Ada Colau: «El tejido social y vecinal de Barcelona debe ser protagonista de una revolución democrática»

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El próximo 24 de mayo se realizarán las elecciones para el Ayuntamiento de Barcelona y Ada Colau es la candidata a Alcaldesa por Barcelona en Común (Barcelona en Comú, en catalán), una plataforma política que sucede e integra a Guanyem Barcelona (cuyo nombre fue registrado de manera oportunista ante el tribunal electoral por un político ajeno al grupo original, aparentemente para negociar cargos a cambio de la autorización al uso…).

Colau es una joven dirigente surgida de colectivos como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y los movimientos vecinales contra los procesos especulativos y la gentrificación en la Ciudad Vieja, además de integrar el Observatorio por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Es autora de varios textos sobre cuestiones urbanas, como por ejemplo La vivienda en España: un derecho por conquistar, su aporte a Ciudades, una ecuación imposible.

A pesar de la intensa agenda que supone su candidatura, Ada Colau tuvo la gentileza de recibirnos en el local de Barcelona en Comú de la calle Castillejos, donde entre reuniones militantes y la preparación de actividades tuvimos la charla que a continuación se reproduce.

CdlC: Los posicionamientos acerca de la historia urbana de la Barcelona post-franquista son más una cuestión de interpretación histórica que del día a día de un proceso electoral y (antes que eso) político muy fuerte como el que estás afrontando. Pero a nosotros nos interesan mucho, sobre todo porque en Latinoamérica se ha debatido bastante el famoso “Modelo Barcelona”, y hay dos o tres interpretaciones predominantes. Una es la explicación conformista de alguna gente del Ayuntamiento o que trabaja en la ciudad y lo presenta como un modelo exitoso que solo ha tenido unos problemas coyunturales, que en todo caso habrá que corregir. Dentro de un pensamiento más crítico, hay quien distingue una primera etapa muy ligada a los movimientos vecinales y, desde el urbanismo físico-territorial, la recuperación de sectores urbanos degradados, algunos logros de “acupuntura” urbana, etc., de las desviaciones posteriores, sobre todo en la etapa post-olímpica y con el Fórum 2004: el triunfo de las ideas de posicionamiento de marca y city marketing por sobre las de participación, solidaridad y representación barrial. Finalmente, hay miradas francamente negativas, que solo encuentran en ese proceso un acelerado camino hacia la ciudad neoliberal. Nos interesa conocer su posicionamiento sobre esta cuestión, sobre todo considerando su procedencia política, muy vinculada a los movimientos vecinales y a la lucha por el derecho a la vivienda.

AC: En un proceso tan largo y complejo como el de la Barcelona post-franquista, cualquier planteamiento absolutamente dicotómico sería un error y faltaría a la realidad. Pero creo que sí se podría hablar de cuando ha habido un liderazgo colectivo y público en la ciudad y cuando ha dejado de haberlo. Esa es para mí la diferencia. Barcelona es una ciudad muy bonita, que queremos y que nos gusta. En ese sentido, cualquier interpretación catastrofista del “Modelo Barcelona” es un error. Tenemos claro que hubo un primer momento de revolución urbana, que coincide con la revolución democrática de la Transición, con el liderazgo vecinal, con ese tejido asociativo y cultural que ha sido históricamente la firma distintiva de la ciudad y que la configura como es hoy. Después de ese momento de llegada de la democracia es claro que hay una apuesta a desactivar esos barrios, porque se ven como una amenaza potencial para el Partido Socialista por cuestionar el poder y la autoridad, pero todavía sigue habiendo un imperativo público en el hacer la ciudad, una visión de conjunto sobre la ciudad que se necesita y que culmina en 1992 con esa idea de aprovechar un gran acontecimiento como las Olimpiadas para recuperar el mar, dignificar unos barrios postergados y crear unos equipamientos importantes para la ciudad. Pero a partir de entonces comienza el declive de liderazgo político y la sumisión al mercado, a la visión neoliberal de una ciudad global como tantas otras, donde se confía plenamente en los mercados privados para encarar las transformaciones urbanas. En ese proceso que hemos estado viviendo hasta ahora ha ido degradándose el liderazgo político, se ha cedido la autoridad a intereses particulares por sobre el interés general y la visión global de la ciudad. Esto nos ha llevado, entre otras cosas, a la mercantilización del espacio público y a un progresivo deterioro del parque de vivienda pública y social que tanto necesitamos (y más ahora con la crisis).

