60 abogados, 70 observadores y 25 psicólogos para controlar la represión en el 1-O (cast/cat)

La campaña #SomDefensores tiene más de 60 abogados, 70 observadores, 25 psicólogos y 30 colaboradores logísticos preparados para controlar las vulneraciones de derechos humanos que tengan lugar a raíz del referéndum y atender las víctimas, según han comunicado sus portavoces en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas. En el acto también se ha presentado el primer informe sobre las vulneraciones de derechos cívicos y políticos cometidas hasta ahora, que incluye descripciones de decenas de casos, la mayoría cometidos por parte de los cuerpos policiales y las autoridades judiciales. El informe se enviará a organismos internacionales y se completará con una segunda entrega el día 7 de octubre.

La abogada Anaïs Franquesa, miembro del centro Irídia, ha explicado que estamos «en un momento de emergencia absoluta en cuanto a los derechos humanos» y que, en el marco de la campaña #SomDefensores, que ha sumado 2.000 adhesiones individuales y 222 de entidades (36 son internacionales) a su manifiesto, han activado una red de observadores y un dispositivo legal y psicológico para monitoritzar la represión del referéndum. «Hemos sido muy rigurosos en la selección de las personas que harán la tarea de observadoras», ha explicado. Sólo en Barcelona habrá más de 70 observadores que empezarán a trabajar mañana. Irán acreditados con un chaleco fluorescente y se ha informadoa las autoridades de su tarea. «Esperamos que los cuerpos de seguridad cumplan su obligación de garantizar que los observadores puedan trabajar con seguridad, es un trabajo amparado por las Naciones Unidas«, ha afirmado.

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Los observadores darán información en tiempo real de lo que pase en Barcelona y alrededores y después se contrastará, y también actuará en colaboración con otras entidades que tienen dispositivos parecidos en el resto de Cataluña. Un grupo de abogados, además, verificará toda esta información antes de incluirla en un nuevo informe. Además, habrá en marcha «un dispositivo legal y psicosocial» que además de recoger la información de lo que pueda pasar, atenderá a los detenidos y quienes vean detenciones. Los abogados ya han presentado la primera denuncia por la herida en la cabeza que hizo un policía con la porra a un manifestante en la carga de los Mossos d’Esquadra ante la sede del departamento de Economía el día 20 de la semana pasada. Franquesa ha recordado que está «absolutamente prohibido» golpear zonas sensibles como la cabeza.

El abogado Jordi Palou-Loverdos, miembro de Novact, ha presentado el informe sobre la vulneración de derechos civiles y políticos impulsado por su entidad, Lafede.cat, Irídia y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y que ha redactado él mismo. El documento se enviará a una veintena de organismos, básicamente internacionales, incluyendo de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, para que investiguen estos hechos. Ha dicho que el documento pretende ser un instrumento de prevención de la vulneración de más derechos durante los próximos días y un intento de «neutralizar posibles resentimientos históricos y afirmar los valores democráticos«. La campaña #SomDefensores pretende publicar una segunda parte del informe el 7 de octubre con todo aquello que haya pasado hasta entonces.

El derecho a un proceso judicial equitativo, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, por las entradas y registros sin autorización, las detenciones desproporcionadas en algunos casos ante la familia y los hijos, la humillación de altos cargos esposados durante horas, la no información de los derechos de los detenidos, las requisas innecesarias y el registro en el despacho de un abogado a quien se le requisaron todos los dispositivos con información de sus clientes. Palou-Loverdos también ha incluido entre las vulneraciones de derechos la citación de más de 700 alcaldes directamente por parte de la fiscalía cuando ya había un proceso judicial abierto, la extralimitación en las órdenes a la policía judicial, la requisa de material propagandístico, la admisión a trámite del proceso por sedición en la Audiencia Nacional, y el hecho de que haya dos procesos judiciales en marcha por los mismos hechos, el del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Palou Loverdos también ha hablado de la vulneración del derecho a la vida privada porque se ha abierto correspondencia sin autorización judicial, y el hecho, que se tiene que confirmar, que se hayan pinchado teléfonos. También ha hablado de ataques contra la libertad de pensamiento en las pintadas en sedes del PSC y en Valencia antes de un acto de la CUP, y de los ataques contra la libertad de expresión y de información mediante cierre de webs, registros de imprentas y ataques directos a medios de comunicación. Además, el abogado considera un ataque al derecho de reunión pacífica el hecho de que se hayan impedido actos políticos o las agresiones y coacciones por parte de grupos ultraderechistas en este tipo de actos.

