al problema del transporte público municipal, suscribimos plenamente la carta abierta que han dirigido a Ada Colau los “Trabajadores/as de Autobuses en lucha” que le preguntan: “¿De qué sirve ganar las elecciones si no se es capaz de acabar con la precariedad laboral?”. Ahora nos encontramos con la firma del convenio de TMB-Buses a espaldas de la plantilla, esta vez sin consulta a los trabajadores, después de que estos hubieran rechazado en dos ocasiones los anteriores preacuerdos. El convenio ahora firmado por los responsables municipales y los burócratas sindicales, similar al preacuerdo rechazado, perpetua la precariedad y los privilegios, tanto del personal directivo fuera de convenio como de la burocracia sindical, sin atender las reivindicaciones planteadas por los trabajadores.

En cuanto a la lucha contra los desahucios, por la vivienda social y contra la pobreza energética, que había der ser la joya de la corona del equipo de Ada Colau, se ha convertido en una de las mayores decepciones. El gobierno municipal, en lugar de impulsar medidas enérgicas que parasen radicalmente los desahucios y pusieran en su sitio a los bancos, grandes inmobiliarias y compañías energéticas, se ha comportado con la mayor tibieza “institucional”, sin siquiera explotar las posibilidades que le ofrecía la ley 24/2015 del Parlament (ahora suspendida por el Tribunal Constitucional). Se ha limitado a tramitar algunas multas y a crear una “unidad contra la emergencia residencial” amparada en dicha ley, que ha paralizado una parte de los desahucios que, sin embargo, prosiguen a buen ritmo. Y si esto ha sucedido con la ley 24/2015 vigente, ¿ qué va a suceder ahora con la ley suspendida?

Los socialistas entran al gobierno municipal: ¿dónde ha quedado la “nueva política”?

Hemos dejado para el final el acuerdo de gobierno firmado con los socialistas, un pacto de extrema relevancia, que ha sido curiosamente postergado por los medios de comunicación y las principales organizaciones de la izquierda. Mediante este pacto, el PSC pasa a integrar el equipo de gobierno, con Jaume Collboni (imputado por tráfico de influencias en el caso Mercurio) como segundo teniente de alcalde, responsable de las áreas de empresa, cultura e innovación. El pacto contó con el voto en contra de un tercio de los inscritos en BComú que participaron en la consulta. No en vano, para los dirigentes de BComú, hasta hace poco más de un año, el PSC era mafia y la perfecta encarnación de la “vieja política”.

Collboni ha definido con precisión el sentido de la incorporación del PSC al gobierno municipal: “Nuestra entrada envía un mensaje positivo a la economía de la ciudad (…) Que se sepa que hay un gobierno amigo de la actividad económica (…) Aplicaremos el modelo Barcelona de colaboración con el sector privado , siempre con un liderazgo público. Es marca de nuestra casa“. Y concluye: “Buscaremos prioritariamente el acuerdo con los partidos de izquierda, pero en muchas cuestiones concretas de ciudad podemos llegar a acuerdos con el Sr. Trias y Convergencia y Ciudadanos

El pacto con el PSC, un partido íntimamente asociado a sectores de la burguesía catalana, es la confirmación, después de un año de gobierno, de que la “nueva política” no es muy diferente de la vieja. Collboni lo ha expresado así: “Por el bagaje del PSC sabíamos que BComú, fruto de la experiencia institucional y del contacto con las muchas Barcelonas que hay, evolucionaría en sus posiciones“.

Al final, una vez en el gobierno, la nueva y la vieja políticas se someten a las mismas reglas: “gobernar para todos”, respetar las leyes, por injustas que sean, acatar las jerarquías institucionales, aunque sus dictados vayan contra el pueblo. Y conciliar con los poderosos. Como les dijo Ada Colau a los grandes capitalistas catalanes, reunidos en Sitges en el encuentro anual del Cercle d’Empresaris: “esto va de colaborar, o colaboramos todos, o no sale nadie adelante.(…) Se trata de que ganemos todos. Es esencial que nos acompañen“.

El gran problema es que esta política esteriliza los esfuerzos de tanta gente luchadora y ahoga las reivindicaciones populares en la vía muerta institucional, en lugar de utilizar la institución al servicio de las reivindicaciones, para promover la movilización y la autoorganización popular y, sobre esa base firme, enfrentar sin miedo las leyes injustas, las instituciones superiores y los intereses de los poderosos. ¿Si no es para esto, qué sentido tiene entrar en las instituciones y asumir responsabilidades de gobierno?

¿Un “gobierno a la barcelonesa” en Madrid?

El pacto de Barcelona ha sido bendecido por Pablo Iglesias y a Kichi, el alcalde de Cádiz (Podemos), le parece estupendo. Si él no lo hace en su ciudad -dice- es porque “en Andalucía el PSOE no es como en Cataluña“. A Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, es el paso que le falta dar.

Ahora que hemos entrado en plena campaña electoral, no nos ha de extrañar que los gobiernos municipales de Barcelona, Madrid o Cádiz se pongan como ejemplo de buen gobierno y como la prueba de que Podemos puede acceder al gobierno sin que el país se desestabilice. Al calor de las encuestas, la propuesta de “gobierno de izquierdas” ya no se concreta en un “gobierno a la valenciana” sino en un “gobierno a la barcelonesa”, con el PSOE en posición secundaria pero, al mismo tiempo, haciendo de garante formal del mantenimiento del “orden europeo y del constitucional”, plenamente asumidos por Unidos Podemos. Solo  que esta vía tapona el camino al cambio social. Porque sólo habrá cambio social plantando cara a la Unión Europea y recuperando la movilización obrera y popular; porque sólo un gobierno construido sobre estas bases puede garantizarlo.

Al cabo de un año, los socialistas entran al gobierno municipal de Ada Colau

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