7 de abril: Manifestación contra la privatización de la Sanidad

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) lleva muchos años reclamando que se haga una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para saber las causas del supuesto «déficit».

Fruto de esta campaña fue la inclusión de esa auditoría en la Ley 21/2021. Sin embargo, tres años y tres meses después no se ha cumplido y la COESPE volverá a hacer campaña, esta vez, para que se cumpla la ley.

COESPE exige al Gobierno el cumplimiento de la Ley 21/2021 y la inmediata auditoría de las cuentas de la Seguridad Social

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) hemos iniciado una campaña para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley 21/2021, que obliga a realizar una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social.

Han transcurrido tres años y tres meses desde la aprobación de esta norma sin que se haya cumplido lo estipulado en su disposición adicional sexta.

Antecedentes y contexto:

Gracias a las movilizaciones del movimiento pensionista, en diciembre de 2021 se logró la aprobación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2011).

Esta ley establece que:

«En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social (…).

Este informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses, comprenderá la cuantificación de estos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019.»

Mientras esta ley sigue sin aplicarse:

• Medios afines al poder financiero y distintos partidos insisten en que «el sistema público de pensiones es insostenible».
• Grandes fondos bancarios, financieras y aseguradoras presionan para gestionar las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores a través de la privatización en los fondos privados de empresas y sectores.
• El Gobierno ha seguido legislando en favor de la privatización parcial del sistema público de pensiones y el retraso de la edad de jubilación, apoyada por los dirigentes sindicales de las organizaciones mayoritarias sindicales y patronales.

Según el informe del Tribunal de Cuentas de 2022, se han destinado 103.690 millones de euros de la Seguridad Social a gastos impropios.

Por eso exigimos que esta cantidad sea devuelta inmediatamente a la caja de la Seguridad Social.

Con esta cantidad a cuenta de la auditoría, podrían resolverse reivindicaciones históricas del movimiento pensionista: brecha de género, pensiones mínimas al nivel del SMI, viudedad al 100%, etc.

Es evidente que si se duplican los presupuestos en gasto militar, se recortarán fondos para servicios esenciales públicos como pensiones, sanidad, educación, dependencia, etc.

COESPE hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de Change.org https://chng.it/TBjzSpR9ZN, así como presencialmente en las plazas donde las personas pensionistas y jubiladas se concentran semanalmente.

Y también una campaña en las instituciones de todo tipo para que apoyen esta iniciativa.

LA CAMPAÑA, ES UNA EXIGENCIA DEMOCRÁTICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES!!

¡Gobierne quien gobierne los servicios públicos,
los derechos y las pensiones públicas se defienden!

Comisión de Comunicación de MPC
3 de abril de 2025