Nadie está en contra de que Barcelona sea una referencia internacional, aunque nos han criticado muchas veces con ese argumento. Nos tratan de prehistóricos, de querer frenar el crecimiento económico de la ciudad, “que no queréis una ciudad rica”. Pues claro que queremos una ciudad referencia internacional, pero, ¿referencia de qué? El proceso actual es muy interesante porque, en un contexto más amplio, la revolución democrática pasa por las ciudades de un mundo absolutamente urbano como es Europa, y esta revolución democrática (que será urbana o no será democrática) tiene que ver en Barcelona con el potencial y la historia de la ciudad y su tejido barrial, social, vecinal, que debe ser protagonista de la recuperación de lo colectivo.

Se nos ha secuestrado la democracia en nuestro nombre. Se han hecho una ciudad y unas políticas públicas que van en contra del interés general y que poco a poco han menoscabado los recursos públicos con la privatización de lo colectivo. Barcelona está en proceso de ser una ciudad cada vez más desigual, donde se privatizan los servicios públicos básicos. Se privatizó antes el agua, se privatiza el puerto para albergar yates de lujo, mientras en la ciudad se disparan los desalojos, el paro y la precariedad para gran parte de la población. Se agudiza la diferencia entre barrios ricos y barrios pobres. Esta dinámica de dejar en manos del mercado el modelo de ciudad nos lleva a una ciudad cada vez más desigual, más precaria, más injusta y menos democrática. Frente a eso está el proceso en el cual estamos participando ahora.

CdlC: Me llamó la atención en Barcelona la recurrencia del término “privatización” en las bromas callejeras: “me estás privatizando el espacio”, o mi lugar de trabajo. Algo parecido era habitual durante el menemismo en Argentina en los ´90: los chistes sobre privatizar lo que es público. Ahora bien, ¿cómo se puede cambiar ese modelo desde una plataforma política como Barcelona en comú, que está en condiciones de ganar Barcelona?

AC: Por un lado, no somos ingenuos y entendemos que no todo depende de un Ayuntamiento. Estamos en un mundo globalizado y sufrimos procesos globales, como los de la Unión Europea y la “troika” con el FMI pretendiendo imponer sus políticas sobre Grecia. Esto desafía las posibilidades del Estado nacional, no digamos de los municipios. En ese sentido, no somos ingenuos, pero planteamos que Barcelona, por ejemplo, está mucho menos endeudada que otras ciudades españolas, con recursos económicos, humanos y urbanos por encima de la media, y con más competencias, conferidas por una normativa municipal propia (al igual que Madrid), la Carta Municipal. Por lo tanto, con esos recursos y esas competencias, en Barcelona se podría estar haciendo muchísimo más que lo que se hace, si hubiera otras prioridades en el gobierno municipal.

Nosotros estamos planteando una revolución democrática (de la que queremos que Barcelona sea punta de lanza y que anime otros procesos en otras ciudades y territorios) que pasa por varios ejes. El primero y más inmediato es un plan de choque, de emergencia, para garantizar la sostenibilidad de la vida de la población y para resolver los problemas sociales más urgentes. No puedes plantear la participación política si la gente está pendiente de comer, de no quedarse sin casa, o que no le corten el agua o la luz. Hay que garantizar esos derechos básicos. La ciudad tiene las competencias y los recursos suficientes para hacerlo y por lo tanto es absolutamente injustificable, inmoral e intolerable que no lo esté haciendo. Hay que llevar a cabo un plan de choque para garantizar salud, vivienda, educación, alimentación. Lo hemos hablado ya y lo encuentras en la web. Que cualquier niño de Barcelona tenga las tres comidas diarias necesarias, que nadie quede fuera del sistema de salud como ocurre con un alto porcentaje (aunque no hay datos oficiales) de las personas inmigrantes. Que haya residentes en Barcelona excluidos de la salud pública es intolerable en una sociedad democrática.

Eso sería el plan de choque, pero hacen falta medidas económicas a mediano y largo plazo para revertir el rumbo económico de la ciudad. Lo que hay ahora es una apuesta miope y cortoplacista. Después de la burbuja inmobiliaria parece que no aprendimos nada y apostamos por la burbuja del turismo, por ese turismo masificado y fuera de control que requieren los grandes lobbies. No tenemos nada contra el turismo, pero hay distintos modelos. El de los grandes lobbies, fuera del control de la ciudad, sin ningún tipo de participación ni control ciudadano, reproduce las condiciones de la desigualdad, porque los beneficios se concentran en pocas manos y se socializan las pérdidas. Nosotros pagamos la contaminación que genera el turismo actual, pagamos el uso intensivo del espacio público, el aumento del precio de la vivienda y de los locales en los barrios afectados por el turismo. Cierran los pequeños comercios y se imponen las franquicias de las grandes multinacionales, que convierten nuestro centro en un lugar irreconocible, que pierde su identidad y expulsa a los vecinos y vecinas que ya no pueden vivir en esos barrios.

