2010: ¿al fin el tiempo del México profundo?

Año 2006. En las calles de Oaxaca, tomadas por el pueblo, se respira cierto optimismo. El tiempo del cambio está por llegar. Si 1810 fue el año de la Independencia y 1910 fue el de la Revolución, 2010 volverá a ver a México sumido en una lucha total contra la opresión. Y quizá, por esta vez, la historia esté de lado del “México profundo” –el de “los de abajo”, verdaderos protagonistas de una historia silenciada “desde arriba”; y el “México imaginario” ya no sólo será por fin derrotado, sino incapaz –como hizo en el pasado– de llevar a su terreno el discurso de la emancipación, la libertad y la revolución[1].

El año 2006 fue especialmente conflictivo en México. Finalizado el sexenio de Vicente Fox –miembro del ultraderechista Partido de Acción Nacional, PAN– Felipe Calderón llegó a la presidencia tras un nuevo fraude contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), representante de la izquierda institucional y que acudía a las urnas de la mano de Andrés Manuel López Obrador. El movimiento lopezobradorista tomaría por meses la capital mexicana con plantones y manifestaciones de hasta dos millones de personas mientras su “líder” desconocía al gobierno “espúreo” de Calderón y creaba su propio “gobierno legítimo”.

Pero antes de que Calderón tomara posesión, Fox debía dejar limpio el panorama socio-político del país a su colega de partido. Lo haría primero en Atenco, en donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) había conseguido paralizar la construcción del nuevo aeropuerto capitalino en su territorio. A un mismo tiempo, era golpeada La Otra Campaña, impulsada por el EZLN como alternativa no partidista a las elecciones presidenciales y cuya caravana acababa de visitar la localidad atequense.

Posteriormente le tocaría el turno a Oaxaca en donde, a partir de la insurrección contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz (PRI), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) comenzó a construir en el discurso y en la acción formas de organización socio-política que, sobre la base de los “usos y costumbres” de los pueblos originarios de la región, amenazaban de forma directa al poder establecido.

El narcotráfico como excusa

Tras el fraude en las elecciones presidenciales de 2006, Calderón se marcó como objetivo lograr afianzar la legitimidad de su gobierno a través de la lucha contra el narcotráfico. La escalada de violencia no se hizo esperar. Así, desde 2006, el total de muertes violentas se eleva a 16.000, casi 8.000 sólo en 2009, año en que la militarización se ha profundizado.

A través de la Iniciativa Mérida (también llamada Plan México, por sus similitudes con el Plan Colombia) EE. UU. ha destinado 1.400 millones de dólares a la lucha contra el narco. La iniciativa, que cubre los años 2007 a 2010, ha permitido a Calderón desplegar más de 50.000 efectivos militares por todo el territorio nacional. El resultado: incremento exponencial de la violencia y violaciones constantes de los derechos humanos por parte del Ejército –que se han incrementado un 600% desde que arrancó el Plan México– y que incluso ha llegado a denunciar la institucional Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La militarización y la presencia estadounidense en territorio mexicano encontró asimismo en la “epidemia” de gripe porcina una justificación más. Así, se creaba en marzo de 2009 el Centro Conjunto de Implementación para coordinar la acción de militares y policías de ambos países que cristalizaría en la realización, por primera vez en la historia, de maniobras militares conjuntas entre México y EE. UU., en la que&nbsp participaría la 4ª Flota estadounidense, renacida ante la “amenaza” de Venezuela y otros países afines.

El acuerdo alcanzado a mediados de agosto entre Calderón y Uribe para la creación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) con el fin de que ambos países coordinen acciones referidas a seguridad y justicia; la autorización por parte de Calderón a finales de 2006 para que la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) tenga presencia permanente en México; las denuncias de conexiones de grupos políticos del norte del país con los cárteles de la droga e, incluso, la posible creación, animada desde el Ejecutivo, de “grupos civiles de autodefensa”, son señales que alertan sobre el camino hacia la colombianización de México y la llegada de la “narcopolítica”.

Como es costumbre entre los gobiernos acólitos al libre mercado, la política mexicana de seguridad encierra objetivos ocultos. Para Pablo Romo Cedano, coordinador del Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), “en nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.