La vicepresidenta del Grupo de Periodistas Ramon Barnils, Eli Borreda, ha explicado que han recogido hasta ahora 64 casos de vulneración al derecho de información y a la libertad de expresión desde la entrada al semanario ‘El Vallenc’ y donde se incluyen desde identificaciones a periodistas hasta obligar a fotógrafos a borrar fotografías, pasando por amenazas a periodistas por parte de la extrema derecha y las entradas de policías a medios de comunicación. Borreda ha explicado que durante todo el 2016 se identificaron 122 vulneraciones de estos derechos y que ahora, en pocos días, ya se han identificado la mitad. El observatorio Mèdia.cat continuará recopilando todos estos casos, publicándolos en tiempo real y colocándolos en el mapa de la censura que actualiza periódicamente. Borreda, además, ha recordado que el Grupo Barnils ha hecho una guía para periodistas sobre qué derechos tienen ante la policía.

Quién resulte detenido o vea cómo arrestan alguien puede llamar al 645 715 070 (grupo Rereguarda) o al 679 223 432 (Colectivo Ronda). Quién detecte un caso de violencia o abuso policial o sea víctima puede avisar al 693 287 323 (Centre Irídia).

 


 

60 advocats, 70 observadors i 25 psicòlegs per controlar la repressió a l’1-O

La campanya #SomDefensores presenta un informe sobre les vulneracions de drets comeses fins ara arran del referèndum

La campanya #SomDefensores té més de 60 advocats, 70 observadors, 25 psicòlegs i 30 col·laboradors logístics preparats per controlar les vulneracions de drets humans que tinguin lloc arran del referèndum i atendre’n les víctimes, segons han comunicat avui els seus portaveus en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes. A l’acte també s’hi ha presentat el primer informe sobre les vulneracions de drets cívics i polítics comeses fins ara, que inclou descripcions de desenes de casos, la majoria comesos per part dels cossos policials i les autoritats judicials. L’informe s’enviarà a organismes internacionals i es completarà amb un segon lliurament el dia 7 d’octubre.

L’advocada Anaïs Franquesa, membre del centre Irídia, ha explicat que som «en un moment d’emergència absoluta pel que fa als drets humans» i que, en el marc de la campanya #SomDefensores, que ha sumat 2.000 adhesions individuals i 222 d’entitats (36 d’internacionals) al seu manifest, han activat una xarxa d’observadors i un dispositiu legal i psicològic per monitoritzar la repressió del referèndum. «Hem estat mot rigorosos en la selecció de les persones que faran la tasca d’observadores», ha explicat. Només a Barcelona hi haurà més de 70 observadors que començaran a treballar demà. Aniran acreditats amb una armilla fluorescent i s’ha informat les autoritats de la seva tasca. «Esperem que els cossos de seguretat compleixin la seva obligació de garantir que els observadors puguin treballar amb seguretat, és una feina emparada per les Nacions Unides», ha afirmat.

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Els observadors donaran informació en temps real del que passi a Barcelona i rodalia i després es contrastarà, i també actuarà en col·laboració amb altres entitats que tenen dispositius semblants a la resta de Catalunya. Un grup d’advocats, a més, verificarà tota aquesta informació abans d’incloure-la en un nou informe. A més, hi haurà en marxa «un dispositiu legal i psicosocial» que a més de recollir la informació de tot allò que pugui passar, atendrà els detinguts i els qui vegin detencions. Els advocats ja han presentat la primera denúncia pel trau al cap que va fer un policia amb la porra a un manifestant en la càrrega dels Mossos d’Esquadra davant la seu del departament d’Economia el dia 20 de la setmana passada. Franquesa ha recordat que està «absolutament prohibit» colpejar zones sensibles com el cap.

