Un vídeo lanzado recientemente por el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel enumeraba en tono satírico las atracciones turísticas de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. “Estás viendo cómo los colonos persiguen a los palestinos en Cisjordania y dices ‘guau, ojala pudiera tener unas vacaciones en tierra robada y normalizar estos crímenes. Bueno, una compañía te puede ayudar: Airbnb”.
Entre las cientos de ofertas de alojamientos disponibles en territorios ocupados, el vídeo destacaba una “maravillosa casa” en el asentamiento de Eli. Esta urbanización, al igual que las 170 urbanizaciones en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, son ilegales. Así lo consideran la ONU, Estados Unidos, la UE, España y la mayoría de los países del planeta.
More reasons to boycott #Airbnb pic.twitter.com/9zsnBn42eU
— Rania (@umyaznemo) September 10, 2024
En esta colonia de casi 5.000 habitantes levantada sobre tierras expropiadas a las aldeas palestinas de As-Sawiya y Qaryut, el intrépido turista puede visitar la famosa academia premilitar Bnei David, donde enseñan a los jóvenes que se preparan para el servicio militar que “los palestinos son genéticamente inferiores y necesitan ser esclavizados”, según palabras del director de la escuela, el rabino Eliezer Kashtiel. El visitante ocasional también puede ser testigo de alguno de los ataques de colonos y del ejército israelí contra la población palestina o de una confiscación de tierras, multiplicadas por dos desde el 7 de octubre de 2023.
Desde ese día, más de 700 palestinos han muerto a manos de los colonos y del ejército israelí en Cisjordania. De ellos, más de 158 eran menores de edad, según Save the Children. Las continuas redadas en los pueblos y campos de refugiados han dejado más de 11.000 palestinos detenidos en Cisjordania, ocho de cada diez en una situación de “detención administrativa” sin cargos formales ni juicio.
El papel de los colonos en estas incursiones ha sido denunciado por multitud de informes y grupos de derechos humanos. Incluso EE UU ha sancionado varias veces a colonos por ataques a población palestina, la última vez el pasado 1 de octubre. En este año se han registrado al menos 1.300 ataques de colonos a población palestina. Y desde el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes destruyeron, demolieron, confiscaron o forzaron la demolición de 1.478 estructuras palestinas en Cisjordania, desplazando a más de 3.477 palestinos, incluidos unos 1.485 niños y niñas, según datos de Save the Children.
“Baba, vienen los colonos”, gritaba una niña palestina en agosto de este año según el relato de The New York Times. Decenas de residentes de Eli —la colonia donde se situaba la “maravillosa casa” de Airbnb— descendían con máscaras, vestidos de negro, armados con rocas, Kalashnikovs y fusiles M-16. Ese 18 de agosto de 2024, un palestino fue asesinada por los colonos. El 12 de abril y los días siguientes otros diez fueron linchados por una turba de colonos armados en venganza por la muerte de un adolescente israelí entre llamadas a “castigos colectivos” y a “exterminar a las bestias”.
Airbnb cuenta con cerca de 100 anuncios en los Altos del Golán, territorio anexionado por Israel en la guerra de los Siete Días de 1967.
“La injusticia en sí misma”
En los territorios palestinos ocupados por Israel hay más de 170 asentamientos —ilegales según la comunidad internacional— donde viven más de 700.000 israelíes. Las actividades económicas, empresariales, también las turísticas, que ayudan a mantener y ampliar estas urbanizaciones son condenadas por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Según denuncian el movimiento BDS y un amplio abanico de ONG de derechos humanos —entre ellos Amnistía Internacional y Human Right Watch—, así como propia ONU, las empresas que gestionan hospedajes turísticos y favorecen el transporte a estos asentamientos y entre ellos están contribuyendo a la normalización y la consolidación de esta anexión de tierras que viola decenas de resoluciones internacionales.
Y no es solo una cuestión de Airbnb. Además de esta compañía estadounidense, Naciones Unidas extiende la acusación a Booking.com, TripAdvisor e incluso la española eDreams. Todas ellas, según la ONU, son culpables de “la prestación de servicios y utilidades que respaldan el mantenimiento y la existencia de los asentamientos”. La Oficina de Derechos Humanos de esta organización trasnacional incluía en febrero de 2020 a todas estas compañías en una lista de 112 empresas de todo el mundo que estaban colaborando con la expansión y fortalecimiento de estos asentamientos ilegales.
Booking.com es responsable de permitir que los colonos israelíes oferten sus viviendas situadas en “tierra robada”, según un informe de Human Right Watch. La construcción de infraestructuras en estas tierras arrebatadas a la población palestina, sostiene esta ONG, “desencadena graves abusos de los derechos humanos contra los palestinos, incluido el bloqueo de su acceso a parcelas de tierra privadas cercanas, la restricción de su libertad de movimiento y, debido a esas restricciones de viaje, la limitación de su derecho a acceder a servicios de educación y salud y a protecciones para mantener unidas a sus familias”.
Esta organización de derechos humanos llegó incluso a documentar casos de propiedades palestinas arrebatadas por colonos que habían sido, a continuación, ofertadas en Airbnb. Es el caso de Shaaeb: “Que alguien ocupe tu tierra es ilegal. Que alguien construya en tu tierra, la alquile y se beneficie de ella es la injusticia en sí misma”.
En Geva Binyamin, un asentamiento israelí de 5.000 personas construido sobre tierra expropiada de la aldea palestina de Jaba, Booking ofrece un oasis de lujo y piscina.