Tenemos ahora mismo este modelo neoliberal, cortoplacista, que prioriza los beneficios a corto plazo y se despreocupa completamente por lo que pasará más adelante. Estamos a favor del turismo y de que se hagan congresos, pero habría que democratizar el modelo, redistribuir los beneficios, adecuar la política fiscal del Ayuntamiento para sancionar las malas prácticas de las multinacionales. Y apostar por un modelo productivo más diversificado en la ciudad. Por la renovación energética, por el reúso de los residuos. Por aumentar la atención a las personas más vulnerables y en situación de dependencia. Hay una economía cooperativa y social, de la que Barcelona tiene un gran potencial porque tiene tradición y un tejido auto-organizado. La dictadura intentó arrasarlo, pero se ha mantenido vivo y ahora con la crisis está resurgiendo por sí mismo, con fuerza. Y hay que repotenciarlo porque es la economía del futuro, la que queremos: una economía democrática, justa y social.

Otro eje esencial es democratizar la institución municipal. No se trata simplemente de ganar para ocupar el lugar de otro con la propuesta de poner a personas nuevas que sean moralmente mejores, sino de cambiar las reglas de juego, demostrar que se puede hacer política de otra manera. Se puede construir una democracia real donde la ciudadanía sea protagonista y decida lo que se hace en sus barrios y como serán las ciudades, más allá de votar cada cuatro años, que se ha demostrado como una democracia insuficiente. Hay que abrir las puertas y ventanas para que entre la ciudadanía en las instituciones, y eso pasa también por descentralizar en los barrios y en los distritos, darle más poder a los territorios por sobre la administración central.

Se necesita una gestión más transparente, con auditorías. Hay ahora una trama de más de cien empresas público-privadas que están gestionando los recursos públicos sin ningún tipo de control ni transparencia, y no solo en Barcelona sino en toda el área metropolitana. Ese proceso pasa por democratizar, descentralizar, darle poder a la ciudadanía. Hay muchas medidas concretas que se pueden hacer con poco dinero, como por ejemplo consultas vinculantes sobre los grandes temas de la ciudad o sobre parte de los presupuestos. O que no se pueda hacer un gran equipamiento sin consultar a la ciudadanía. Acabar con las malas praxis, eliminar privilegios y revertir las privatizaciones que se han hecho.

Barcelona en comú empezó diciendo que queremos gobernar Barcelona de otra manera. Eso lo hemos practicado desde el principio y lo primero que hicimos fue aprobar un código ético a partir de un proceso participativo, para poner reglas de juego claras desde la candidatura. Son reglas del juego diferentes que ahora no cumple ningún partido que esté en el Ayuntamiento: limitación de mandatos para que no haya una excesiva profesionalización de la política, limitación de sueldos y eliminación de dietas no justificadas. Hay sueldos que están muy por encima de lo que está cobrando la gente normal, trabajadora. ¡Y encima se cobran dietas por asistir a reuniones como si eso no formara parte del trabajo! Es injustificable. Hay que eliminar coches oficiales y reducir gastos de publicidad y propaganda. Hay muchas partidas y privilegios que revisar para reorientar ese dinero y reinvertirlo en otras prioridades.

CdlC: Mencionaste en algunos escritos algunas prácticas europeas que se pueden tomar como ejemplos prácticos para un Ayuntamiento progresista en Barcelona: Bobigny, ciudad francesa que se ha declarado “libre de desahucios”, el Distrito X de Roma, que aprobó una ordenanza para expropiar viviendas vacías en manos de grandes propietarios e inmobiliarias y ponerlas a disposición de familias sin hogar. ¿Hay otros ejemplos de políticas municipales que puedan servir como referencia?

