19 de febrero: CGT y co.bas convocan huelga en la industria petroquímica de Tarragona

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19 FEBRERO HUELGA PETROQUÍMICAS TARRAGONA

Este es el contenido de la convocatoria de huelga del 19 de febrero de las PETROQUÍMICAS de Tarragona que ha sido elaborada por CGT y por Co.bas  presentada y registrada por separado.

El contenido se diferencia sustancialmente de las presentadas por CCOO, UGT y USO. Estas se basan únicamente en las medidas de seguridad sin resaltar para nada que el verdadero problema son la falta de derechos, la precariedad, la falta de personal, etc.

 

MOTIVOS Y OBJETIVOS DE LA HUELGA

El pasado 14 de Enero tuvo lugar un nuevo accidente grave en la industria petroquímica de Tarragona. En esta ocasión en la empresa IQOXE. Una explosión en una zona cercana al municipio de la Canonja y cercana a barrios de Tarragona limítrofes con esta población, que nos recuerda constantemente, hasta qué punto vivimos cada día en riesgo, los trabajadores y nuestras familias, y que dejó tres fallecidos, uno de ellos a 3 quilómetros del lugar de la explosión, y numerosos heridos.

La información al conjunto de la población fue tardía y confusa. Los sistemas de alarmas no sonaron hasta más de una hora después de la explosión y fueron detenidos al poco tiempo por no parecer necesarios. Mientras, se percibía un fuerte olor a gas en los barrios cercanos, un gas que los medios no llegaron a decir que era tóxico aunque se sabía que era cancerígeno. La llamada a la calma y evitar conflictos estuvo por encima de la propia salud de los vecinos.

Este accidente no es más que la última consecuencia de la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos los trabajadores y trabajadoras del sector petroquímico de Tarragona. Quienes venimos sufriendo desde hace tiempo la progresiva destrucción de nuestras condiciones de trabajo, también en seguridad, sufriendo accidentes y trabajando en condiciones de riesgo.

A modo de ejemplo, solo el pasado mes de Octubre sufrimos una fuga de metano, con el resultado de un trabajador trasladado de urgencia al Hospital Joan XXIII de Tarragona. Trabajador que fue despedido al reincorporarse de nuevo a su trabajo. Y una fuga de benceno, donde incluso los bomberos desplegaron cortinas de agua. Los datos confirman que no sólo ese día se emitieron grandes cantidades de benceno, sino que hasta el 35% de las horas de octubre registraron valores anómalos en la estación de Constantí.

No nos consta que hayan sonado los sistemas de alarma por ninguno de estos episodios. Por nuestra seguridad debemos acceder a todos los datos posibles de contaminantes, exigir que se midan todos los carcinógenos, y obligar a que nuestra salud sea lo primero.

La clase trabajadora y todos los vecinos de los pueblos y barrios construidos alrededor de fábricas, somos quienes sufrimos las consecuencias más graves de la lógica capitalista de beneficios, que pone por encima de todo las ganancias empresariales. Por encima de nuestra salud, por encima de nuestra seguridad y por encima de nuestra vida.

Consideramos:

Que los accidentes ocurridos en el entorno de la petroquímica de Tarragona no son hechos aislados.

Que somos los trabajadores y trabajadoras quienes nos exponemos directamente a todos los riegos en nuestro trabajo. Mientras el principal riesgo que preocupa a los empresarios es poner en peligro el seguir obteniendo cada vez mayores beneficios.

Que las grandes compañías incrementan año tras año sus beneficios apoyándose en una reducción permanente de sus plantillas y de descargar la mayoría de los trabajos en empresas destinadas a prestar servicios para ellas.

Que las patronales de las empresas principales y de las contratas establecen alianzas en busca de su beneficio propio, el cual únicamente encuentran a costa de empeorar nuestras condiciones de trabajo. Mientras los trabajadores y trabajadoras generamos la riqueza con nuestro trabajo, ellos se la apropian y nos reparten las migajas.

Que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las contratas siempre son inferiores a las de las empresas principales.

Que los trabajadores y trabajadoras de las contratas y subcontratas se encuentran más expuestos a accidentes laborales, ya que, al no formar parte de la empresa principal, carecen tanto de formación como de información precisa sobre los riesgos propios del lugar de trabajo, actividades que se estén realizando en el entorno del trabajo, productos peligrosos que los rodean,…

 

Por todo ello planteamos las siguientes reivindicaciones:

  • Derechos laborales para no ser obligados a trabajar en malas condiciones: medidas efectivas contra la precarización laboral, contando con la participación del conjunto de la representación de los trabajadores y trabajadoras, y no sólo con las organizaciones sindicales mayoritarias.
  • Reducción de la jornada laboral sin afectación al sueldo. Jornada laboral ajustada a nuestro tiempo de desarrollo científico-técnico y descanso, eludiendo el exceso de faena y el estrés; garantizando que las personas estén descansadas y lúcidas.

El desarrollo tecnológico ha de suponer un beneficio en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles el disfrute de mayor tiempo de ocio. Actualmente únicamente sirve al incremento del beneficio de los “empleadores”. Sirva esta medida para hacer frente a las dramáticas cifras de desempleo en el estado, entre las que destaca las de la provincia de Tarragona.