Y “razones” para la criminalización, no faltan. Según el OCSM, sólo entre 2006 y el primer semestre de 2008 se registraron 2.000 conflictos sociales de diverso alcance en México. Las condiciones sociales, políticas y económicas actuales no invitan a que el panorama de efervescencia social termine en 2010.

Cataclismo neoliberal

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1994 requirió cambios constitucionales que ponían fin a uno de los principales logros de la Revolución de 1910: la propiedad colectiva de la tierra. La reforma del artículo 27 de la Carta Magna abría las puertas a la privatización de las tierras, así como de los recursos naturales existentes en ellas. A un mismo tiempo, la apertura de mercados impedía al campesinado indígena competir con la economía agraria estadounidense, industrializada y subvencionada por el estado.

El hundimiento de la economía mexicana en ese período –incluido el nivel de endeudamiento externo que alcanzaría los 166.960 millones de dólares en 1999– sólo sería superado en 2009. Según el propio Banco Mundial, el número de pobres ha ascendido en 4’2 millones en 2009 (más de diez millones desde 2006), lo cual ha provocado que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más de la mitad de la población del país sea considerada pobre. El aumento de precios, incluida la canasta básica, ha deteriorado en un 44% las condiciones de vida de los campesinos, especialmente afectados por el alza de los precios de artículos como el maíz a partir de la entrada en vigor del TLCAN.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el PIB mexicano se contrajo en 2009 un 6’5%, la caída más fuerte desde 1933. A un mismo tiempo, 2.76 millones de personas –el 5.7 por ciento de la población económicamente activa– está actualmente desempleada. Flexibilización del mercado laboral, superexplotación, subcontratación, y violaciones permanentes de los convenios colectivos son algunas de las medidas tomadas por Calderón para quienes han conseguido mantener su empleo.

Crisis y política de partidos

El fracaso de la política antidroga de Calderón así como las consecuencias de la crisis económica ha hecho que Calderón y su partido hayan perdido la poca credibilidad que les quedaba tras el fraude de 2006. La consecuencia más directa ha sido su derrota en las elecciones celebradas en 2009 –en donde estaban en juego la mitad de los escaños de la cámara baja, seis gobiernos estatales y unos 500 alcaldes de once estados– en las que el PRI fue el gran vencedor con un 36’7% de los escaños y la mayoría de los puestos estatales y locales.

Así las cosas –de cara a las elecciones a gobernador que se celebrarán este año en 12 estados– el PRD y el PAN, en un pacto aparentemente “contra-natura”, han comenzado a preparar candidaturas conjuntas. El nombre de Enrique Peña Nieto –miembro del PRI, gobernador del Estado de México y responsable principal de la represión en Atenco– suena como candidato con más posibilidades de cara a las presidenciales de 2012.

Ante el duro panorama electoral que se le avecina al PAN, y en un intento por recuperar su credibilidad (y la de todo el sistema político mexicano, puesto en duda por la mayoría de la población) Calderón lanzaba el 15 de diciembre pasado su propuesta de reforma política.

Una reforma que busca profundizar el modelo presidencialista (entre otras cosas, atribuye al Jefe de Gobierno la facultad de vetar parcialmente las leyes que sean aprobadas por el Congreso) a la vez que busca crear la ilusión de que –en un país en donde los movimientos sociales se distancian cada vez más de la política partidaria– la ciudadanía tiene cabida en el modelo “democrático” mexicano permitiendo que ésta presente proyectos de ley al Congreso así como candidaturas independientes a los cargos de elección popular (aunque eleva del 2 al 4% el porcentaje de votos que un partido político ha de alcanzar para mantener su registro).

2009: lucha social y represión

Con un panorama socio-político como el descrito, no es de extrañar que el 2009 haya sido período de luchas sociales y represión, alimentando aún más las expectativas sobre una agudización de la conflictividad en el presente año. Pongamos sólo dos ejemplos.

México sigue mirando con expectativa al EZLN quien, según muchos, podría en este año presentar una nueva iniciativa política que trate de aglutinar la diversidad de actores sociales del país al tiempo que profundiza el proceso de construcción de la autonomía de las comunidades chiapanecas en resistencia, actualmente en una nueva fase de guerra de desgaste integral.

