Los GAE eran un grupo de extrema derecha con conexión con lo cuerpos policiales.
LA TRANSICIÓN NO FUE TAN MODÉLICA , NI TAN PACÍFICA COMO NOS CUENTAN.
Ana Tere Barrueta fue asaltada a unos 200 metros de la casa familiar, en el barrio de Sangroniz (Lujúa), a 12 km de Bilbao cuando volvía a su domicilio tras asistir a clases de perfeccionamiento de euskera en una ikastola de Sondica. Su cuerpo fue descubierto a las 10 de la mañana en un zarzal por unos vecinos de la víctima. Estaba desnuda, presentaba signos de violencia y abusos sexuales. Había sido violada, salvajemente torturada y asesinada. Las ropas habían sido desperdigadas por los alrededores y en el cadáver se apreciaban varias cuchilladas y señales de malos tratos con signos de haber forcejeado con sus agresores, 3 hombres.
Ana Barroeta trabajaba en el servicio doméstico. El martes, como todos los días laborables, acudió a clase. Al salir de la ikastola, sobre las 9 de la noche, tomó el autobús que le dejaba junto a un camino por el que se dirigía hasta el caserío familiar. En ese trayecto fue asaltada por sus agresores. Su madre fue contundente: «Lo sucedido a mi hija no se le deseo ni a un animal».
Su muerte la reivindicó los GAE, Grupos Armados Españoles, una organización terrorista franquista que actuó en el País Vasco durante la transición. Un colaborador policial, Rogelio González Merino, detalló las conexiones policiales del Batallón Vasco Español (BVE) con los GAE, Fuerza Nueva y la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista). Ninguno de los asesinos fue procesado. Este mismo grupo llevó a cabo una matanza de grandes dimensiones, 10 días después en Alonsotegi, al colocar un artefacto en el bar Aldana provocando 4 muertos y 10 heridos. «Luchamos por la unidad de España», señalaron en el comunicado leído a un diario.
La Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco de 2010 comunicó que los GAE, BVE, y la Triple A, eran grupos de extrema derecha «que actuaban con un importante nivel de tolerancia, cuando no de complicidad con sectores de los aparatos policiales y represivos del estado español. Grupos de extrema derecha y de las fuerzas de seguridad del Estado, aún pendientes de democratizar, sembraron el terror en sectores sociopolíticos vascos, normalmente de la izquierda y nacionalistas. Los 74 actos terroristas de estos grupos, además de provocar importantes daños materiales y personales, causaron 66 víctimas mortales entre 1975 y 1990, 6 de ellos fueron realizados por los GAE. Pero solo en 33 casos se abrieron diligencias judiciales, de los que solo 17 acabaron con una sentencia firme.
Casi la totalidad de las manifestaciones por las numerosas agresiones sexuales perpetradas por elementos de extrema derecha, fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad españolas, provocando heridos. Tras la muerte de Ana Tere Barrueta, una joven de Bilbao estuvo en coma a consecuencia del ensañamiento de la carga policial. Ante la falta de resultados por la guardia civil sobre la muerte de Ana Teresa, se creó una Comisión de Investigación Popular que, de inmediato, fue amedrentada. La abogada feminista Ana Ereño, una de las participantes de la Comisión sufrió un allanamiento de morada en su domicilio del Casco Viejo de Bilbao, y apareció una pintada amenazante «Marxista. Cerda. Te vamos a violar», firmado por Fuerza Nueva.
Unos meses después, la joven de 16 años Maria José Bravo fue violada y asesinada por el BVE. Su compañero, Javi Rueda, resultó herido de gravedad. Diversos grupos políticos vascos dieron luz a un comunicado conjunto en el que se decía: «Desde hace algún tiempo, la mujer en Euskadi viene padeciendo un estado de psicosis motivada por las frecuentes y reiteradas violaciones, agravadas por el hecho de que los violadores son miembros de las FOP, que hacen ostentación de sus armas».
Aquellas agresiones sexuales quedaron impunes, a pesar de que sus autores fueron, a veces, identificados. El manto de la impunidad, las amenazas, intimidaciones, provocaron que las víctimas del tardofranquismo callaran su tragedia. Las denuncias fueron únicamente la parte superior de un iceberg que hoy sigue ocultando su porción más gruesa. Actualmente el nombre de Ana Tere Barrueta aparece en el listado del Informe realizado por el Gobierno Vasco sobre víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivados de Violencia de Motivación Política.
