Puerto Rico. Pagar a Ciegas

 

…la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza.
José SaramagoEnsayo sobre la Ceguera

 

En su famosa novela Ensayo sobre la Ceguera, el premio Nobel portugués, José Saramago, nos narra la historia del caos que se impone sobre un país en el cual repentinamente sus habitantes comienzan a padecer de una epidemia de ceguera.  En ese mundo, el pánico se apodera de los aún videntes quienes, brutalmente y a toda costa, buscan mantener aislados a los recién ciegos, quienes son confinados a centros de detención. Allí encerrados su infierno arrecia, cuando la colaboración esencial para la sobrevivencia queda sustituida por la abusiva y violenta imposición de un grupo de ciegos con mayores recursos (un arma de fuego, fuerza física masculina, un ciego verdadero acostumbrado a vivir sin ver) que se agencia privilegios e incurre en todo tipo de vilezas, aprovechando la vulnerabilidad de los demás.  En ese mundo caótico, la única persona que durante la trama no pierde la visión, es la esposa del doctor que registra los primeros casos de ceguera, la cual finge en todo momento estarlo para poder acompañarlo, y quien asume la responsabilidad de asistir al grupo original de ciegos con los que fue condenada al aislamiento. Pero, la heroína de la historia no se siente más afortunada que los demás, al contrario, les recrimina angustiada “… no sabéis, no podéis saber, lo que es tener ojos en un mundo de ciegos, no soy reina, no, soy simplemente la que ha nacido para ver el horror, vosotros lo sentís, yo lo siento y, además, lo veo…

El referido texto de Saramago sobre un país afectado por una epidemia de ceguera en el cual mantener la capacidad de ver, lejos de resultar en una bendición constituye un mayor castigo, definitivamente evoca nuestra cotidianidad boricua. Para muchos de nosotros resulta realmente perturbador observar la ceguera generalizada del país en cuanto a tantos de sus males.  Presenciar la ceguera sobre nuestra indignante subordinación colonial, la ceguera sobre la dictadura impuesta a través de la Junta Federal de Control Fiscal, la ceguera sobre la jauría de políticos a la venta del mejor postor, la ceguera sobre los sueldos escandalosos para el círculo íntimo de alzacolas del gobierno, la ceguera sobre la incompetencia generalizada de nuestra clase política, la ceguera sobre los obscenos niveles de pobreza y la vulnerabilidad laboral en que mantienen al resto de nuestra población, la ceguera sobre la falta de oportunidades para nuestra niñez y juventud, la ceguera sobre políticas administrativas que nos hacen sentir que los boricuas sobramos en nuestra propia isla.

Pero tal vez, ningún otro tipo de ceguera resulta tan paradójico como lo es el asunto de la ausencia de un proceso genuino de auditoría de la deuda pública de Puerto Rico, por cuya razón el país fue declarado en quiebra y puesto bajo sindicatura por la metrópolis colonial. Lo más insensato del asunto es que la determinación de que Puerto Rico no podía pagar su deuda, por lo cual debía operar bajo el mando de una Junta con poderes prácticamente plenipotenciarios (con lo que se privaría al pueblo puertorriqueño de la posibilidad siquiera de ejercer los pocos espacios de gobierno propio obtenidos en los 119 de dominación norteamericana); fue una determinación impuesta desde Washington D. C., sin que el país tuviera primero la oportunidad de evaluar si en realidad debía, y venía obligado, a pagar en su conjunto las billonarias sumas de dinero reclamadas por sus acreedores.

Así, de entrada, se nos impuso una nueva realidad jurídica que partía de las premisas incuestionables de que en efecto, i) se debían las exactas cantidades exorbitantes de deuda reclamadas, ii) que tales acreencias eran legítimas y perfectamente exigibles en ley, y de que iii) los préstamos fueron gestados y utilizados en función del beneficio colectivo de nuestra población. De tal forma, todo el montaje institucional que fue estructurado por Estados Unidos en torno al problema de la deuda pública puertorriqueña, partió del supuesto incuestionable de que la totalidad de la deuda alegada era cierta y exigible, por lo que lo único que importaba era definir la forma y manera en que se atendería y garantizaría su pago. Ningún espacio se abrió en ese proceso para que los deudores, el pueblo de Puerto Rico, pudiéramos primero cuestionar el monto mismo de la deuda, y demostrar que parte de ella no podía ser reclamada legalmente, por haber sido producto de violaciones de ley, a la Constitución, o emitida con propósitos ilegítimos. Al respecto, imagínese que usted solía coger fiado en la tienda de la esquina, y que, de momento le reclaman el pago de cantidades que usted no reconoce o el sobreconsumo de productos tomados por personas no autorizadas; mientras le niegan la oportunidad de revisar la cuenta a ver si usted reconoce lo que le reclaman, o para que pueda corroborar si en efecto su familia se sirvió de los productos que se alega consumieron.  Imagínese además, que le fuerzan a una quiebra involuntaria para obligarle a pagar la totalidad de esa deuda que usted no reconoce, a intereses usurarios, y sin que usted haya podido defenderse mediante el primer paso lógico de rigor, que es, examinar que la cuenta que se le pretende cobrar sea correcta. Finalmente, suponga que ni siquiera le reconocen el derecho de escoger usted a quién se encargará de defenderle en ese proceso de cobro. Pues, esa es la situación actual de nuestro sufrido país. Tenemos que pagar una deuda que no ha sido auditada para corroborar su corrección y su exigibilidad, como consecuencia de una ceguera institucional que nos ha impuesto el gobierno norteamericano, con la colaboración (por momentos disimulada) de los políticos del patio.

