Acatada orden de guerra irregular ordenada por Uribe en ‘consejo comunitario’ de Popayán

Como se conoce por parte de la opinión pública y la comunidad internacional, los indígenas Nasa de Tierradentro, desde 1994, a raíz de la tragedia, ocasionada por las avalanchas de los ríos Páez y Moras, han confiado que el Estado colombiano cumpla su promesa de comprar tierras para recomponer la vida cultural de las comunidades que desde entonces han visto rotas sus formas de producción y trabajo cotidiano. Dicha situación fue evidenciada a comienzos del año 2007, cuando el Volcán nevado del Huila entró en actividad ocasionando dos avalanchas de los ríos Páez y Símbola, que afectaron las pocas áreas productivas de Tierradentro, situación por la cual los comuneros de más de tres resguardos, aledaños al Nevado, debieron abandonar sus sitios de convivencia y trasladarse a campamentos transitorios para garantizar su vida.

En aquel entonces, dos comunidades se ubicaron lejos de sus lugares de origen, y cuatro más establecieron albergues dentro de la misma área de amenaza; unos se establecieron en el Municipio del Tambo y otros en el municipio de Silvia mientras otros marcharon hacia las cercanías del departamento del Huila. Todos ellos fueron acogidos solidariamente, unos por sus hermanos Nasa y otros por Ambalueños, ante la indiferencia gubernamental.

Por presión del mismo gobierno, y ante la carencia de respuestas institucionales algunas comunidades regresaron a Tierradentro, no sin antes unirse a los procesos de Liberación de La madre Tierra adelantados desde el mes octubre en más de cinco municipios del departamento, dejando en claro que cualquier situación de riesgo era responsabilidad del Estado colombiano.

Adicional a la actividad volcánica que, tal como lo ha registrado Ingeominas en sus casi 50 reportes oficiales, no ha cesado desde febrero del 2007, el conflicto armado es otra amenaza permanente para las comunidades indígenas de Tierradentro que han comprobado el deterioro de sus derechos por acción de los actores armados. Por información de los medios de comunicación se ha conocido sobre enfrentamientos entre ejército y guerrilla en territorios de resguardo, afectando vidas humanas y creando zozobra, tal como sucedió el 8 de marzo, donde murió el hijo del capitán del resguardo de Huila, por efecto de la explosión de un artefacto abandonado.

Por otra parte, han considerado las comunidades y autoridades indígenas del departamento del Cauca que el Estado colombiano, bajo la responsabilidad del presidente Uribe, ha declarado la guerra a los pueblos indígenas, quién, al no encontrar argumentos legales para contradecir las justas luchas de las comunidades indígenas, en el consejo comunitario, realizado en la ciudad de Popayán el pasado 15 de marzo le preguntó al general que lo acompañaba: “…¿hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores?” y el general le respondió “…todavía no”, a lo cual Uribe formuló “…ofrezcámosla… eso ha sido muy útil en el país… dicen no… es que están allá… están consolidados… que no los rompen… los rompen… los delincuentes terminan rotos” (…) …a uno le dicen… no… esa gente es muy unida se unen para invadir y nadie va a delatar al otro… mentiras… los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros… uno que cogimos por allá abajo… ustedes saben… ustedes saben o nó…saben o nó (coro sii)… a ese no lo cogimos con satélites a ese lo cogimos con información humana… los delincuentes… los delincuentes… terminan traicionándose y la recompensa ayuda a que se traicionen… hay que romperlos con la recompensa mi general

Esta conversación, en donde los organismos investigación para adelantar justicia se disculpan ante la SAG (sociedad de Agricultores y Ganaderos) y el presidente se lamenta no tener argumentos legales para judicializar a los indígenas (no habla de resolver la problemática de tierras), muestra que si antes las comunidades indígenas podíamos esperar cumplimiento a los múltiples compromisos del Estado con nuestros pueblos y comunidades, hoy, el mandatario de los uribistas (no podemos decir de los colombianos), nos hace saber que su interés y tarea gubernamental es por acoplar las normas para continuar el robo de nuestros territorios como lo hicieron los españoles en la época de la conquista y lo continuaron haciendo los detentadores del poder durante el periodo republicano.

Por eso hoy, las informaciones que llegan desde el municipio de Silvia se muestran muy alarmantes y pueden dar un aviso de tragedia para el Cauca indígena, pues es allí donde nuestras comunidades (entre ellas las de Tierradentro) realizan acciones de liberación de la Madre Tierra ya están siendo desalojados a bala, al parecer, por efectivos de la fuerza pública y personal de civil.

Ante esta situación, novedosa por la insolencia como se expresa el poder en Colombia contra los procesos sociales y las movilizaciones pacíficas, decimos que no nos queda más que reclamar de los organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos democráticos e instituciones solidarias del mundo, su vigilancia urgente ante esta nueva agresión contra nuestros procesos.

Tres situaciones debe observar con urgencia la comunidad internacional:

1. El incumplimiento sistemático de los acuerdos y compromisos del Estado con nuestros pueblos y comunidades mantiene latente la amenaza de desaparición forzada de nuestras sociedades, culturas y tradiciones

2. La aplicación a nuestros procesos de políticas contra el terrorismo aumenta nuestra situación de riesgo inminente, ya que la opinión internacional conoce que policía y ejército entienden, lo dicho en el consejo comunitario de Popayán el 15 de marzo, como una orden para hacer uso excesivo de la fuerza y los grupos paramilitares, que siguen ejerciendo su poder con absoluta impunidad, por ser otros defensores de la institucionalidad, lo asumen como una directriz presidencial que debe acatarse, así no sea política de Estado.

3. La generación de leyes contrarias a los principios constitucionales, emitidas, por un congreso que tiene un alto porcentaje de personal involucrado judicialmente con el paramilitarismo no garantiza que la legalidad sea favorable a la mayoría de los colombianos y menos hacia los desplazados y los indígenas que hemos sido las víctimas de sus acciones.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC

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