A comienzos de 1980 y en los estertores de la década anterior se produjeron una serie de agresiones, violaciones, incluso muertes, que quedaron impunes. Fueron reivindicadas por grupos paramilitares, algunas, y, otras, más evidentes porque se produjeron detenciones, quedaron ligadas a la actuación particular de diversos agentes del Estado. Las violaciones, seguidas de la muerte de la víctima, tuvieron su máxima expresión en los casos de Ana Tere Barrueta, en Loiu, y Mari José Bravo en Donostia que tenían 19 y 16 años.
Las agresiones sexuales y violaciones de ciudadanas vascas por agentes policiales o parapoliciales son un capítulo de la historia de Euskal Herria de gran complejidad para su tratamiento. Aún quedan muchos flecos abiertos. En la retaguardia de la guerra civil de 1936 y en los primeros años del franquismo hubo violaciones masivas que fueron denunciadas en las publicaciones de la oposición clandestina. Pero la humillación de las víctimas y la impunidad asegurada del victimario selló los testimonios.
Las escasas denuncias de violaciones, incluidas de menores de ambos sexos, fueron archivadas y, en el mejor de los casos, el agresor trasladado a otro destino. Los archivos militares dan fe, en la actualidad, de la impunidad y tratamiento vejatorio, esta vez de lo jueces. Los testimonios desgarradores, entre ellos los de una niña donostiarra rescatada de un orfanato y enviada al cuartel de Burgos donde fue violada interrumpidamente durante dos meses, han quedado precisamente como eso, testimonio de vidas rotas que luego el paraguas político de la Transición prefirió obviar.
Más recientemente, las violaciones sexuales de mujeres “con reivindicación política” ya fueron recogidas explícitamente por el informe del Gobierno Vasco de 2008 “Víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política” relativos a las décadas de 1970 y 1980. En dicho informe, asimismo, se recogen varios casos de detenidas en dependencias policiales, en fechas posteriores, que denunciaron haber sido violadas o agredidas sexualmente en el transcurso de su arresto. Entre ellas, Begoña Sagarzazu (1987), Nekane Txapartegi (1999), Iratxe Sorozabal (2001), Amaia Urizar (2004)…
La fuente de todas esta crónicas, al margen de la hemerotecas, fue el exhaustivo trabajo del abogado Miguel Castells que recogió las transgresiones de derechos humanos del Estado español en Euskal Herria, incluidas las violaciones, que le llevaron a una conclusión compartida por gran parte de nuestra sociedad: la actividad paramilitar estaba diseñada desde el Estado. Fue condenado por los tribunales españoles y el de Estrasburgo le dio la razón en 1991.
Gracias a estas fuentes, hoy conocemos que hubo varios localidades que concentraron la mayoría de las agresiones sexuales: las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y otros puntos menores como Bermeo, Orereta o Irun. Las violaciones tuvieron lugar en escenarios donde también se produjeron otro tipo de represiones tanto asumidas por el Estado (torturas, secuestros) como negadas (acciones paramilitares). Lo más llamativo del tema reside en que casi la totalidad de las manifestaciones por esas agresiones sexuales fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad españolas, provocando heridos. Tras la muerte de Ana Tere Barrueta una joven de Bilbao que participaba en las protestas por el hecho, estuvo en coma a consecuencia del ensañamiento de la carga policial.
El modus operandi de los victimarios fue muy similar a pesar de la distancia entre localidades. En todos los casos, los violadores exhibieron sus armas para coaccionar a las víctimas. A mediados de noviembre de 1979, una pareja de jóvenes de 16 y 17 años fue detenida en el barrio de Alaberga, en Orereta. Puestos contra la pared, fueron cacheados, mientras se les exigía la documentación. La chica no llevaba la documentación encima por lo que fue arrestada. En el muelle de Lezo fue violada. Al día siguiente la Policía se presentó en su domicilio. Un mes después, se produjo una violación idéntica, repitiéndose los mismos pasos de la anterior. Hasta el PSOE, UGT y CCOO llamaron entonces a manifestarse contra estos hechos. El gobernador civil les amenazó con querellarse y poner sus declaraciones en manos de la fiscalía, pero jamás lo hizo. Un mes más tarde, otras dos jóvenes serían de nuevo violadas en el mismo lugar, después de haber sido interrogadas sobre cuestiones de matiz político.