  • Jornada con suficiente remuneración para que en ningún caso los trabajadores se vean obligados a alargar la jornada con horas extras.
  • Plantilla adecuada para garantizar los trabajos que se han de ejecutar diariamente sin tener que contar para ello con la realización de horas extras por encima de la jornada pactada, ni con el uso de medidas de flexibilidad horaria, medidas ambas que repercuten negativamente en la posibilidad de conciliar la vida laboral, familiar y de estudios de los trabajadores y trabajadoras.
  • Adecuado mantenimiento preventivo, sustitución de equipos anticuados y dañados. Instalación de analizadores por planta de todos los productos tóxicos y peligrosos. Acceso directo de toda la información obtenida a todos los trabajadores y trabajadoras que realicen actividades en el centro de trabajo y al conjunto de la población.
  • Realización de los trabajos que se han de ejecutar diariamente, tanto de operaciones como de mantenimiento de las plantas petroquímicas, por trabajadores y trabajadoras de las empresas principales. Absorción en la plantilla de las empresas principales de los trabajadores empleados por contratas y subcontratas, adecuando sus condiciones laborales a las de las empresas principales.
  • Estudio riguroso de los vasos comunicantes existentes entre empresas principales, contratas y subcontratas. Tanto a nivel de consejos de administración, como de capitales invertidos. En caso de que la continuidad entre estas exista, absorción inmediata de los trabajadores y trabajadoras de las contratas y subcontratas a la plantilla de las empresas principales asumiendo las condiciones laborales de estas últimas.
  • Incorporar el reconocimiento de las bajas laborales y enfermedades profesionales, eliminando el acuerdo y los pluses que permiten ocultar los accidentes con baja y sin baja que se producen, alterando los planes de Riesgos Laborales, pasando a la S. Social los costes de estas bajas. Promover el sistema sanitario público, denunciando la connivencia entre mutuas y patronales, cuyo único objetivo es la pronta recuperación de los trabajadores y trabajadoras para que vuelvan a producir, sin olvidar que el objetivo es la salud de las personas.
  • Obligar por parte de la administración a las empresas de la industria petroquímica y en general aquellas obligadas a adoptar medidas de autoprotección a contar con una plantilla mínima para poder atender situaciones de emergencia.

En este sentido suprimir el criterio que fija estos mínimos establecidos en el Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas, que dice: “la responsabilidad sobre el dimensionamiento correcto reside en la persona titular de la instalación o actividad, en tanto que tiene que garantizar la respuesta adecuada y proporcionada al riesgo inherente a esta, ante las posibles situaciones accidentales que se puedan generar”. La experiencia nos demuestra que dicha garantía no se cumple cuando este deber es asumido por los titulares de la instalación o actividad.

Por lo tanto, asumir como mínimos necesarios los medios de prevención, extinción de incendios y salvamentos recogidos en el Anexo III, apartado 3 del Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas. Volviendo a instaurar la obligatoriedad de disponer de Equipos de Primera Intervención y Equipos de Segunda Intervención ante una emergencia de forma permanente. Ir un paso más allá y cuantificar el número mínimo de componentes de cada uno de los equipos. Eliminar el plazo mínimo de 4 años que se estableció en dicho decreto para la implementación de estas medidas pues entendemos que dicho proceso debió finalizar en el año 2014.

  • Exigir responsabilidades técnicas y políticas a cuantos promovieron y apoyaron la aprobación del Decreto 30/2015, de 3 de marzo, en detrimento del Decreto 82/2010, de 29 de junio; por cuanto su implementación supone un relajamiento a la hora de fijar medidas referentes a la seguridad por parte de la administración a las actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección, lo cual supone exponer al conjunto de la sociedad a un nivel mayor de inseguridad.

Realizar un estudio de  las actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección con el objeto de comprobar si cumplían con los requerimientos del Anexo III, apartado 3 del Decreto 82/2010, de 29 junio, en el plazo que va desde el momento en que era obligatoria su implementación hasta la aprobación del Decreto 30/2015, de 3 de marzo. Sancionar a aquellas actividades y centros que no cumplían con los requerimientos de dicha norma.

  • Control efectivo, público administrativo de la industria petroquímica y de todas aquellas actividades que se desarrollan en el ámbito de la petroquímica. Tratándose de un sector de vital importancia para la economía y dado el alto riesgo que conlleva su actividad, esta no puede quedar sujeta a los intereses de capitales privados que priman la obtención permanente de beneficios, tal y como nos demuestran accidentes como el de IQOXE y tantos otros. Se hace necesario garantizar que la actividad de la industria petroquímica se desarrolle acorde con los intereses de la sociedad, tales como la seguridad, el respeto al medioambiente, condiciones dignas de empleo,…

Control de la producción por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Siendo nosotros y nosotras quienes trabajamos y llevamos adelante la actividad, somos la garantía de que esta se desarrolle conforme a los intereses de la sociedad, que también son los nuestros: mayor seguridad, respeto al medioambiente, condiciones de vida dignas,…

 

 

 

Enlace al cartel y la octavilla

 

 

 

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