A través de una nueva escalada de “desarrollismo contrainsurgente” y paramilitarización se intenta controlar el territorio y acabar con la resistencia zapatista. Para Marina Pagés, del Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ) “los gobiernos están utilizando una doble estrategia: quitarle legitimidad a los zapatistas por las buenas (resurgimiento de instancias de diálogo, aprobación de la ley indígena, acuerdos con ONU y OIT, etc.); y por las malas (conflictos comunitarios en los que los zapatistas son presentados como los agresores o estigmatizando a defensores de derechos humanos). Se hostiga no sólo a las comunidades sino a la red de apoyo que acompaña el proceso de autonomía. Una política represora que se realiza en la más completa impunidad, como demostró la liberación, entre agosto y noviembre de 2009, por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de 35 indígenas sentenciados por la Masacre de Acteal en 1997 –donde fueron asesinadas 45 personas–, argumentando irregularidades procesales, pero sin entrar a juzgar la inocencia de los mismos.

Sin embargo, las protestas sociales más contundentes del pasado año se desarrollaron a partir del decreto aprobado por Felipe Calderón en octubre de 2009, a través del cual se disolvía la empresa pública de suministro eléctrico “Luz y Fuerza del Centro” –posteriormente tomada por el Ejército– confirmándose el avance de la privatización energética en el país.

Argumentando la falta de rentabilidad –según el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), provocada por el Ejecutivo– 44.000 trabajadores fueron despedidos, lo que llevó al SME –uno de los mayores del país– a convocar, entre otras acciones, sucesivas manifestaciones en la Ciudad de México. Si bien consiguieron una amplia participación solidaria de estudiantes e intelectuales de la izquierda, no han logrado, de momento, cohesionar un proceso más amplio –como indica Dolores González de Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ)– por el escepticismo que siguen generando en la izquierda antipartidista las formas de participación de los sindicatos tradicionales.

2010: parte del proceso

Un reciente artículo publicado en la revista Contralínea revela cómo, antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, PAN y PRI –junto a empresarios y altos ejecutivos de grandes trasnacionales– idearon el Proyecto México 2030, cuya intención sería la de privatizar por completo todos los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Tal proyecto político profundizaría no sólo la política neoliberal en el país, sino también lo que el activista e intelectual Gustavo Esteva, define como un “estado de excepción no declarado”.

Se dan numerosas similitudes con las condiciones que permitieron momentos históricos revolucionarios, incluso agudizadas por la fase terminal del neoliberalismo en la que nos encontramos. Algo claro es la multiplicación de las resistencias y la construcción de alternativas políticas y económicas en México que retoman la necesidad de reformular el estado y conseguir de una vez por todas la emancipación de todos los sectores excluidos. Chiapas, Oaxaca o Atenco no pueden ser analizados aisladamente. Forman parte de las luchas cíclicas que surgen desde esas prácticas ocultas de resistencia tejidas a lo largo de la historia de dominación capitalista. Las condiciones para que el México profundo pueda, por fin, hacer prevalecer su proyecto socio-político están dadas. Y, sin duda, 2010 supondrá un año quizá no definitivo, pero sí ilusionante. El futuro dirá…

– Lola Cubells es miembro del Col.lectiu Zapatista de València, “El Caragol” e investigadora social especialista en interculturalidad y derechos humanos en Chiapas.

– Sergio de Castro Sánchez es miembro del Col.lectiu Zapatista de València, “El Caragol”; coordinador de la sección México de Kaos en la Red y autor del libro Oaxaca: Más allá de la insurrección. Crónica de un movimiento de movimientos (2006-2007)


2010: PER FI L’HORA DEL MÈXIC PROFUND?

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Any 2006. Als carrers d’Oaxaca, presos pel poble, es respira cert optimisme. L’hora del canvi està a punt d’arribar. Si 1810 va ser l’any de la Independència, i 1910 el de la Revolució, 2010 tornarà a veure Mèxic abocat en una lluita total contra l’opressió. I potser, aquesta vegada, la història estigui del cantó del “Mèxic profund” –el d’“els de baix”, autèntics protagonistes d’una història silenciada “des de dalt”– i no del “Mèxic imaginari” (una distinció de l’antropòleg Guillermo Bonfill Batalla). El “Mèxic imaginari” no sols serà derrotat, sinó que també serà incapaç –com va fer en el passat– de portar al seu terreny el discurs de l’emancipació, la llibertat i la revolució.