La actividad comercial de Airbnb, Booking y otras empresas del ramo que realizan en las zonas que Israel ha ido arrebatando a los palestinos desde la guerra de 1967 hace que los asentamientos sean “más rentables y por lo tanto más sostenibles”, explica esta organización de derechos humanos. Y cuánto más rentable, más israelíes se trasladan a estos asentamientos, que no han dejado de crecer en los últimos años ante la presión demográfica, una crisis de altos precios y de falta de vivienda y las oportunidades de especular con la vivienda que ofrecen estas compañías.
El turista intrépido o el viajero ocasional puede elegir cientos de destinos en tierra robada. En Modi’in Illit, el mayor asentamiento ilegal israelí con 70.0000 colonos, hay decenas de opciones. Ocurre lo mismo en Guiv’at Ze’ev, todavía en Cisjordania pero solo a siete kilómetros de la ciudad santa y a tres kilómetros de Ramallah, la capital de la Autoridad Palestina. En Geva Binyamin, un asentamiento israelí de 5.000 personas construido sobre tierra expropiada de la aldea palestina de Jaba, Booking ofrece un oasis de lujo, bar, desayuno y servicio de habitaciones, con terraza, y vistas a la ciudad y la montaña. Unas instalaciones que cuentan con spa, centro de bienestar y hasta una piscina en una de las regiones del mundo más castigadas por la crisis hídrica.
Alojamiento de Airbnb en el asentamiento ilegal de Guiv’at Ze’ev, en Cisjordania.
En la zona de Jerusalén Este, también considerada por la comunidad internacional como legítimamente palestina, los asentamientos israelíes, muchos de ellos convertidos en barrios de la ciudad antigua, ofrecen centenares de alojamientos en Booking y Airbnb. Así ocurre en Pisgat Ze’ev, uno de los asentamientos más grandes de Jerusalén Oriental o en Ramat Shlomo, otra colonia de 20.000 habitantes con gran presencia de judíos ultraortodoxos. Otro tanto sucede en Ramot, una urbanización israelí en territorios ocupados en el norte de Jerusalén, en donde Airbnb ofrece una veintena de opciones de alojamiento. Para trasladar turistas, soldados y colonos a estos asentamientos ilegales, Israel ha construido en los últimos años toda una red de tranvía con la participación de cuatro empresas españolas privadas —CAF, Comsa, GMV y TyPSA— y una pública, Ineco.
El movimiento BDS en España ha llamado a boicotear a estas empresas y ha pedido que sean incluidas en la lista de la ONU de compañías que colaboran con los asentamientos ilegales. Los intentos del movimiento de solidaridad con Palestina, así como de Sumar y de Podemos, para que el Gobierno español tome medidas para sancionar esta colaboración con la ocupación israelí no han tenido efecto más allá de declaraciones políticas sin consecuencias.
En Airbnb también hay un centenar de opciones para encontrar alojamientos turísticos en los Altos del Golán, zona también arrebatada tras la guerra de 1967, situada en la frontera norte con Líbano, Jordania y Siria. Solo en Katzrin, la segunda localidad más grande de los Altos del Golán y la capital administrativa de la región, hay una veintena de ofertas en Airbnb. Desde 1974, cuando comenzó la urbanización de este asentamiento israelí, el plan del Gobierno no es otro que asentar con ladrillo e infraestructuras la colonización de este territorio anexionado.
Casa con piscina en Airbnb en la colonia ilegal de Ari’el. Con 16.600 habitantes es el quinto asentamiento israelí más grande de Cisjordania.
Una oportunidad perdida
Hubo un momento en el que parecía que Airbnb iba a marcar la diferencia. Era el 19 de noviembre de 2018 y anunció que se disponía a retirar los 200 anuncios que tenía entonces en los territorios ocupados por Israel. Pese a ser “legal” según la legislación estadounidense hacer negocio en estos territorios arrebatados, “como plataforma global” debía medir el impacto de sus actuaciones y “actuar de manera responsable”. Entre los criterios que tuvo en cuenta Airbnb para tomar esta decisión, figuraba la evaluación de “si la existencia de anuncios estaba contribuyendo al sufrimiento humano existente”. El entonces ministro de Turismo de Israel, Yariv Levin, calificó la decisión como “la más miserable de las miserables capitulaciones a los esfuerzos de boicot”. Es decir, todo un éxito.
La campaña lanzada por el movimiento BDS había alcanzado un pico los meses antes con el lema #deactivateAirbnb. La presión internacional sirvió. Pero no durante mucho mucho tiempo. En medio de las negociaciones accionariales para su salida en bolsa, en abril de 2019, apenas cinco meses después, la compañía de Brian Chesky emitía un nuevo comunicado en el que se retractaba de todo lo dicho hasta el momento: seguiría como si nada hubiera pasado incluyendo entre sus destinos Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.
“La decisión de Airbnb es un acto censurable y cobarde que supondrá otro devastador golpe para los derechos humanos de la población palestina”, declaró entonces Mark Dummett, de Amnistía Internacional. Eso sí, la compañía dejó claro que donaría los ingresos obtenidos de estos alojamientos a organizaciones humanitarias. “Dejar caer unas monedas en una caja de caridad no compensa los crímenes de guerra”, resumía Ryvka Barnard del colectivo británico War on Want.
La presión de Israel, que inició una demanda colectiva contra Airbnb, tuvo mucho que ver. También las acciones legales realizadas desde EE UU, como la interpuesta por cinco ciudadanos estadounidenses que alegaban que la decisión de la compañía de dejar de alquilar propiedades en asentamientos fue “discriminatoria para los judíos y similar a los boicots nazis”. La necesidad de inversores dispuestos a comprar acciones en su inminente salida a bolsa hizo el resto. En diciembre de 2020, Airbnb debutaba en Wall Street y en un día duplicaba su valor bursátil con una cotización de 93.000 millones de euros. Airbnb no marcó la diferencia y el principio de “actuar de manera responsable” adoptó un nuevo significado.
