20 de julio, por el Congreso de los Pueblos TODOS SOMOS MAPATRIA
El 14 de marzo se realizarán las elecciones, para montar el nuevo Congreso. Esta institución, encabeza la lista de las entidades más corruptas del país y en los últimos años se han ido evidenciando, que los jefes narcoparamilitares Castaño y Mancuso, tenían razón, al decir que el 35% de de congresistas los habían colocado ellos. La parapolítica es el fenómeno que identifica al parlamento colombiano.
Esta grosería de democracia representativa que tenemos ya agotó su oportunidad histórica y debe darle paso al ejerció de la Democracia Directa. El pueblo debe tomar en sus propias manos, la elaboración de las leyes que favorezca a las mayorías, para eso se viene proponiendo la instalación del Congreso de los Pueblos.
Un Congreso decadente y a espaldas de la Nación
Es lugar común decir que en Colombia tenemos un congreso decadente que hace tiempo dejó de representar la nación. Aunque en todos los países capitalistas, el parlamento está hegemonizado por los voceros de los diferentes sectores burgueses, oligárquicos y terratenientes, en otros países, esta institución tiene expresiones de elocuencia, donde se debaten los principales problemas nacionales. En cambio, en Colombia, el Congreso tiene la expresión mayoritaria de los narcoparamilitares y sus testaferros, en donde campea la intimidación, la bravuconería, el soborno, el chantaje, la corrupción y la chabacanería. A la politiquería tradicional, se le suma las imposiciones mafiosas del presidente: “al que no se someta, hay que darle en la cabeza, marica”
Hoy se ha revelado que el Congreso es una institución doblegada y atrapada, que no es capaz de hacer retórica nacionalista y mucho menos democrática. Es tanto el sentido de desprendimiento patriótico y popular que ni siquiera se ocupa de legislar sobre los asuntos que va a vender y entregar. Un caso patético de eso lo vemos en la ausencia de debate sobre las bases militares norteamericanas en suelo de Colombia y le endosó esta facultad al autoritarismo presidencial.
Estamos ante la presencia de un Congreso asaltado por la parapolítica y allí toman asiento los grandes criminales del país o los que representan esas conductas delincuenciales. Los centenares de parapolíticos enjuiciados e impunemente dejados en libertad son testimonio de ello.
Es el congreso quien debe asegurar que los bienes de la nación sean bien administrados produciendo leyes que garanticen su función social, su carácter de bienes públicos y salvaguardar la integridad territorial. Lejos de ello, la manguala funciona para que lo público se privatice y el territorio sea despedazado mediante las concesiones (conceder) territoriales a las grandes multinacionales del petróleo, del oro, de la agroindustria o a sus agentes que operan en el país como son los grandes monopolios económicos privados de Colombia. Hasta el espacio geoestacionario y las aguas han sido enajenadas en vergonzosas concesiones.
Por toda esta conducta anti país, Colombia es hoy una colonia y las mayorías hemos perdido el patrimonio de nación independiente. Los dueños son las corporaciones extranjeras y EEUU.
Ordenamiento territorial criminal: despojo y pillaje
La Constitución del 91, ordenó que se debía hacer un nuevo ordenamiento territorial, basado en las características socioculturales del país, que diera cuenta de su multiculturalidad, que tuviera en cuenta las diferentes dinámicas regionales y que estableciera nuevas pautas de desarrollo. La oligarquía ha obstaculizado este necesario debate y esta trascendental definición política.
La casta gobernante colombiana ha hecho todo lo contrario, entendió que lo mejor, para evitar que le salte la liebre, es hacer un ordenamiento territorial por la fuerza de las armas, untado de sangre generosa de pueblo y con instrumentos criminales de despojo y pillaje. Más de 6 millones de hectáreas usurpadas a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, y otros sectores sociales poblacionales del campo en una acción sistemática de genocidio y terror fue la vía para imponer de paso una contra reforma agraria. Así, el paramilitarismo fue el encargado de ejecutar el reordenamiento terrateniente.