L’any 2006 va ser especialment conflictiu a Mèxic. Finalitzat el sexenni presidencial de Vicente Fox, membre de l’ultradretà Partido de Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón es va fer amb la presidència després d’un nou frau electoral contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD), representant de l’esquerra institucional que acudia a les urnes amb Andrés Manuel López Obrador com a candidat. El moviment lopezobradorista va prendre durant mesos la capital mexicana amb plantones i manifestacions de fins a dos milions de persones, mentre que el seu “líder” es negava a reconèixer el govern “espuri” de Calderón i creava el seu propi “govern legítim”.

Però abans que Calderón prengués possessió, Fox havia de deixar net el panorama sociopolític del país al seu col·lega de partit. Ho va fer primer a Atenco, on el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) havia aconseguit paral·litzar la construcció d’un nou aeroport al seu territori. Alhora, era colpejada La Otra Campaña, impulsada per l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) com a alternativa no partidista a les eleccions presidencials, i la caravana de la qual acabava de visitar la localitat d’Atenco.

Posteriorment li tocaria el torn a Oaxaca, on a partir de la insurrecció contra el governador Ulises Ruiz Ortiz (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), l’Assemblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) va començar a construir en el discurs i en l’acció formes d’organització sociopolítica que, sobre la base dels “usos i costums” dels pobles originaris de la regió, amenaçaven de manera directa el poder establert.

El narcotràfic com a excusa

Després del frau de les eleccions presidencials de 2006, Calderón es va marcar com a objectiu refermar la legitimitat del seu govern a través de la lluita contra el narcotràfic. L’escalada de violència no es féu esperar. Així, des de 2006, les morts violentes han arribat a les 16.000; d’aquestes, gairebé 8.000 van produir-se només el 2009, any en què la militarització es va aprofunditzar.

A través de la Iniciativa Mérida (també anomenada Plan México, per les seves similituds amb el Plan Colombia), els EUA han destinat 1.400 milions de dòlars a la lluita contra el narco. La iniciativa, que s’ha desplegat des de 2007 a 2010, ha permès a Calderón desplegar més de 50.000 efectius militars arreu del territori nacional. El resultat: increment exponencial de la violència i violacions constants dels drets humans per part de l’Exèrcit –s’han incrementat un 600&nbsp % des que va arrancar el Plan México–, circumstància que fins i tot ha denunciat la institucional Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La militarització i la presència nord-americana en territori mexicà van trobar en l’“epidèmia” de la grip porcina una justificació afegida. D’aquesta manera, el març de 2009 es va crear el Centro Conjunto de Implementación per coordinar l’acció de militars i policies d’ambdós països. Aquesta coordinació va cristal·litzar en la realització, per primera vegada en la història, de maniobres militars conjuntes entre Mèxic i els EUA, amb la participació de la 4a Flota nord-americana, renascuda davant de l’“amenaça” de Veneçuela i altres països afins.

L’acord assolit a mitjan agost entre Calderón i Uribe per a la creació del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) amb la finalitat que tots dos països coordinin accions de seguretat i justícia; l’autorització per part de Calderón, a finals de 2006, perquè l’Agència Nord-americana Antidrogues (DEA) tingui presència permanent a Mèxic; les denúncies de connexions de grups polítics del nord del país amb els càrtels de la droga i, fins i tot, la possible creació, animada per l’executiu mexicà, de “grups civils d’autodefensa”, són senyals que alerten sobre el camí cap a la colombització de Mèxic i l’arribada de la “narcopolítica”.

Com és costum entre els governs acòlits del lliure mercat, la política mexicana de seguretat conté objectius ocults. Per a Pablo Romo Cedano, coordinador del Reporte de la criminalización de la protesta, elaborat per l’Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), “en nom del combat contra el narcotràfic i el terrorisme es configura un camp de batalla on els autèntics criminals romanen en la impunitat, mentre que els líders socials són perseguits, criminalitzats i empresonats per processos judicials absurds”.