L’advocat Jordi Palou-Loverdos, membre de Novact, ha presentat l’informe sobre la vulneració de drets civils i polítics impulsat per la seva entitat, Lafede.cat, Irídia i l’Institut de Drets Humans de Catalunya i que ha redactat ell mateix. El document s’enviarà a una vintena d’organismes, bàsicament internacionals, incloent-n’hi de les Nacions Unides i de la Unió Europea, perquè investiguin aquests fets. Ha dit que el document pretén ser un instrument de prevenció de la vulneració de més drets durant els propers dies i un intent de «neutralitzar possibles ressentiments històrics i afirmar els valors democràtics». La campanya #SomDefensores pretén publicar una segona part de l’informe el 7 d’octubre amb tot allò que hagi passat fins llavors.

El dret a un procés judicial equitatiu, a la tutela judicial efectiva i a la defensa, per les entrades i escorcolls sense autorització, les detencions desproporcionades en alguns casos davant de la família i els fills, la humiliació d’alts càrrecs emmanillats durant hores, la no informació dels drets dels detinguts, les requises innecessàries i l’escorcoll al despatx d’un advocat a qui se li van requisar tots els dispositius amb informació dels seus clients. Palou-Loverdos també ha inclòs entre les vulneracions de drets la citació de més de 700 alcaldes directament per part de la fiscalia quan ja hi havia un procés judicial obert, l’extralimitació en les ordres a la policia judicial, la requisa de material propagandístic, l’admissió a tràmit del procés per sedició a l’Audiència Nacional, i el fet que hi hagi dos processos judicials en marxa pels mateixos fets, el del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona i el del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El Grup Barnils ha identificat 64 atacs al dret a la informació i a la llibertat d’expressió a periodistes i mitjans
Palou Loverdos també ha parlat de la vulneració del dret a la vida privada perquè s’ha obert correspondència sense autorització judicial, i el fet, que s’ha de confirmar, que s’hagin punxat telèfons. També ha parlat d’atacs contra la llibertat de pensament en les pintades a seus del PSC i a València abans d’un acte de la CUP, i dels atacs contra la llibertat d’expressió i d’informació mitjançant tancament de webs, escorcolls d’impremtes i atacs directes a mitjans de comunicació. A més, l’advocat considera un atac al dret de reunió pacífica el fet que s’hagin impedit actes polítics o les agressions i coaccions per part de grups ultradretans en aquesta mena d’actes.

La vicepresidenta del Grup de Periodistes Ramon Barnils, Eli Borreda, ha explicat que han recollit fins ara 64 casos de vulneració al dret d’informació i a la llibertat d’expressió des de l’entrada al setmanari ‘El Vallenc’ i on s’inclouen des d’identificacions a periodistes fins a obligar a fotògrafs a esborrar fotografies, passant per amenaces a periodistes per part de l’extrema dreta i les entrades de policies a mitjans de comunicació. Borreda ha explicat que durant tot el 2016 es van identificar 122 vulneracions d’aquests drets i que ara, en pocs dies, ja se n’han identificat la meitat. L’observatori Mèdia.cat continuarà recopilant tots aquests casos, publicant-los en temps real i col·locant-los al mapa de la censura que actualitza periòdicament. Borreda, a més, ha recordat que el Grup Barnils ha fet una guia per a periodistes sobre quins drets tenen davant la policia.

Qui resulti detingut o vegi com arresten algú pot trucar al 645 715 070 (grup Rereguarda) o al 679 223 432 (Col·lectiu Ronda). Qui detecti un cas de violència o abús policial o en sigui víctima pot avisar al 693 287 323 (Centre Irídia).

 

http://www.ara.cat/politica/advocats-observadors-psicolegs-controlar-repressio_0_1878412295.html

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