A partir de entonces, y con la alarma social que identificaba las agresiones sexuales con agentes estatales, las violaciones fueron reivindicadas por hasta tres organizaciones diferentes: GAE (Grupos Armados Españoles), GAR (Grupos Armados Revolucionarios) y BVE (Batallón Vasco Español). Unos meses después, una de las violadas, en el barrio de Loiola de Donostia, sería muerta tras la agresión. Se llamaba Maria José Bravo. Su compañero, Javi Rueda, resultaría herido de gravedad. Las FOP cargaron contra las protestas y atacaron incluso con botes de humo la casa de Mari Jose.
No era la primera muerte, sin embargo. El 9 de enero de ese mismo año de 1980, Ana Tere Barrueta fue asaltada en Loiu cuando volvía a su domicilio después de asistir a clases de perfeccionamiento de euskara. Fue encontrada a cien metros de su domicilio, prácticamente desnuda, con signos de haber forcejeado con sus agresores que la violaron. Según las fuentes, fue atacada por tres hombres y torturada. Su madre fue contundente: “lo sucedido a mi hija no se le deseo ni a un animal”.
Su muerte la reivindicó el GAE. Este mismo grupo llevaría a cabo una matanza de grandes dimensiones, diez días después, en Alonsotegi, al colocar un artefacto en el bar Aldana, provocando cuatro muertos y diez heridos. “Luchamos por la unidad de España”, señalaron en el comunicado leído a un diario. Meses después, un colaborador policial, Rogelio González Merino, detallaba en un informe las conexiones policiales del BVE con el GAE, Fuerza Nueva y la Triple A y apuntaba a los responsables del GAE. Ninguno de ellos sería procesado.
Gran parte del arco político del Txoriherri, desde PSOE, PNV a KAS convocaron protestas conjuntamente. Hubo paros, minutos de silencio y una manifestación histórica. En Iruñea, en cambio, la Policía asaltó a los manifestantes, provocando varios heridos. Simultáneamente, otra joven de 19 años era secuestrada y violada en Irun. Un año después, en el primer aniversario, la Policía cargó violentamente en Bilbao contra la manifestación en recuerdo de la muerte de la joven de Loiu.
La Guardia Civil se encargó de la investigación de la muerte de Ana Tere. Ante la falta de resultados, se creó una Comisión de Investigación Popular que, de inmediato, fue amedrentada. Ana Ereño, una de las participantes de la Comisión, vio su casa asaltada. Los intrusos pintaron en sus paredes: “Marxista. Cerda. Te vamos a violar”.
Las violaciones, continuaron con una candencia estremecedora. Cuatro meses después de la muerte de Ana Tere, una joven de Bermeo de 17 años fue violada a punta de pistola en las cercanías de Bakio. Memorizó la matricula del coche que, al poner la denuncia, se encontraba aparcado en el cuartel de la Guardia Civil de Bermeo. El agresor, un agente llamado Pedro García López, sería trasladado de destino.
Con motivo de la violación de Bermeo y posterior denuncia, diversos grupos políticos, entre ellos PNV, Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna, dieron luz a un comunicado conjunto en el que se decía: “Desde hace algún tiempo, la mujer en Euskadi viene padeciendo un estado de psicosis motivada por las frecuentes y reiteradas violaciones que se han producido en Rentería, Txoriherri, etc. Violaciones que tienen en muchos casos los agravantes de ser los violadores miembros de las FOP y que, por demás, hacen ostentación de sus armas”.
Aquellas agresiones sexuales quedaron impunes, a pesar de que sus autores fueron, a veces, identificados. El manto de la impunidad, las amenazas como a Ana Ereño, y todo tipo de intimidaciones indujeron a que, como en otras épocas de nuestra historia no tan cercana, las víctimas callaran su tragedia. Así, las denuncias fueron únicamente la parte superior de un iceberg que hoy sigue ocultando su porción más gruesa.
Iñaki EGAÑA .NAVARRALDE