I “raons” per a la criminalització no en falten. Segons l’OCSM, només entre 2006 i el primer semestre de 2008 van registrar-se 2.000 conflictes socials d’abast divers a Mèxic. Les condicions socials, polítiques i econòmiques actuals no fan pensar que el panorama d’efervescència social acabi el 2010.

Cataclisme neoliberal

L’entrada en vigor del Tractat de Lliure Comerç de l’Amèrica del Nord (TLCAN) l’1 de gener de 1994 va requerir canvis constitucionals que van posar fi a una de les principals conquestes de la Revolució de 1910: la propietat col·lectiva de la terra. La reforma de l’article 27 de la Constitució va obrir les portes a la privatització de les terres, així com dels recursos naturals de què disposen. Alhora, l’obertura de mercats va impedir al camperolat indígena competir amb l’economia agrària nord-americana, industrialitzada i subvencionada per l’Estat.

L’enfonsament de l’economia mexicana en aquest període –inclòs el nivell d’endeutament extern, que va arribar als 166.960 milions de dòlars el 1999– només va ser superat el 2009. Segons el mateix Banc Mundial, el nombre de pobres ha augmentat en 4,2 milions el 2009 (més de deu milions des de 2006), la qual cosa ha provocat que, segons dades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, més de la meitat de la població del país sigui considerada pobre. L’increment de preus (inclosa la cistella de productes bàsics) ha deteriorat en un 44&nbsp % les condicions de vida dels camperols, especialment afectats per l’alça dels preus d’articles com el blat de moro a partir de l’entrada en vigor del TLCAN.

D’altra banda, segons l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el PIB mexicà es va contraure el 2009 un 6,5&nbsp %, la caiguda més pronunciada des de 1933. Al mateix temps, 2,76 milions de persones –el 5,7&nbsp % de la població econòmicament activa– estan actualment a l’atur. Flexibilització del mercat laboral, superexplotació, subcontractació i violacions permanents dels convenis col·lectius són algunes de les mesures que Calderón ha aplicat als qui han aconseguit mantenir el seu lloc de treball.

Crisi i política de partits

El fracàs de la política antidroga de Calderón, així com les conseqüències de la crisi econòmica, han fet que el president i el seu partit hagin perdut la poca credibilitat que els quedava després del frau de 2006. La conseqüència més directa ha estat la derrota del PAN a les eleccions celebrades el 2009, en què estaven en joc la meitat dels escons de la cambra baixa, sis governs estatals i unes 500 alcaldies d’onze estats diferents. El PRI fou el gran vencedor dels comicis, amb un 36,7&nbsp % dels escons i la majoria dels càrrecs en disputa, tant estatals com locals.

En aquesta situació, i de cara a les eleccions a governador que se celebraran enguany en 12 estats, el PRD i el PAN han començat a preparar candidatures conjuntes, en un pacte aparentment “contranatura”. El nom d’Enrique Peña Nieto –membre del PRI, governador de l’Estat de Mèxic i responsable principal de la repressió a Atenco– sona com el candidat amb més possibilitats de cara a les presidencials de 2012.

Davant del complicat panorama electoral al qual haurà de fer front el PAN, i en un intent per recuperar la seva credibilitat –i la de tot el sistema polític mexicà, posat en dubte per la majoria de la població–, el passat 15 de desembre Calderón va llançar una proposta de reforma política.

Aquesta reforma pretén accentuar el model presidencialista (entre altres coses, atribueix al cap d’Estat la facultat de vetar parcialment les lleis que siguin aprovades pel Congrés), alhora que intenta crear la il·lusió que, en un país on els moviments socials es distancien cada vegada més de la política partidista, la ciutadania té cabuda en el model “democràtic”. Així, es permet que aquesta presenti projectes de llei al Congrés, així com candidatures independents als càrrecs d’elecció popular (encara que eleva del 2 al 4&nbsp % el percentatge de vots que un partit polític ha d’assolir per mantenir el seu registre).

