Argentina bajo la lupa de la ONU

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Naciones Unidas, Ginebra, Suiza- El Comité de DD.HH. de Naciones Unidas expresó su preocupación por el informe que presentó la Argentina sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  adoptado el 16 de diciembre de 1966, y la exhortó a realizar más esfuerzos en relación a las personas detenidas, los femicidios y la situación de los pueblos originarios, entre otros temas.

El radical Leandro Despouy, representante de los DD.HH en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue el encargado de presentar en Ginebra el reporte del gobierno de Mauricio Macri a fines de junio, que en realidad corresponde a la gestión kirchnerista porque alcanza a datos de 2015.

El ex titular de la Auditoría General de la Nación reconoció que el país “no está en una posición mejor que la de muchos países de América Latina” en cuanto a las prisiones y a  la situación de las cárceles e hizo hincapié en la “necesidad de armonizar los códigos de procedimientos penales de las distintas provincias”.
Y resaltó frente al auditorio la continuidad democrática en el país desde 1983. “La Argentina ha ratificado todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando la última dictadura no había firmado ninguno”, expresó, y agregó que “actuó en un campo desafiante para un país que ha hecho todos los esfuerzos para luchar contra la impunidad”.

En varios ítems el reporte oficial mostró inexactitudes, supuestos avances que no se verifican en hechos concretos y medidas que fueron juzgadas como insuficientes. El informe no abarca la gestión macrista pero ante las consultas de los funcionarios de la ONU, la delegación oficial hizo alusión a las resoluciones que tomaron durante el primer semestre del año en relación a los derechos humanos.

El Comité mostró su preocupación por la situación que prevalece en las  prisiones, en cuanto a la falta de atención de la salud y de la alimentación de los detenidos. “Muchas de las muertes se producen en la cárcel”, dijo uno de los miembros y se preguntó por qué aumentó la tasa de mortalidad en los presidios bonaerenses. También inquirió sobre la violencia de género luego de las marchas multitudinarias “Ni una menos”.

“El femicidio es una circunstancia agravante y el asesino es condenado a cadena perpetua. Hubo 235 víctimas en 2015”, respondió la delegación, que recalcó el esfuerzo de los gobiernos provinciales para informar a las víctimas de sus derechos. “Una línea telefónica – 144 – se puso en marcha en el primer trimestre de este año, recibió 21 000 llamadas, un aumento del 180% en comparación con el mismo período del año pasado”, detallaron.

Pero según datos de MuMaLá (Movimientos de Mujeres de la Matria Latinoamericana), desde que Macri asumió la presidencia se registraron hasta marzo 66 femicidios. “Teniendo en cuenta que estas cifras están por debajo de las reales, ya que no todos los femicidios aparecen en los medios gráficos como tales, estamos ante una escalada de violencia muy grave”, señaló al respecto Raquel Vivanco, coordinadora nacional del movimiento.

Sobre los derechos indígenas también focalizó el Comité de DD.HH. Preguntó qué ocurre con los hechos de violencia en la relación a la propiedad de la tierra y señaló que “suelen haber incidentes violentos entre miembros de las asociaciones indígenas y la policía”.

En este punto la Argentina respondió que la secretaría de DD.HH. de la Nación trabaja junto a las poblaciones indígenas. Recalcó que “por primera vez en la historia argentina representantes de las comunidades fueron recibidos por el presidente de la Nación”. Y argumentó que hay una mesa de trabajo que incluye una lista de prioridades: el acceso a la tierra, a la justicia y al empleo.

La delegación recordó así el encuentro que tuvo Mauricio Macri, antes de asumir el 10 de diciembre de 2015, con el líder Qom, Félix Díaz. El gesto político fue la contracara a Cristina Kirchner, que sistemáticamente se negó a recibir a las comunidad indígena que acampó en la Avenida 9 de julio a lo largo de 10 meses.
Pero las promesas nunca se cristalizaron en políticas concretas. A los tres meses, Díaz encabezó otra protesta denunciando la mentira oficial. “Nos llamaron al diálogo, pero no solucionaron ningún problema”, señaló Díaz en aquel momento.

La delegación oficial contó que está en marcha un proyecto nacional de prevención contra la tortura que debe ser discutido por los diputados. “En algunas provincias, entre ellas, Buenos Aires, ya se han hecho esfuerzos para crear mecanismos de prevención”, respondieron.

Pr su parte, Anja Seibert-Fohr, Vice-Presidente del Comité de Derechos Humanos, reconoció los esfuerzos de Argentina desde la caída del régimen militar. “El país ha estado en la vanguardia de la lucha contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, se debe hacer más en términos de aplicación del Pacto, en particular en el ámbito provincial”, dijo.

“Es especialmente adecuado para la Argentina mejorar las condiciones de detención y la lucha contra el abuso, mediante la implementación del mecanismo de prevención de la tortura. Además, el femicidio debe ser combatido”, agregó.

La delegación argentina también incluyó a Héctor Marcelo Cima, Representante Permanente  ante las Naciones Unidas en Ginebra y  el secretario de DD.HH, Claudio Bernardo Avruj.

 

 

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