Lo que ha hecho el Congreso, mal llamado de la República, es refrendar ese pillaje y despojo con leyes como el estatuto rural, la ley de aguas y otras, que por ser extensión de la criminalidad, deben de suspenderse y las víctimas del pillaje deben ser reparadas y ejercerse castigo a los causantes de esta tragedia nacional. Pero, eso sería pedirle a la oligarquía que se aplique el harakiri, pero ellos hace rato que perdieron el honor y la vergüenza.
Pero esta política de la desterritorialización de la gente no es sólo rural, sino que abarca también las ciudades, en donde las pandillas paramilitares están en una operación sostenida de asesinatos y criminalización de la recreación, de eliminar los espacios públicos, del rebusque y de la vida comunitaria a la población de los grandes centros urbanos que acompañan en muchos casos los procesos de reordenamiento urbano, que se viene aplicando en todo el país. Es muy probable que las zonas barriales aledañas a las bases militares sufran este tipo de acción sicológica y represiva, para producir su encuadramiento y desplazamiento.
En Minga, el 20 de julio, Congreso de los Pueblos
Desde abajo viene surgiendo un clamor de dignidad y soberanía de país que se entreteje y enlaza a través de múltiples expresiones populares y democráticas, que hacen parte de la continuidad en la lucha antiimperialista del pueblo colombiano.
Ayer fueron las luchas de los trabajadores petroleros que dieron origen a Ecopetrol, de los trabajadores ferrocarrileros, de las luchas mancomunadas obreras e indígenas de Quintín Lame y Raúl Eduardo Mahecha que dieron origen a la Confederación Obrera Nacional -CON-, de las recuperaciones de tierra de la ANUC y de otras gestas nacionalistas de los trabajadores.
Hoy camina la palabra por los valles y montañas, por las calles y avenidas, por los barrios y escuelas, por todo el territorio donde se abren los surcos de la resistencia social. Resistencia que también quiere y debe ser construcción de alternativas de soberanía y vida digna.
Hoy, como hace 200 años, debemos dar el paso para construir una alternativa legislativa desde los pueblos, desde los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, desde todos los rincones de la MA-PATRIA (MATRIA Y PATRIA).
El 20 de julio, es el tiempo propicio para que surja un escenario desde los pueblos que haga legislación desde los intereses de las mayorías, reprimidas y acalladas. Es el momento para relanzar un NUEVO PROYECTO DE NACIÓN DESDE ABAJO Y PARA LOS DE ABAJO y por ello es decisivo que la Minga Social y Comunitaria adopte como propósito  INSTALAR EL CONGRESO DE LOS PUEBLOS, como expresión de la voluntad patriótica y soberana de seguir forjando un país sin dueños, que denuncie y se oponga al país de los pocos dueños de las minorías expoliadoras y defraudantes del sentir nacional.
Congreso de los Pueblos que debe andar por todos los rincones de la patria, como proceso de identidad, de reconocimiento, de encuentro, de búsqueda, en donde la democracia ande con la palabra de las mayorías, haciendo la ley y aplicando la justicia popular.
Es importante que los mingueros y los no mingueros, nos hagamos a este objetivo, que exprese la doble condición de país: una tribuna donde sigue lo criminal, lo mafioso y lo indigno y otro escenario que exprese una nueva realidad de soberanía y democracia.
Aunque en estos tiempos de la seguridad democrática, no sólo nos esperan los grillos y las cadenas de las mazmorras del régimen, sino también, los falsos positivos de las FFAA y las motosierras de sus paramilitares; sin embargo, es esencial que no perdamos este momento de efervescencia y calor que ha cultivado la Minga para crear una institución rectora de las luchas y reivindicaciones de las masas populares, democráticas e inconformes de Colombia, que sume propósitos de país en grandeza y sin hambre, descolonizado e independiente.