Por eso, la exigencia ciudadana por una auditoría forense de la deuda pública de Puerto Rico, constituye condición indispensable para comenzar a atender la crisis fiscal, y la crisis democrática de desmembramiento de la limitada estructura de gobierno representativo de la que una vez disfrutamos. A esos efectos, se ha constituido el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, con el propósito de, desde la sociedad civil, exigir y promover que se realice una auditoría integral de la deuda por una comisión ciudadana independiente, como condición de cualquier proceso relativo a considerar el pago de la deuda pública. El Frente busca dar seguimiento a los propósitos que gestaron la aprobación de la Ley 97 del 2015 que creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito y a la que se le delegó autoridad para gestionar una auditoría comprehensiva que evaluara la probidad de los “procesos de contratación, refinanciamiento o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos, y la ejecución de los programas y proyectos financiados con deuda interna o externa, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos, nacionales y municipales.” Como sabemos, esa Comisión fue nombrada, pero la administración García Padilla no le proveyó presupuesto. No obstante, esta consiguió algunos fondos privados para comenzar una evaluación preliminar de la legalidad de la deuda, e identificó varias irregularidades y violaciones de ley en muchas de las emisiones, las cuales de repetirse en un patrón general, se estima que cerca de la mitad de la deuda que se alega debe el Gobierno de Puerto Rico, es ilegítima. A través de esa pre-auditoría de aquella Comisión, sabemos que existieron varias gestiones de endeudamiento del gobierno que evidencian haber sido originadas en violación de ciertas limitaciones sobre la obtención de créditos públicos establecidas en la Constitución, y que los tribunales tendrían facultad de decidir que fueron nulas, y, por tanto, no exigibles. A pesar de ello, la pasada administración le negó a la Comisión los recursos necesarios para efectuar su trabajo dejándola en un limbo, y la administración de Rosselló Nevares la terminó de desmantelar.

¿Cómo explicar que las administraciones de los dos partidos de gobierno en Puerto Rico, prefirieron someterse al plan diseñado por el gobierno federal para extraernos a la fuerza el pago con sangre y sacrificios de la totalidad de la deuda reclamada por los bonistas, en vez de exigir que primero se auditara la legalidad de la misma? Hay mucho de complicidad, sin duda alguna, pues enterrar la posibilidad de auditar la deuda, significa enterrar la posibilidad de escrutar las actuaciones de pasadas administraciones de gobierno y conocer quiénes verdaderamente se beneficiaron con el negocio de emisión de deuda pública. Y es que, en última instancia (y sobre todo en Puerto Rico), de lo que se trata es de que emitir deuda pública (se justifique o no) constituye un excelente negocio para todos los participantes: para los bonistas que pusieron a producir sus reservas de dinero con inversiones exentas de impuestos, para las casas de corretaje y los bancos que generaron ganancias extraordinarias por las emisiones y comisiones de ventas, para los grandes bufetes de abogados que tramitaron las emisiones, para los políticos que obtuvieron dinero fácil para despilfarrar, ganar indulgencias erigiendo monumentales obras y mojar a los amigos, y para el gobierno federal, que ganó una “justificación” para mantener nuestra subordinación, por la vía de mostrar nuestra supuesta incapacidad para autogobernarnos. Quien único solo perdió y ahora nos toca pagar, es a este pueblo puertorriqueño de “ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”, al decir de Saramago.

Pero, contrario a la heroína de la célebre novela de Saramago, en nuestro caso el horror de tener ojos en un mundo de ciegos, tiene remedio. Ello es así, pues cada uno de nosotros puede ayudar a otros a ver, y entonces, ya no seremos mas un país de ciegos. Por eso, resulta tan importante que  apoyemos iniciativas como la del Frente Amplio por la Auditoría de la Deuda y nos sumemos al proceso de recaudación de fondos para que una nueva comisión ciudadana independiente pueda contar con los recursos necesarios para obtener que se realice una auditoría integral de esa deuda. Entonces tendremos mejores herramientas para defendernos y defender el futuro de nuestra descendencia sobre esta  tierra borincana. Para ello, y por ellos, tenemos que renunciar a nuestra ceguera voluntaria.

 

  • Rubén Colón Morales. Columnista / Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido cursos de sistema constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.

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