2009: lluita social i repressió

Amb un panorama sociopolític com el descrit, no és estrany que 2009 hagi estat un any de lluites socials i repressió, i que hagi alimentat encara més les expectatives sobre una agudització de la conflictivitat. Vegem-ne solament dos exemples.

Mèxic segueix mirant amb expectació l’EZLN, el qual, segons molts, durant el 2010 podria presentar una nova iniciativa política que intenti aglutinar la diversitat d’actors socials del país, mentre que, paral·lelament, aprofundeix el procés de construcció de l’autonomia de les comunitats de Chiapas en resistència, actualment en una nova fase de guerra de desgast integral.

És així que, a través d’una nova escalada de “dessarrollismo contrainsurgent” i paramilitarització, s’intenta controlar el territori i posar fi a la resistència zapatista. Per a Marina Pagés, del Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), “els governs estan utilitzant una doble estratègia: restar legitimitat als zapatistes a les bones (ressorgiment d’instàncies de diàleg, aprovació de la llei indígena, acords amb l’ONU i l’OIT, etc.); i per la força (conflictes comunitaris en els quals els zapatistes són presentats com els agressors o estigmatitzant defensors de drets humans). Es fustiga no solament les comunitats, sinó la xarxa de suport que acompanya el procés d’autonomia. Aquesta política repressiva es duu a terme amb una total impunitat, tal com va demostrar l’alliberament per part del Tribunal Superior de Justícia, entre l’agost i el novembre de 2009, de 35 indígenes condemnats per la matança d’Acteal de 1997 –en què van ser assassinades 45 persones–, tot argumentant irregularitats processals, però sense entrar a jutjar si les persones condemnades eren innocents.

Tanmateix, les protestes socials més contundents de l’any passat van desenvolupar-se a partir de l’aprovació l’octubre de 2009, per part de Felipe Calderón, d’un decret a través del qual es dissolia l’empresa pública de subministrament elèctric Luz y Fuerza del Centro –que, posteriorment, va ser presa per l’exèrcit– i es confirmava l’aprofundiment en la privatització energètica.

Amb l’argument de la manca de rendibilitat de l’empresa pública –segons el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), provocada per l’executiu–, 44.000 treballadors van ser acomiadats, la qual cosa va portar l’SME –un dels sindicats més grans del país– a convocar, entre altres accions, successives manifestacions a Ciutat de Mèxic. Si bé aquestes accions van comptar amb una àmplia participació solidària d’estudiants i intel·lectuals d’esquerra, no han aconseguit, de moment, cohesionar un procés més ampli –com indica Dolores González, de Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ)– a causa de l’escepticisme que segueixen generant en l’esquerra antipartits les formes de participació dels sindicats tradicionals.

2010: part del procés

Un article recent publicat a la revista Contralínea revela com, abans de la presa de possessió de Felipe Calderón, PAN i PRI –juntament amb empresaris i alts executius de grans transnacionals– van idear el “Proyecto México 2030”, la intenció del qual seria privatitzar completament tots els sectors estratègics i els béns de la nació. Aquest projecte polític aprofundiria no solament la política neoliberal en el país, sinó també la situació que l’activista i intel·lectual Gustavo Esteva defineix com un “estat d’excepció no declarat”.

La conjuntura actual té nombroses similituds amb les condicions que van permetre moments històrics revolucionaris, semblances fins i tot aguditzades per la fase terminal del neoliberalisme en la qual ens trobem. Una circumstància que apareix amb claredat al Mèxic actual és la multiplicació de les resistències i la construcció d’alternatives polítiques i econòmiques que reprenen la necessitat de reformular l’Estat i aconseguir d’una vegada per sempre l’emancipació de tots els sectors exclosos. Chiapas, Oaxaca o Atenco no poden ser analitzats aïlladament. Formen part de la lluites cícliques que van sorgir de les pràctiques ocultes de resistència teixides al llarg de la història de dominació capitalista. Les condicions perquè el Mèxic profund pugui, finalment, fer prevaler el seu projecte sociopolític estan donades. I, sens dubte, 2010 suposarà un any potser no definitiu, però sí il·lusionant. El futur dirà.


[1] La ya clásica distinción entre el “México profundo” y el “México imaginario” se debe al antropólogo Guillermo Bonfill Batalla.

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