AC: La ciudad democrática nunca podrá ser perfecta, porque por definición la ciudad democrática es una ciudad viva, en conflicto permanente, con contradicciones, en debate, en cuestión y que se construye “en gerundio”. Si fuera una ciudad perfecta, sería una ciudad muerta. Pero sí que estamos buscando referencias y de hecho estamos preparando para abril un encuentro con representantes de las ciudades con las que podemos tener coincidencias. Estamos mirando algunas iniciativas y una sería seguramente Paris, con la municipalización del agua, que queremos plantear en Barcelona. No será sencillo hacerlo, pero hay que dar ese debate. En toda Europa hay un proceso de recuperación pública y municipalización de la provisión del agua: también en Berlín, en algunos municipios de Cataluña. Se ha demostrado que donde hay un control público y democrático del agua esta es más barata, hay una gestión más eficiente, sostenible y transparente. También esos ejemplos que recordabas con respecto a viviendas vacías y desahucios en Bobigny y algunos distritos de Roma. En Grecia, antes del triunfo nacional de Syriza, ya habían ganado algunos municipios y la región de Atica, que es la más poblada de Grecia. Y, aunque allí tienen menos competencias que las nuestras, están planteando medidas para, por ejemplo, evitar los cortes de suministros y realizar una gestión más sostenible de los residuos. Hay ciudades francesas donde el uso del espacio público está pensado socialmente para que sea más amigable para los niños y niñas, de modo que sean los protagonistas del espacio urbano. Como verás, hay varias referencias que estamos analizando en diferentes temas.

CdlC: Un déficit histórico del Modelo Barcelona fue la incapacidad de constituir una gestión metropolitana. ¿Cómo ve Barcelona en relación con su región metropolitana en un gobierno de Barcelona en común?

AC: Es todo un reto, hoy Barcelona es efectivamente la ciudad central y su área metropolitana, pero además de las fronteras políticas que parecen haberse roto, hay fronteras sociales y económicas, y ese es otro de los retos. Se ha constituido la entidad del área metropolitana, pero ahora hay que democratizar esa área metropolitana. Del mismo modo que hemos planteado hacer realidad la vieja demanda vecinal de elección directa de los Distritos, para tener una relación directa entre vecinos y vecinas y sus cargos directos. De hecho estamos haciendo unas primarias que son pioneras, porque se eligen los consejeros de Distrito y cualquier residente de Barcelona puede participar.

Esa misma lógica de democratización hay que plantearla a escala metropolitana, sabiendo que no va a ser fácil porque hay temas que son competencia de la Generalitat y dependen de una normativa estatal que afecta a más de 30 municipios con diferentes colores políticos. Pero es imprescindible, para brindar mejores servicios y para que no se dupliquen los costos, y también para terminar con un área antidemocrática de opacidad que se está consolidando. En las entidades y empresas metropolitanas se han colocado durante décadas a gente que salía de cargos públicos en los municipios. En el área de transporte público, por ejemplo, hay un monstruo donde se han colocado montones de cargos directivos sin control democrático, y esto afecta el servicio. Es imprescindible democratizar el área metropolitana, tanto por el buen funcionamiento de servicios básicos en sectores como el transporte o los residuos, como por la necesidad de mayor transparencia de las instituciones.

CdlC: ¿Cómo puede ser concretado el derecho a la vivienda por un gobierno de Barcelona en Comú?

AC: Me hace ilusión llegar a la Alcaldía precisamente para poder poner en práctica algunas demandas de vivienda que he acompañado durante muchos años. Se me ha conocido más por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, pero estuve en muchas luchas históricas respecto a la vivienda desde el movimiento vecinal; en plena burbuja inmobiliaria, estuve involucrada en colectivos contra la gentrificación, denunciando prácticas criminales de acoso inmobiliario en el centro histórico que afectaron a miles de personas en nombre de la modernización. Cuando se decía que Barcelona era el modelo perfecto que se podía exportar a todo el mundo, un grupo de gente joven estábamos denunciando esa burbuja (negada desde las administraciones) que nos impedía acceder a una vivienda. Y cuando explotó la burbuja, apoyamos los movimientos masivos contra los desahucios desde la Plataforma.

Venimos entonces de una lucha histórica y esas demandas y propuestas requieren ser trabajadas desde la política para ponerlas en práctica. En concreto ahora en Barcelona tenemos miles de viviendas vacías y por tanto para hacer efectivo el derecho a la vivienda y dar respuesta a miles de personas que hoy están excluidas tenemos como aspecto positivo que no hay que construir de cero, que es más caro y lleva más tiempo, sino que podemos cumplir con las recomendaciones internacionales y las normas constitucionales españolas. Se trata de buscar todos los mecanismos posibles para que esas viviendas vacías cumplan su función social.

