Abortar en España

Ante la actual huelga de las clínicas privadas que realizan abortos, convendría realizar algunas reflexiones sobre la situación del aborto en España:

1) Desde que en 1985 se despenalizaron algunos supuestos del aborto, eufemísticamente denominados “interrupción voluntaria del embarazo” algunos señalamos que esta ley tenía graves inconvenientes y que era necesaria una nueva legislación que en unos plazos concretos dejase el tema a la libre decisión de las mujeres.

2) Los problemas de la Ley actual son básicamente 3:

Primero, el aborto continua penalizado y solo deja de estarlo en unos supuestos concretos, lo que deja abierta de manera permanente la investigación judicial para comprobar si cada aborto concreto es o no un delito, situación esta que ha sido aprovechada de manera recurrente por sus detractores; Segundo, no se regula la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, quedando de esta manera en una situación en la que lo mas cómodo y menos comprometido es la objeción ; y Tercero ,y de resultas de las dos anteriores el aborto, solo encontró una solución natural en el sector privado en el que los intereses económicos paliaban los dos inconvenientes anteriores.

3) El juicio de Pamplona a varios ginecólogos que se atrevieron a favorecer el aborto en el sistema público fue un aldabonazo para todos los profesionales. Si no querían verse continuamente en los tribunales acusados de asesinato, y ellos y sus familias puestos diariamente en la picota, lo mejor era objetar , máxime cuando una interpretación demasiado laxa de la legislación permitía a cada profesional hacerlo en cada caso concreto y la objeción se ampliaba a todos los que tenían alguna relación con el asunto, de manera que los celadores se permitían hacer uso de ella ,e incluso en algún caso hubo negativas a actuar ante complicaciones graves posteriores, todo ello ante la pasividad de una administración que miraba hacia otro lado.

4) El resultado es bien conocido, el 97% de los abortos se realizan el sector privado, en muchos casos financiados por el sistema público y la mayoría de las indicaciones se realizan acogiéndose al peligro para la salud “psíquica” de la madre, sumando al trauma que cualquier mujer padece cuando decide abortar, la humillación de tener que declararse con problemas mentales.

5) El derivar los abortos hacia el sector privado favorece que el animo de lucro se interfiera en el tema y que puedan producirse actuaciones anómalas, que en todo caso, de existir, serán excepcionales, y que ahora están sirviendo para una “caza de brujas” por parte de los sectores del integrismo católico, conscientes de que crear un clima de terror es lo adecuado para que se produzca un retroceso en el ejercicio normalizado del aborto.

Apoyando las movilizaciones de las clínicas, hay que dejar claro que la solución del problema solo puede venir por una nueva legislación que debe de contemplar:

1.- Una ley de plazos que permita a las mujeres su libre decisión dentro de estos

2.- La regulación de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, única y exclusivamente para el acto del aborto, creando un registro público periódicamente renovable (1 o 2 años como mínimo).

3.- La cobertura del aborto en la Sanidad Pública incluyéndolo explícitamente en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Ya es hora de que los poderes públicos atiendan este problema con seriedad y con rigor. Un gobierno que ha dado pasos importantes en lo que respecta a los derechos de las mujeres no puede dejar sin resolverlo y debe acabar con una situación en la que abortar en España es un calvario para las mujeres y los profesionales que han decidido ayudarlas.

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