116 desahucios diarios, una realidad que choca con el discurso progresista del Gobierno
La lacra de los desahucios continúa a pesar de las promesas electorales y los pactos entre partidos. El gobierno “progresista”, que se llenó la boca diciendo que solucionarían el problema de vivienda demuestra de nuevo de qué lado están: de los bancos y fondos buitre que nos arrebatan el derecho a una vivienda digna. Esta misma semana en Granada han sido desahuciados 2 octogenarios con patologías crónicas.
La lacra de los desahucios continúa a pesar de las promesas electorales y los pactos entre partidos. El gobierno “progresista”, que se llenó la boca diciendo que solucionarían el problema de vivienda demuestra de nuevo de qué lado están: de los bancos y fondos buitre que nos arrebatan el derecho a una vivienda digna. Esta misma semana en Granada han sido desahuciados 2 octogenarios con patologías crónicas.
Un activista por el derecho a la vivienda hacía esta reflexión en twitter a propósito de la inaudita noticia de un desahucio en Granada -uno más de los cientos semanales- en el que 2 ancianos de más de 80 años eran echados de su casa.
«El año que nos teníamos que quedar en casa. Los jueces han dejado claro desde hace meses que el Decreto del Gobierno no les obliga a pararlos. Y lo peor es que en el Gobierno lo saben. Porque se lo dijimos.»
116 desahucios como este cada día laborable de 2020. El año que nos teníamos que quedar en casa. Los jueces han dejado claro desde hace meses que el Decreto del Gobierno no les obliga a pararlos. Y lo peor es que en el Gobierno lo saben. Porque se lo dijimos. https://t.co/HqwiIJGV73
— Jaime Palomera Zaidel (@JaimePalomera) March 25, 2021
Lejos de sólo incumplir su promesa de una ley de vivienda que prohibiera los desahucios, controlase la especulación de los alquileres y diese ayudas para poder ocupar las más de 850.000 viviendas vacías que hay en todo el Estado, sus políticas están suponiendo un retroceso. Véase la ley de alquileres de Ábalos, que premia a los propietarios en lugar de dar ayudas a los inquilinos para poder pagar los desorbitados precios; véase el fracaso de la ley de vivienda que no protege a familias de rentas bajas frente a los bancos y los fondos de inversiones que cada día, en el 2020, ha supuesto de media 116 desahucios.
A esto hay que sumar las nulas políticas laborales para la juventud que empieza a buscar su independencia (recordemos que hay más de un 40% de paro juvenil) y que lo único que reciben son porrazos cuando salen a manifestarse contra su situación, la completa inacción para derogar la reforma laboral y por reforzar el sistema de pensiones. Tan siquiera para las generaciones de nuestros abuelos hay tranquilidad cuando tienen que soportar el peso de familias enteras de padres parados y nietos con sus escuetas pensiones y, a pesar de todo, les siguen amenazando con quitarles lo único que tienen: su vivienda.
La aún en cuestión recuperación económica y el progresismo se topan con la cruda realidad que se vive a pie de calle. Tan siquiera el trabajo de una vida sirve para ganarse los derechos que deberían ser inalienables a las personas. Así es el caso de dos ancianos en Granada de más de 70 años, con serios problemas de salud (uno de ellos necesita un respirador artificial) han sido desahuciados con su nieta de 14 años. Esto ocurre después de que el Estado les negara una ayuda no-retributiva sin motivo y no les diese salida. Después de haber aguantado un año sin apenas tener que llevarse a la boca, sobreviviendo con la comida que les daba el agente social, el desahucio remataba la faena. Ahora viven con su hija, hacinados en mitad de la pandemia en una sola y humilde casa, sosteniéndose quizás por uno o dos salarios precarios.
Al tiempo, en la misma Granada capital, otras familias eran desahuciadas: dos mujeres separadas con varios hijos al cargo luchaban para que se les concediera el alquiler social (que la Administración se ha negado a concederles a pesar de cumplir los requisitos necesarios) y negociaban con el banco para buscar una solución que no les dejase en la calle. En este caso, el banco Sabadell prefirió vender las viviendas a un fondo buitre a precio de coste, que echará a estas familias para salvaguardar su beneficio económico.
El problema de la vivienda no es más que el remate de las políticas neoliberales que el gobierno progresista no sólo no elimina, sigo que sigue aprobando. Son políticas que privan de los derechos fundamentales, de vivienda, de expresión y de un sostén económico básico. No son sólo los desahucios, es la precariedad, la policía acallando las críticas, el caso omiso a necesidades sociales, la cobertura a la explotación y especulación, la tolerancia frente al fascismo, el racismo y el machismo que pueden salir a las calles que nos niegan a nosotros. Cada desahucio es sólo un síntoma de una política disfrazada de “izquierda” que sólo protege los beneficios de los grandes capitales, que ven en la vivienda un terreno fértil para seguir enriqueciéndose exponencialmente en medio de esta crisis.