AI pide la inmediata libertad para periodistas y manifestantes en Marruecos y Sáhara Occidental por el Covid-19

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Las autoridades marroquíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas sólo por protestar o expresar sus ideas de forma pacífica, entre ellas decenas de manifestantes de Hirak del Rif, artistas de rap, autores de blogs y periodistas

Lo ha pedido Amnistía Internacional (AI) ante la creciente preocupación por la propagación del COVID-19 en las cárceles marroquíes.

Amnistía Internacional dice en un comunicado que para las personas de edad avanzada o con patologías previas deben considerarse de inmediato alternativas a la detención si no representan una amenaza para ellas ni para la sociedad, y debe considerarse la puesta en libertad basada en la presunción de inocencia para las que estén en espera de juicio acusadas de algún delito.

“La nefasta perspectiva de que el COVID-19 se propague por las cárceles debería impulsar a las autoridades marroquíes a poner en libertad a las decenas de personas recluidas únicamente por expresar sus opiniones o ejercer su derecho de protesta. Estas personas pacíficas nunca debieron ser encarceladas”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En los casos de personas que continúen detenidas o presas, el gobierno marroquí debe proporcionar unos niveles de atención de la salud que cubran las necesidades de cada persona y garanticen la máxima protección posible contra la propagación del COVID-19.”

AI indica que la intolerancia de las autoridades marroquíes frente a quienes se atreven a expresar libremente sus opiniones ha aumentado en los últimos seis meses. Sólo de noviembre de 2019 a enero de 2020, al menos 10 personas —entre ellas un periodista y dos raperos— fueron detenidas y condenadas a prisión en relación con el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión en Internet; todas fueron acusadas de “ofender a autoridades o instituciones públicas”, y 7 de ellas están actualmente encarceladas en distintas prisiones de Marruecos.

Amnistía cita varios casos: el activista Abdelali Bahmad, alias Ghassan Bouda, está cumpliendo un año de prisión por “injurias” a la monarquía tras haber publicado comentarios de apoyo a las protestas de Hirak del Rif en su página web; y los blogueros Moul El Hanout y Youssef Moujahid están cumpliendo cuatro años de prisión después de que un tribunal de Rabat los declarara culpables de “ofender a autoridades o instituciones públicas” e “incitación al odio” por publicar vídeos en los que aparecen ejerciendo legítimamente su derecho a la libertad de expresión en Internet.

Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el número de personas privadas de libertad en todo el país por la expresión legítima de sus opiniones ascendía a 110 en marzo de 2020.

AI señala que las cárceles de Marruecos están saturadas y un porcentaje considerable de la población reclusa está en detención previa al juicio. En noviembre de 2019, Mustapha Ramid, ministro de derechos humanos y relaciones con el Parlamento, informó a la cámara alta del Parlamento marroquí de que el hacinamiento en las cárceles era del 138% aproximadamente, con 83.747 personas privadas de libertad en 2018. Según el ministro de Justicia, el 40% de la población reclusa total en 2018 eran personas detenidas en espera de juicio.

“El gobierno también debería considerar seriamente la posibilidad de adoptar medidas no privativas de libertad para las personas acusadas de delitos leves o que son especialmente vulnerables a la COVID-19, como las de edad avanzada y las que padecen problemas médicos graves”, asegura Morayef.

Varias personas privadas de libertad se han declarado en huelga de hambre en los últimos años para reivindicar mejor asistencia médica o el derecho a recibir visitas. Entre ellas están muchos de los presos de Hirak del Rif condenados por un tribunal de Casablanca a largas penas de prisión por participar en el movimiento de justicia social que proliferó en la región septentrional marroquí del Rif a lo largo de 2017. Amnistía Internacional calificó el proceso de grave error judicial, ya que el tribunal se basó en confesiones obtenidas mediante tortura para declarar culpables a los 43 hombres que habían participado en las protestas.

Nabil Ahamjik y Ahmed Zefzafi, líderes de las protestas, iniciaron una huelga de hambre el 22 de febrero para reclamar acceso a asistencia médica y el derecho a recibir visitas. Ambos tuvieron que suspenderla el 17 de marzo por el temor a la propagación de la COVID-19.

Medio centenar de presos políticos saharauis

Periodistas saharauis presos 

Según datos del Ministerio de Salud, el número total de casos confirmados de Covid-19 en Marruecos y el Sáhara Occidental el 6 de abril se elevaba a 1.021; 70 personas habían muerto por complicaciones asociadas al coronavirus, mientras que 76 se habían recuperado. El 16 de marzo, las autoridades judiciales marroquíes anunciaron la suspensión de las vistas en los tribunales hasta nuevo aviso, excepto las relacionadas con personas detenidas, procedimientos sumarios e investigaciones en curso.

El 5 de abril -según anunció el Ministerio de Justicia-, el rey Mohammed VI concedió el indulto real a 5.654 personas presas y ordenó tomar todas las medidas necesarias para reforzar la protección de la población reclusa, especialmente contra la propagación del coronavirus. El 20 de marzo, el Ministerio del Interior anunció el confinamiento total de la población hasta el 20 de abril.

En el caso de los presos políticos saharauis, medio centenar se encuentran en cárceles marroquíes sin las mínimas condiciones de higiene, mal alimentados, padecen enfermedades y carecen de la debida atención médica, según ha denunciado el Movimiento por los presos políticos saharauis (MPPS), con lo que están en alto riesgo de resultar contagiados por  el coronavirus,

Los presos saharauis en cárceles marroquíes, a más de mil kilómetros de su tierra, fueron condenados en juicios denunciados por observadores y organizaciones internacionales por la ausencia de pruebas y de garantías.

Entre los presos políticos saharauis hay seis periodistas, cuatro de los cuales fueron detenidos a finales de 2010 a raíz de la protesta de Gdeim Izik; Abdalahi Lekhfauni, condenado a cadena perpetua; Hassan Dah, con 25 años de condena; Mohamed Lamin Haddi, 25 años, y El Bachir Khada, 20 años,  A estos hay que añadir a Mohamed Banbari, detenido en agosto de 2015 y condenado a 6 años de cárcel, y Walid Al-Salik, arrestado en junio de 2019 y condenado a seis años de prisión.

Fuente: Contramutis

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