Antes seguramente habrá que tomar medidas inmediatas para paralizar los desalojos. Eso pasaría por distintas medidas, porque es verdad que la ley hipotecaria y la ley del comercio civil, que regula los desahucios, son normativas estatales, pero hay políticas que se pueden implementar desde el Ayuntamiento. Desde el movimiento popular por el derecho a la vivienda ya está planteada una moción en el Ayuntamiento, que se aprobó hace un año, para sancionar las viviendas vacías en manos de los bancos. Se las interpela y si no responden poniendo esas viviendas vacías a disposición de la gente, se las penaliza a través de sanciones. Pero esta moción no se está aplicando: lo primero que hay que hacer es aplicarla, como de hecho se está haciendo en otros municipios. Vale decir que es viable con la normativa actual.

Habría que interpelar a todos los agentes que tratan con la vivienda a partir de constatar el estado de emergencia habitacional. Hay miles de personas inscriptas solicitando viviendas sociales y excluidas del mercado, eso es en sí una situación de emergencia. Hay que adecuar todas las políticas a esta situación de emergencia. Lo que tenemos ahora son políticas asistenciales que funcionarían en una situación de normalidad, pero en una situación de excepcionalidad son lo que Joan Subirats llama “políticas de final de cañería”, que solo sirven para detener una hemorragia pero nunca alcanzan. Hay que estar dispuestos a afrontar el origen del problema, poner la situación de emergencia sobre la mesa e involucrar a todos los agentes directamente implicados. Las entidades financieras, inmobiliarias y constructoras que tienen viviendas vacías son las primeras que tienen que ponerlas a disposición. Y hay otras medidas posibles. Hay una propuesta que permite la ley catalana a partir del anterior gobierno (el “tripartito), que permite declarar toda la ciudad como área de opción preferencial de compra por el Ayuntamiento. No se podría hacer ninguna operación inmobiliaria de compraventa sin que el Ayuntamiento haga una opción preferente para poder recuperar el máximo de vivienda del mercado privado para convertirla en vivienda social, que es lo que hoy necesitamos. El parque de vivienda de interés social no se ha actualizado y no puede esperar más. Hay que hablar con los juzgados de Barcelona para impedir los desalojos de primera vivienda y más cuando hay niños y personas vulnerables, porque se está infringiendo la normativa internacional de forma flagrante. Se deben tomar medidas para la rehabilitación energética de las viviendas. Hay muchas políticas posibles, afortunadamente hay gente que ha trabajado mucho y ya hay disposiciones al respecto, solo hace falta ponerlas en práctica.

CdlC: Finalmente, ¿cómo imagina la implementación de medidas con respecto al derecho a la ciudad, en un sentido más integrador que el de la vivienda y otros derechos que lo componen?

AC: Aquí en Barcelona y en los movimientos sociales nacionales, la formulación del derecho a la ciudad nunca ha llegado a cuajar como si lo ha hecho en América Latina. Aunque la filosofía existe como planteamiento, en la constatación de que los derechos son interdependientes y no se pueden plantear de forma aislada. En Barcelona en Comú estamos trabajando en como repensar la institución. No se trata de llegar y ocupar el lugar de otros sino de transformar la institución que no ha funcionado. Y una de las cosas que nos estamos planteando es como habría que organizar el Ayuntamiento y sus áreas. Ahora trabajan de una manera que claramente no funciona bien, con áreas clásicas, distantes entre sí. Como activista del derecho a la vivienda, por ejemplo, uno de los problemas que he visto en el Ayuntamiento es que los técnicos de Hábitat Urbano plantean la vivienda como un problema aislado y no lo relacionan con el espacio público, ni con las políticas de género, de salud o sociales. Eso es un error flagrante que además de hacer malas políticas lleva a gastar mucho más dinero de lo necesario. Uno de los debates abiertos que tenemos en Barcelona en Comú es precisamente como repensar la institucionalidad para acabar con esa visión de compartimientos estancos, como si los derechos fueran cosas aisladas, y cómo en cambio trabajar con políticas transversales que integren todos los temas. La economía tiene que trabajar por ejemplo con género, con salud, con participación política. Es una reflexión muy ambiciosa que no se puede cerrar a corto plazo, pero es la que tendría más relación con un planteamiento global de la ciudad.

CdlC: Un gran teórico latinoamericano del planeamiento estratégico, Carlos Matus, decía que la realidad tiene problemas pero el Estado y las Universidades tienen departamentos…

AC: ¡Exacto! La gente a menudo relata su relación con el Ayuntamiento como la de ir pasando de una ventanilla a otra, y le van pasando la pelota a otro departamento y mientras tanto la gente queda en la calle: hoy se queda en la calle, hoy no tiene para comer, hoy le cortan el agua. Hay que realizar otro tipo de políticas, que vayan al origen del problema y que tengan una visión integral de los problemas de la ciudad

http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_150_1.html

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